El diario EL PAÍS publicaba en su edición web un vídeo en el que supuestamente un proveedor de la desalanizadora de Escombreras está cometiendo un soborno para agilizar el cobro de una deuda pendiente. El vídeo al que ha tenido acceso EL PAÍS forma parte de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El material que maneja la Fiscalía Anticorrupción de Murcia podría ser constitutivo de un delito de extorsión, según el abogado que ha presentado la denuncia, Diego de Ramón.
Javier Iniesta, portavoz del Partido Popular ha querido rebajar tensiones tras la información de la cabecera nacional. Iniesta ha expresado un rechazo absoluto a la corrupción, sea pública o privada y ha respaldado en nombre del PP la investigación judicial abierta, todo delito debe ser perseguido y condenado.
Antonio Urbina, de Podemos, ha querido revelar más datos sobre el tema, y ha culpado directamente tanto al gobierno regional como a Tedagua, empresa privada de ACS encargada del mantenimiento de la desalanizadora: “recibió con prioridad, con cargo al plan de proveedores del gobierno, 22 millones de euros. Por lo que mientras que ya tenía ese dinero en mano, regateaba por detrás a sus suministradores, muchos de ellos pymes”, ha informado el diputado de la formación morada.
Por ello, Urbina ha exigido al gobierno de Pedro Antonio Sánchez “voluntad” para presionar a las empresas privadas para que la desaladora sea propiedad de la Región “y se rescinda el draconiano contrato de alquiler que nos obliga a pagar todavía 500 millones hasta 2034”.
Por su parte, Rafael González Tovar, Secretario General del PSRM, ha calificado de “vergonzantes” la imágenes publicadas, así como destaca “un movimiento subterráneo en la Desalanizadora de Escombreras en el que ha habido todo tipo de malas prácticas”. Tovar ha pedido “depurar responsabilidades” en un caso que cada vez más “huele a podrido”.
Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, y presidente de la Comisión de Investigación de la desalinizadora de Escombreras, ha lamentado esta situación “porque se trata de una nueva evidencia de que la desalinizadora se ha convertido en un mal negocio para los murcianos, pero en un negocio redondo para personas sin escrúpulos”.
Sánchez ha lamentado que según recoge la propia denuncia “no se trata de un caso aislado y sí de una práctica habitual en una instalación, que tal y como reconoció ayer Fuentes Zorita, era innecesaria”.
Hasta la fecha, la Desalanizadora de Escombreras ha costado 90 millones de euros de dinero público a los murcianos y murcianas, aunque el Partido Socialista y Podemos vaticinan que esa cifra ascenderá a los 500 y 600 millones si Escombreras no pasa a manos de la Comunidad.