La dimisión de Bascuñana era una exigencia reclamada por diferentes partidos, especialmente por Ciudadanos, que había pedido su renuncia como condición para negociar su apoyo a la continuidad del PP al frente del Gobierno regional. Sin embargo, quedan por resolver los casos de Miguel Ángel Cámara, alcalde en funciones de Murcia y secretario general del PP murciano, también imputado en el caso Umbra, o de María Antonia Conesa, alcaldesa de Fuente Álamo imputada en el llamado caso Pagamenta.
En el documento que C's presentó al PP la semana pasada, y que este lunes aún no habían firmado los populares, se especificaba que cualquier conversación estaría condicionada a la destitución de todos los cargos, institucionales o de partido, imputados en casos de presunta corrupción.
El pasado 26 de mayo, Joaquín Bascuñana afirmó que no contemplaba la opción de presentar su dimisión para favorecer la gobernabilidad del candidato del PP a la Presidencia, Pedro Antonio Sánchez, y responder así a las demandas a favor de la regeneración y la limpieza democráticas.
Bascuñana sostuvo que había sido nombrado por un Consejo de Ministros, y que sólo el Consejo de Ministros podía destituirle, aunque abrió la puerta a asumir “cualquier otra decisión” si así se determinaba. “El día que se nos nombra tenemos que saber que también habrá un día que se nos destituya”, comentó.