La exconsejera de Hacienda del Gobierno de Murcia Inmaculada García y el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá han sido llamados a declarar como testigos en la pieza separada sobre la desalinizadora de Escombreras abierta contra el expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel.
García, según se recoge en la providencia judicial a la que ha tenido acceso Efe, deberá declarar el 17 de septiembre, el mismo día en que lo hará, también como testigo, la exdirectora general de Presupuestos Isabel Martínez Conesa. Para el 24 del mismo mes ha sido convocado el exgerente del Ente Público del Agua (EPA) Amalio Garrido, mientras que Cerdá ha sido citado para el día 29.
La resolución judicial señala que tanto Cerdá como Garrido podrán acudir con sus abogados, al figurar como investigados en la causa principal que contra la desalinizadora se tramita en otro juzgado de instrucción de Murcia. Estas citaciones tienen como objetivo principal contrastar lo declarado el pasado junio por el exinterventor general de la Comunidad Autónoma Eduardo Garro, cuando declaró como testigo en esta pieza separada.
Garro apuntó que la que fuera consejera de Hacienda se oponía a que la administración regional prestara la 'comfort letter', con la que se pretendía garantizar la devolución a un banco del préstamo concedido a la empresa constructora de la planta. Por otra parte, el juzgado ha librado un oficio a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) para que este organismo informe sobre la existencia o no de convenios o acuerdos de permuta de agua con el EPA, Hydronostrum o la empresa Desalinizadora de Escombreras, S.A.
Finalmente, ha dado diez días de plazo a la Comunidad Autónoma para que le envíe determinadora documentación referida a la obra, entre ella, la que precise el coste de la misma, distinguiendo el relativo a la obra civil y el financiero.