El pasado lunes 18 de enero Podemos anunció que había detectado una serie de contratos del Servicio Murciano de Salud llevados a cabo durante la pandemia, que a primera vista “presentaban evidentes irregularidades”. Sin embargo, desde el Gobierno regional “no han dado ninguna respuesta”, por lo que desde la formación morada han decidido “dar un paso más”. La portavoz regional, María Marín, ha anunciado esta mañana que su Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional ha registrado una solicitud de información a la Consejería de Salud para acceder a una veintena de contratos suscritos por una decena de empresas que “despiertan muchas preguntas y demasiadas sospechas”.
Entre los contratos señalados por Marín se encuentran algunos con empresas que “no tienen ninguna relación con el sector sanitario” y que, por lo tanto, “no tenían ninguna experiencia previa en este sentido”. En concreto, la diputada ha señalado adjudicaciones como la firmada con Trust Lane Retail, una empresa inmobiliaria radicada en Fuenlabrada, o el contrato con Saudes Group, otra empresa del sector inmobiliario radicada en Lorca. También les ha llamado la atención el firmado con Leask S.L., una tienda de móviles y componentes informáticos de Totana, con la que el Servicio Murciano de Salud, tal y como ha denunciado Marín, “suscribió hasta 27 contratos en 2020 por un importe global superior a los dos millones y medio de euros”. Otro de los contratos que más han llamado la atención a Podemos es el de Novo Hermalev, una empresa de Molina de Segura que normalmente se dedica a la venta de maquinaria y suministros industriales y que “en un solo día”, el 30 de marzo de 2020, “firmó hasta tres contratos para la compra trajes de protección, por importe de 850.000 euros”, en lo que parece “un indicio de fraccionamiento de contratos”.
Por otra parte, Marín también ha cuestionado la presencia de “empresas constituidas ex profeso, pocos días antes de formalizar sustanciosos contratos”, como la UTE formada por una empresa del sector del fitness, Bodytone International Sport, y la marca de ropa y calzado Victoria de Bocca. Con esta UTE, el Gobierno regional contrató la mayor adquisición de mascarillas, por un importe de 3.520.000 euros, “a pesar de que ninguna de estas empresas tenía experiencia en el sector sanitario”. Además, la fecha de adjudicación de este contrato es el 17 de abril, pero la fecha de recepción se demoró hasta el 23 de julio de 2020, “cuando lo peor de la primera ola ya había pasado y el valor de estos productos ya era sensiblemente inferior”. Según asegura la portavoz de Podemos, las irregularidades de este contrato “no acaban aquí”, ya que la fecha de pago que figura en el portal de transparencia es el 21 de mayo, “dos meses antes de su recepción”, lo que lleva a la formación morada a preguntarse si el Gobierno de la Región de Murcia “pagó más de 3 millones y medio de euros por unas mascarillas que llegaron con 4 meses de retraso, antes incluso de haber recibido y de comprobar la calidad del material”.
Marín ha destacado que este contrato “no se trata de una excepción”, ya que desde Podemos han detectado “la misma circunstancia” en los dos mayores contratos suscritos con Medline International Iberia, uno por importe de 4 millones y medio de euros en mascarillas y otro por importe de 2.400.000 euros en guantes de nitrilo. En ambos casos se trata de contratos adjudicados el 15 de mayo, cuyo importe se abonó el 27 de agosto y el 28 de octubre, pero cuya ejecución se dilató hasta 8 meses. Marín ha recordado que la Ley de Contratos “es muy clara al respecto” y determina que “el inicio de la ejecución de las prestaciones debe tener lugar en un plazo inferior a un mes desde la adjudicación”. La diputada ha considerado que este plazo superior a más de medio año “es una auténtica eternidad para un contrato de emergencia”, ya que en ese periodo “podría haber sido tramitado mediante concurso público y de forma transparente y abierta, con un ahorro muy importante para las arcas públicas”.
Comisión de Investigación por los contratos de emergencias del SMS
Ante lo que señala como “demasiadas circunstancias extrañas”, la diputada morada ha exigido al Ejecutivo de López Miras que “saque a la luz esos contratos de forma urgente” para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan saber si se pagó “un precio justo por ese material sanitario” o si estamos ante “algo similar a lo ocurrido en la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, donde están saliendo a la luz comisiones y abusos escandalosos”.
Marín ha anunciado que Podemos ha registrado además en la Asamblea Regional la creación de una Comisión Especial de Investigación sobre los contratos de emergencia suscritos por el Servicio Murciano de Salud durante la pandemia. La formación morada pretende que en los próximos seis meses comparezcan en esa Comisión los responsables de la Consejería de Sanidad y del Gobierno regional que autorizaron esos contratos, “incluyendo al presidente López Miras, y a los empresarios con los que se suscribieron estos suculentos acuerdos”.
La diputada ha exigido que López Miras no esconda la cabeza como hizo con el caso de las vacunaciones irregulares y ha denunciado que más de un año después de aquel escándalo, “continuamos sin saber cuántos altos cargos se vacunaron de forma inmoral”. “No vamos a descansar hasta asegurarnos de que ninguno de nuestros representantes hacía negocio con los contratos sanitarios en la peor pandemia de nuestra historia y cuando miles de personas morían a diario en nuestros hospitales y residencias” ha sostenido Marín.
Por su parte, fuentes de la consejería murciana de Salud señalaron que “es una campaña de desprestigio de Podemos sin argumentos ni datos”. “Todos los contratos realizados con motivo de la pandemia se han regido por la máxima transparencia y rigor: están publicados en el portal de la transparencia y en el perfil del contratante”, añadieron.