La titular del juzgado de instrucción número 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro, ha notificado el lunes que continúa el procedimiento contra el el expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel en el cado de la desaladora de Escombreras, conocido como 'La Sal'. De este modo, quien gobernara la Región durante casi dos décadas está a punto de sentarse en el banquillo. Se trataría del segundo presidente autonómico en encontrarse en esta situación después de que el también popular Pedro Antonio Sánchez declarase el pasado 27 de septiembre por el 'caso Auditorio'.
El 'caso La Sal' centra sus investigaciones en torno a un presunto fraude de 600 millones relativo a la construcción de la desaladora de Escombreras dentro de un entramado societario que buscaba dar agua a las nuevas edificaciones que se iban a levantar en pleno boom inmobiliario sin necesidad de obtener el permiso imprescindible de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como dicta la Ley de Aguas.
El auto continúa la dirección marcada por la Audiencia Provincial de Murcia, que el pasado marzo echó para atrás el sobreseimiento dictado por esta misma jueza. Dicho auto sostenía que existen datos objetivos que pudieran avalar, en principio, “que el aquí investigado conocía y sabía bastante de lo que iba sucediendo con la desaladora y de sus incidencias más graves, y que, por tanto, pudiera tener ciertas responsabilidades significativas en los hechos derivados de su propio papel preponderante en la dirección política y administrativa de la Comunidad Autónoma en relación al proyecto de la Desaladora de Escombreras S.A., tanto por acción como por omisión”.
“Clara posición garante”
Afirmación que se sustentaría en la declaración judicial del investigado; sus competencias legales en calidad de presidente del Consejo de Gobierno, que le situaban en “clara posición de garante”; y “la intensidad y diversidad de actos de todo tipo realizados en torno al proyecto, construcción, financiación, explotación y desarrollo de la desaladora muy concatenados entre sí, que, en términos de lógica elemental y a criterio de un posible observador imparcial de tipo medio ajeno a los hechos, no parece que pudieran pasar desapercibidos -por su mucha importancia objetiva- para quien ejercía el cargo de presidente del Consejo de Gobierno”.
El auto recogía de forma muy extensa la actividad recogida en el informe policial de la UDEF que “pone de manifiesto la existencia de una estructura societaria vertical que se pretendía ubicar en el derecho privado pero que, en realidad, estaba controlada por el Ente Público de Agua (EPA) y por la Consejería de Agricultura y Agua, que se nutría de fondos 100% públicos, derivándose estos del EPA a una entidad llamada HIDRONOSTRUM, S.A. (entidad pública) y de esta a la Desaladora de Escombreras (entidad inicialmente privada). Y con ese diseño la CARM sería responsable, según dicho informe policial, de las obligaciones asumidas por el ente público empresarial creado al efecto y por la sociedad regional a aquel vinculado que se constituiría como HIDRONOSTRUM, SA., todo ello en beneficio de intereses privados”.
Los magistrados concluyeron que “parece evidente que el aquí investigado estaba sumamente informado no sólo de las líneas generales del proyecto de la desaladora sino también de muchas peculiaridades e irregularidades habidas en el desarrollo y financiación del mismo que se fueron produciendo durante su mandato a lo largo de muchos años”, sin descartar posibles actuaciones directas por su parte dirigidas a dar el impulso necesario como presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma “aunque no vengan acompañadas de su firma personal”.