La Ficalía de la Región de Murcia ha presentado un recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Murcia para que no archive la causa contra el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel en el caso de la desaladora de Escombreras, según confirmaron fuentes judiciales a este periódico.
El fiscal Juan Pablo Lozano pide en su escrito que se reabran las diligencias contra el expresidente regional tras haber sido sobreseída su causa por el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia al considerar que no había suficiente documentación que demostrara que Valcárcel fuera conocedor del contrato entre el Ente Público del Agua (EPA) y Cobra, del Grupo ACS, para la construcción de la planta. La fiscalía considera, en cambio, que se puede seguir investigando en la pieza separada abierta contra el antiguo jefe del Ejecutivo regional junto con el procedimiento abierto contra el exconsejero Cerdá, otros 16 investigados y ocho empresas.
Los casos, denominado 'La Sal I' y 'La Sal II', investigan delitos de malversación de caudales públicos continuado, cohecho continuado, fraude, falsedades documentales continuadas y delito societario en este presunto entramado para dar agua a las nuevas edificaciones que se iban a levantar en pleno boom inmobiliario sin necesidad de obtener el permiso imprescindible de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como dicta la Ley de Aguas.
No sólo no se solicitaron dichos permisos a la CHS al haberse creado para ello específicamente el EPA, sino también se creó un entramado societario sin riesgo económico “garantizándose por 25 años sendos contratos muy lucrativos, que se hayan cumplido o no en cuanto al pago, son legalmente ejecutables”, añadía la fiscal en su informe, en referencia al contrato por el que Cobra percibirá 600 millones de euros hasta 2034.
Valcárcel, quien estuvo 19 años al frente del Gobierno regional, reconoció el pasado junio cuando declaró ante la jueza que ordenó la construcción de la desaladora de Escombreras, pero se desentendió de todo lo relacionado con su tramitación. “Valcárcel ha dicho que no sabía nada, que no le informaron de lo sucedido ni los servicios jurídicos ni el interventor de la Comunidad, pero ¿cómo lo pude denunciar yo como ciudadano hace diez años con el informe del Tribunal de Cuentas de 2009 y 2010 y no se había enterado nadie más?”, dijo Diego de Ramón, el abogado que ejerce la acusación popular, a la salida de los juzgados.