Izquierda Unida-Verdes ha mostrado su esperanza en que el denominado 'Consejo de Alcaldes' de la Región de Murcia “sea un instrumento de colaboración mutua entre la administración regional y la local, que sirva para corregir el desequilibrio existente entre ambas, y que abra la puerta a una nueva y necesaria descentralización competencial y de financiación”.
Uno de asuntos que han expuesto en la primera reunión del Consejo los alcaldes de IU-V, Juan José Cánovas de Totana y Candi Marín de Moratalla, es la financiación municipal “para hacer cumplir lo establecido en el artículo 142 de la Constitución, es decir, la obligación de la Administración regional de contribuir a la financiación de los ayuntamientos”. “Hay que recordar que desde 2012, las principales y casi la totalidad de partidas presupuestarias del presupuesto general de la comunidad autónoma destinadas a esta finalidad, o han desaparecido o están a cero prácticamente”, ha afirmado la formación de izquierdas.
Según IU-V, “el Programa de gasto 444A que reúne la mayoría de estas partidas, pasó de 54 millones de euros en 2009 y 2010, y 45 en 2011, a menos de 6 millones en 2012, a 6.000 euros en 2013 y 3.000 euros en 2014”.
Por otra parte, “el problema competencial planteado a raíz de la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, urge una solución en breve y que no desmantele las competencias municipales”, ha alertado Izquierda Unida-Verdes: “Cuestiones como la continuidad o no de las Mancomunidades de Servicios Sociales del Noroeste o del Río Mula, tienen fecha de caducidad inminente”. “Según la propia ley, el 31 de diciembre de 2015”, ha afirmado IU-V.
“Y como ésta, otras cuestiones como el traspaso de competencias que la ley prevé a las comunidades autónomas o Diputaciones, desmantelando así servicios que hasta ahora han cubierto necesidades esenciales de la ciudadanía y que sólo necesitan de una financiación suficiente para su continuidad y mejora”, se ha dicho de Izquierda Unida-Verdes, para concluir expresando su esperanza en que “el Gobierno Regional sea sensible a los planteamientos de los ayuntamientos y refuerce así a la Administración más cercana a la ciudadanía, y que puede prestar la mayoría de los servicios de manera más eficaz”.