Al final ha sido así, al final, cuando el Partido Popular ha llevado adelante la nueva Ley del Suelo: en la última sesión de la Asamblea Regional, aunque en la Comisión, por haber suspendido el Pleno en memoria de las víctimas del accidente aéreo de la compañía Germanwings. Sólo con el voto de los populares, y con toda la oposición en contra.
El PSOE ha afirmado que “la Ley del Suelo del PP es una trampa para los ciudadanos y está hecha para favorecer intereses de grupos de presión”. Y desde IU-V se argumenta que la nueva ley del suelo “no sólo no corrige los problemas fundamentales que arrastraba la ley anterior, sino que los empeora y los agrava”. Y además, “sigue siendo caldo de cultivo y cauce para la corrupción y la destrucción ambiental”.
El viceportavoz Joaquín López ha explicado que el PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad “porque es una norma inservible, antigua y no resuelve los verdaderos problemas urbanísticos de los municipios de la Región”. López Pagán estima que la nueva norma “no corrige los problemas originados por la actual Ley del Suelo, que ha sido detonante de muchos de los casos de corrupción que se han dado en la Región”.
“Estamos ante un texto que debe ser devuelto sin ni siquiera debatirse, y que cambia muy poco la actual Ley del Suelo y no se adapta a los requerimientos de la Unión Europea”, ha argumentado el diputado socialista, para quien “el Gobierno regional ha utilizado al Grupo Parlamentario Popular para traer deprisa y corriendo una Ley inservible, antigua y que no resuelve los verdaderos problemas ni la sostenibilidad urbanística de los municipios de la Región de Murcia”.
López Pagán ha asegurado que se trata de “un atraco a la democracia el que protagoniza en estos días el Gobierno del PP, con la complicidad de su grupo parlamentario”, ya que ha hecho esta ley al margen de los ayuntamientos de la Región, principales afectados por una norma de estas características; “una ley opaca que no ha sido participada tampoco con los sectores interesados, asociaciones y colectivos, ni debatida y analizada en una ponencia con los grupos parlamentarios de la oposición sobre su contenido y legalidad, ”muy dudosa en muchos aspectos“.
En definitiva, según los socialistas se trata “una Ley que está hecha para acabar la legislatura y arreglar algunos de los problemas que tiene el PP, esos grandes asuntos que sólo interesan a algunos y que en ningún caso atienden a los intereses generales. Este es el resumen de la legislatura del PP, la de los intereses privados, frente a los intereses generales; una forma lamentable de acabar”, ha concluido Joaquín López.
Por su parte, el diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante ha criticado que la citada proposición apuesta por las principales figuras que han dado lugar a la corrupción urbanística y la desprotección del medio natural, que son, a su juicio, los convenios urbanísticos, las Actuaciones de Interés Regional (AIR) y el llamado teletransporte.
Sobre los convenios urbanísticos, y en opinión de Pujante, la experiencia ha demostrado que con ellos se abandona la idea de planificación racional de las ciudades, sustituyéndola por la construcción de “islas urbanizadas” en las afueras de los municipios “en función de lo que paguen en maletines de 500 euros algunos empresarios y piratas del ladrillo”.
Respecto a las AIR, como el proyecto de Marina de Cope, Pujante ha asegurado que, al igual que los convenios, implica “destrozar la idea de la ordenación racional del territorio”, ya que la ley del PP “les hace prevalecer sobre otros instrumentos elaborados racionalmente, como son los planes y directrices de ordenación, cuando detrás de las AIR no suele haber ningún interés general, sino más bien particular”.
En cuanto al llamado 'teletransporte', se trata, a juicio de Pujante, de otra de las cuestiones criticadas por el diputado de IU-Verdes, que también ha recordado que el hecho de que suelos protegidos puedan generar aprovechamiento urbanístico va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de algunas sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
El diputado de Izquierda Unida ha terminado señalando otros “defectos evidentes” de la proposición que tienen que ver con el “escaso relieve de la protección y defensa ambiental”; la “ilegal invasión” de competencias municipales y la “facilidad” que se da a los ayuntamientos para enajenar su patrimonio municipal del suelo, con los efectos que ello tiene en orden a la promoción de vivienda pública y la correcta dotación de servicios e infraestructuras.