El colectivo LGTBI de la Región de Murcia ha reaccionado a la normativa enviada a los centros docentes para pedir el consentimiento familiar a la hora de realizar actividades escolares, tal y como pidió Vox cuando para formar el gobierno regional, registrando sendos escritos en contra de tal instrucción en la consejería de Eduación y a la vicepresidenta y consejera de Mujer, LGTBI, Familia y Política Social, Isabel Franco.
La Plataforma LGTBI de la RegioÌn de Murcia, formada por los colectivos Asfagalem, Chrysallis, Galactyco y No Te Prives, solicitaron de “manera contundente e inmediata” la retirada de estas instrucciones para el inicio de este curso, en las cuales “obligan a los centros educativos a solicitar el consentimiento familiar para cualquier formacioÌn curricular y complementaria programadas por los centros en su proyecto educativo”.
La Plataforma formada por los colectivos LGTBI afirmó en estos documentos que estas instrucciones vulneran toda la legislacioÌn vigente en materia educativa: “desde la ConstitucioÌn, el Estatuto de AutonomiÌa, las leyes sobre EducacioÌn estatales y regionales, los decretos que desarrollan las mismas, los convenios internacionales a los que España estaÌ suscrita y la propia Ley de Igualdad que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional en 2016”.
La plataforma señaló que la nueva consejera de EducacioÌn, Esperanza Moreno, “conoce de primera mano la legislacioÌn vigente”, ya que, cuando ocupó durante el gobierno anterior la DireccioÌn General de AtencioÌn a la Diversidad y Calidad Educativa, tuvo que hacer frente a las criÌticas recibidas por diversos colectivos al prohibir la anterior consejera de EducacioÌn las charlas en diversidad afectivo-sexual, “presionada por el Foro de la Familia”. Finalmente, tras una mocioÌn parlamentaria de reprobacioÌn, se vio obligada a rectificar, al tener que atenerse a la ley.
“No es comprensible volver a caer en el mismo error”, advierten en una nota de prensa desde la plataforma LGTBI, sobre todo “sabiendo que toda la legislacioÌn deja claro sin lugar a dudas, la educacioÌn en valores de respeto, libertades, equidad, igualdad, desarrollo oÌptimo de la personalidad y Derechos Humanos como una responsabilidad de nuestros poderes puÌblicos”.
“La escuela puÌblica, y todos los valores que transmite, son sobre todo un derecho para los menores, no una opcioÌn que pueda dejarse en manos de creencias morales a todas luces subjetivas, y en muchos casos, contrarias a nuestro Estado de Derecho”, añadió la plataforma.
Dicha agrupación de colectivos LGTBI también advirtió de estar dispuesta a adoptar “las medidas judiciales necesarias para que nuestro Estado de Derecho no quede vulnerado por políticas educativas ilegales y nefastas para un desarrollo social adecuadamente dirigido”.