Fernando López Miras, presidente del gobierno de la Región de Murcia, respaldó el mensaje que el Rey Felipe VI envió a toda la población en relación a la cuestión catalana: “Ayer vimos un Rey valiente y comprometido, que expresó con contundencia y determinación su compromiso con la unidad de España”.
También aseguró que “en un Estado de Derecho como es España, cuando alguien incumple la ley, cuando alguien atenta contra la Constitución, debe ser juzgado y condenado” refiriéndose a los organizadores del controvertido referéndum celebrado el pasado 1 de octubre.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo murciano expresó su apoyo a las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional sobre el 1-O: “desde la Región de Murcia, y en nombre de la Región, quiero expresar mi respaldo a todas aquellas acciones que tenga que llevar a cabo el Gobierno de la nación en este sentido”.
En esta línea se posicionó también la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, que declaró en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que Su Majestad hizo una “llamada de atención a todos los españoles, no sólo a los catalanes, para que estén tranquilos, puesto que algo que es ilegal no puede suceder en España” y consideró que el Rey dejó “claro que nadie está por encima de la Ley”.
El resto de presidentes autonómicos del Partido Popular también valoraron positivamente el discurso pronunciado por el Jefe de Estado: Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, llamó a “retomar la ley y la Constitución”; Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, valoró la “firmeza” del discurso del Rey frente al gobierno de la Generalitat, “que se ha situado fuera de la ley, pero que no va a conseguir que se rompa España”; y el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, calificó el mensaje de “claro, contundente y necesario”. El Rey también ha recibido el respaldo de los presidentes socialistas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y Asturias.
Por otra parte, el Gobierno vasco, balear y navarro criticaron el discurso, mientras que los presidentes de la Comunidad Valenciana y Canarias decidieron no opinar sobre el mismo.