El Parlamento murciano ha debatido este martes la suspensión del alta a la Seguridad Social de los alumnos de FP y universidades en prácticas. La moción, propuesta por el Partido Popular, ha solicitado el aplazamiento de la obligatoriedad de dar de alta a los estudiantes. El Gobierno central ya ha retrasado la entrada en vigor de la norma del pasado octubre al inicio de este año.
Los populares han argumentado que esta medida es “errónea”, pone “dificultades a empresas” y “amenaza” con el “prestigio” de la Formación Profesional. Según el PP la nueva normativa “pone trabas” a los estudiantes ya que “desincentiva” la participación de las corporaciones en la formación de FP y universidades. Las universidades y otras Comunidades Autónomas gobernadas por el PP también han mostrado su disconformidad y tratado de posponer la medida hasta el último momento.
El derecho a cotizar de todos los becarios se ha iniciado este 2024 con una amplia bonificación del Estado, que asume prácticamente todo el coste. Este año, el Estado asume, de momento, el 95% del coste que, en el caso de los estudiantes de Formación Profesional alcanza al 100%, indican desde el Ministerio de Educación. El departamento que dirige la ministra Pilar Alegría asumirá el coste del 5% restante a lo largo de 2024.
“Otra vez más, solo miran por los ricos”, ha denunciado el secretario de Juventudes Socialistas de la Región de Murcia, Miguel Ortega.
Cuatro meses después
“El Partido Popular ha traído una moción a la Asamblea Regional que pone de manifiesto que están en contra de todos los avances sociales de calado histórico, como es esta medida de las cotizaciones a la Seguridad Social de los alumnos en prácticas no remuneradas que ha implementado el Gobierno de España. El Partido Popular ha solicitado la suspensión de una reivindicación histórica de los estudiantes y lo piden cuatro meses después de que esta medida se haya puesto en marcha”, ha dicho a elDiario.es el diputado socialista Juan Andrés Torres.
Esta medida “debía haberse puesto en marcha el 1 de octubre de 2023 y, tras atender las peticiones de las comunidades autónomas, se pospuso al 1 de enero de 2024 para que las consejerías pusieran a disposición todos los recursos necesarios a los centros formativos y agentes implicados en este proceso”, ha apuntado Torres.
“Además, desde un punto de vista económico, esta medida histórica estará bonificada al 95 % por parte del Gobierno de España y, en el caso de la prácticas de FP, al 100 %. Es decir, no le supondrá ningún gasto a las empresas y, sin embargo, supondrá un importante beneficio para los estudiantes”, ha añadido el diputado socialista.