Transfuguismo: es la definición que da la Comisión de expertos independientes al motor que impulsó la caída de la moción de censura contra el Gobierno del PP en Murcia, gracias a cuatro diputados de Ciudadanos que rompieron la doctrina de voto y evitaron la expulsión de los populares del Ejecutivo murciano.
El pasado 10 de marzo, los diputados de PSOE y Ciudadanos de la Asamblea Regional de Murcia registraron una moción de censura contra el Gobierno del PP, del que los naranjas formaban parte. Tres días después, el intento de desbancar a los conservadores cayó en saco roto cuando tres ocupantes de los escaños de Cs anunciaron que votarían en contra de la moción que ellos mismos habían firmado, a cambio de mantener o conseguir nuevos puestos en las consejerías murcianas.
El informe, emitido el pasado 27 de mayo, considera tránsfugas a los diputados naranjas Isabel Franco, Francisco Álvarez, Valle Miguélez –que votaron en contra- y Alberto Castillo –que se abstuvo-, y le da también la misma calificación al presidente de Murcia, Fernando López Miras por “ser inductor y beneficiario de la conducta tránsfuga de los y las diputadas precitadas”.
El análisis y conclusión del grupo de experto no abunda sobre el papel que jugaron los tres díscolos de Vox en el parlamento murciano, expulsados del partido por quitar de las cuentas del grupo parlamentario a dirigentes nacionales. Al no ser firmantes del pacto antitransfuguismo, carecer de “certezas de su situación política y jurídica” y debido a que solo Izquierda Unida presentó alegaciones contra la actuación de los diputados, la Comisión “no realiza expresamente valoración sobre la calificación de la conducta de estos diputados”.
La Comisión, encabezada por Rafael Ibañez Reche, no ha estado exenta de polémica: el Partido Popular presentó alegaciones con el ponente, alegando “dudas sobre su carácter imparcial e independiente”, e intento fulminarlo sin éxito. Ibáñez es la expareja de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y fue diputado de Izqueirda Unida (IU) en el parlamento andaluz.
Para llevar a cabo el escrito, los expertos designados por la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional, tuvieron en cuenta el acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en la corporaciones locales de 1998; la renovación de dicho acuerdo en el 2000; un complemento al escrito ya aprobado en 2006; y el Pacto de Estabilidad Institucional contra el transfuguismo en las instituciones democrática aprobado el 11 de noviembre de 2020,y firmado por todos los partidos a excepción de Vox.
Desde el PP presentaron alegaciones contra la investigación por posible transfuguismo, y aducen que la mayoría de los diputados de Cs se mantuvieron “firmes en los compromisos de Gobierno suscritos en el año 2019, y que siguen perteneciendo a ese Grupo Parlamentario, se han adoptado una serie de resoluciones de carácter interno, que implican un cambio en la dirección de dicho grupo”. En la misma línea, defienden quee la decisión de los parlamentarios naranjas de mantenerse “fueles a sus principios y compromisos adquiridos [el pacto de Gobierno en coalición de 2019] responde a la Estabilidad Institucional y ”no puede hablarse de transfuguismo o de prácticas antidemocráticas“.
El escrito recuerda que dicho organismo “no es una instancia judicial […] ni una comisión disciplinaria o ética de los partidos políticos firmantes del Pacto Antitransfuguismo, ni una instancia administrativa”, por lo que el carácter de su conclusión no es vinculante.