La moción registrada por el PSOE en la Asamblea viene motivada por “la falta de acción del Gobierno regional” y por “su complicidad con la irregular situación de este proyecto”, que a juicio del diputado Joaquín López Pagán, obligan a abandonarlo definitivamente mediante la retirada de la licencia por caducidad y exigir la reparación medioambiental de la zona. El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha explicado que se debe instar al Consejo de Gobierno “a que adopte las medidas y las decisiones procedentes para reponer la zona del denominado proyecto de Puerto Mayor a la situación anterior a 16 de Diciembre de 1988”.
El diputado socialista ha recordado que el 4 de julio de 1975, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó una resolución por la que se autorizaba a la mercantil Puerto Mayor S.A., a que llevara a cabo la construcción y explotación de un puerto deportivo en la costa del mar Mediterráneo de la Manga del Mar Menor, en el lugar denominado 'El Estacio', situado en el término municipal de San Javier. “De esa forma se otorgó una concesión administrativa por un plazo de cincuenta años, debiendo desarrollarse las obras según un proyecto que databa del año 1973, pero por distintas razones, las obras fueron prorrogadas hasta en dos ocasiones, sufriendo distintas vicisitudes a causa de procedimientos judiciales que de una u otra forma dilataron cualquier actuación sobre el proyecto”, ha relatado López Pagán.
“Con nuestro Estatuto de Autonomía en vigor, se aprobó el traspaso a nuestra Comunidad Autónoma de las competencias en materia de aeropuertos y puertos deportivos, fijando en esa relación de competencias la concesión de Puerto Mayor -ha continuado el diputado socialista-, y posteriormente, en Resolución de 16 de diciembre de 1988, el director general de Carreteras de la Región de Murcia autorizó a Puerto Mayor S.A., a una prórroga de sesenta meses para realizar las obras con un nuevo proyecto reformado, resolución anulada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 22 de junio de 1989, y anulada a su vez por la Sentencia 410/1996 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia”.
Según ha relatado Joaquín López, “tras la intervención de la Dirección General de Costas del Ministerio de Fomento y un largo proceso judicial, todo el proceso ha devenido finalmente en el mandato imperativo que pesa sobre el Gobierno regional, de proceder a la declaración de nulidad de oficio de la referida resolución de diciembre de 1988, así como la conocida resolución dictada por la Dirección General de Calidad Ambiental de fecha 9 de Octubre de 2.003”.
El diputado ha denunciado que transcurridos treinta y nueve años, “la falta de acción del Gobierno regional del Partido Popular y su complicidad con la irregular situación que ha vivido este proyecto ha llegado al punto de haber agotado todos los plazos y posibilidades y declarar la caducidad de la concesión, dejar sin efecto las resoluciones que permitieron la realización de las obras en la zona en cumplimiento de las sentencias que así lo indican, así como exigir la reparación de los daños medioambientales irrogados”.