El PSRM-PSOE ha vuelto a exigir a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente “que ponga fin al conflicto de la desaladora de Escombreras y corte la sangría económica que le está causando a las arcas públicas”. Además, el socialista Manuel Soler ha aprovechado para cuestionar la política del PP en materia de agua, uno de los argumentos a los que más rendimiento electoral han sacado los populares de la Región de Murcia en las últimas citas con las urnas: “El Partido Popular nos deja con un trasvase Tajo Segura reducido, sin Plan Hidrológico y los ciudadanos pagando con nuestros impuestos el desaguisado de la planta desaladora de Escombreras”, ha afirmado Soler.
Soler, responsable de Agricultura y Agua del Grupo Parlamentario Socialista, ha explicado que, a juicio de su partido, la Consejería “está consintiendo que la desaladora de Escombreras absorba cada año, aproximadamente, 20 millones de euros de sus presupuestos”, un dinero que según Manuel Soler, “tendría que estar destinado al sector agroalimentario, ya que resolviendo el conflicto, la cuantía a pagar sería infinitamente más pequeña”. Por eso, los socialistas han vuelto a pedir “que se ponga fin a esta situación”.
En ese sentido, Manuel Soler ha denunciado la “desastrosa gestión”, del Ejecutivo murciano con respecto a la planta desaladora de Escombreras, y se ha preguntado “cómo es posible que una inversión cuyo coste rondó los 130 millones de euros se pueda acabar convirtiendo en casi 600”.
Cabe recordar que la empresa que llevó a cabo el proyecto, perteneciente a Florentino Pérez reclamó dicha cantidad al Gobierno regional por la vía judicial aunque finalmente la retiró tras alcanzar un acuerdo que, según Soler, ahora se vuelve a incumplir por parte del Ejecutivo. Además, el dirigente socialista ha señalado que la empresa, tras reclamar 29 millones de euros para este ejercicio, ha vuelto a amenazar con poner una nueva demanda.
“Mucho nos tememos que veremos próximamente a la comunidad autónoma de la Región de Murcia sentada en el banquillo, y a los murcianos pagando grandes sumas de dinero por la incompetencia de este gobierno del PP”, ha vaticinado Manuel Soler, antes de afirmar que la operación realizada en su día por los gobernantes murcianos respecto a la planta desaladora de Escombreras “está plagada de dudas e incertidumbres”.
Según el diputado del PSRM-PSOE, “de haber sido pagados los 130 millones que costó la inversión mediante un préstamo bancario, habría tenido un coste aproximado de unos 70 millones de euros en concepto de intereses, en un plazo de 25 años”, y “de esta manera, la cifra que la comunidad autónoma pagaría en total rondaría los 200 millones de euros”. Soler también ha recordado que el exconsejero Cerdá, con el acuerdo del Ejecutivo regional, firmó un contrato de arrendamiento por el cual en los mismos 25 años se tendrían que pagar alrededor de 445 millones de euros, “una actuación que sorprende”.
Las peticiones de Comisión de Investigación
Tanto el el Grupo Parlamentario Socialista como el de Izquierda Unida-Verdes han presentado varias veces iniciativas en la Asamblea Regional solicitando la constitución de una Comisión Especial, a fin de investigar lo que está sucediendo en torno a esta planta desaladora, pero siempre han sido rechazadas “por el rodillo del PP”, partido en el Gobierno que argumentó que ya estaba todo aclarado y que no había nada que investigar. “Nos preguntamos que si el Gobierno Regional no tiene nada que ocultar sobre esta actuación, por qué se niega a que sea investigada”, ha argumentado Soler.
Manuel Soler ha añadido que “primero se largó Valcárcel y más tarde dimitió Cerdá”, y que “los hombres del agua del PP” han dejado a la Región de Murcia “con un trasvase Tajo-Segura reducido, sin conseguir que se apruebe el PHN ni mayores cantidades de agua para la comunidad, y con los ciudadanos de esta Región pagando con nuestros impuestos el desaguisado que montaron con la planta desaladora de Escombreras”.
El responsable de agua del PSRM-PSOE ha recordado también “que esta planta fue ideada para los desarrollos urbanísticos del PP”, y que “el día de su inauguración Valcárcel anunció que tendría un coste de 114 millones de euros”. “Hemos visto que era una mentira más y si alguien no actúa con mayor responsabilidad de la que hemos visto hasta la fecha, nos puede terminar costando a los murcianos la friolera de 600 millones de euros”, ha concluido.