El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca ha rechazado el recurso que el expresidente popular de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha presentado contra su procesamiento por delitos de prevaricación en el 'caso Guardería'. Los hechos tuvieron lugar mientras fue alcalde de Puerto Lumbreras, cuando presuntamente troceó en siete y de forma fraudulenta el proyecto de construcción de un edificio que haría las veces de centro de la mujer y escuela infantil.
De acuerdo con el diario local La Verdad, el juez instructor ha desestimado los argumentos de la defensa del antiguo jefe del Ejecutivo regional, en los que sostenía que los hechos no son constitutivos de un delito. El magistrado sostiene que el auto de procedimiento abreviado “constituye solamente la expresión de un juicio de inculpación efectuado por el juez de instrucción, exteriorizador de un juicio de probabilidad de una posible responsabilidad penal”. Defiende que su intención “no es suplantar la función acusatoria del Ministerio Fiscal (...) sino únicamente conferir el oportuno traslado procesal”.
Los recursos de los otros investigados en los que argumentan, por ejemplo, la prescripción del delito, también han sido descartados: “Es prematuro un pronunciamiento sobre la prescripción en esta fase procesal, al no reunirse los términos de claridad que exige el Tribunal Supremo”.
Ya ha pasado un año desde que Sánchez fue condenado por la Audiencia Provincial por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad por encargar a un arquitecto “verbalmente y sin previo expediente” las obras del auditorio municipal siendo también alcalde de Puerto Lumbreras. En aquella ocasión la pena fue de 3 años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público.
El fiscal Juan Pablo Lozano ha solicitado penas de prisión e inhabilitación para otros diez acusados, entre quienes se encuentran funcionarios y técnicos municipales de Puerto Lumbreras, así como varios responsables de la empresa Urdecon, en el momento en el que ocurrieron los hechos entre 2007 y 2010.