La expresidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Yolanda Muñoz, recogió del juzgado el pasado jueves la demanda interpuesta contra ella por la presunta trama de corrupción en el Puerto, pero el fin de su presidencia de este organismo empezó mucho antes de que la Fiscalía la denunciase por amaño de contratos. En 2021, un técnico de la APC contó al Comité de empresa que estaba siendo acosado. Una de las directivas que forman parte de la acusación lo estaba presionando para cambiar el contenido de unos pliegos de un concurso de adjudicación para así beneficiar a una empresa y perjudicar a la que en ese momento estaba prestando el servicio. “Siempre tuvimos sospechas, pero hasta ese momento ninguna prueba de lo que estaba pasando”, explica Diego Zaplana, responsable de Comisiones Obreras (CCOO) y miembro del Comité de empresa con más de 40 años de experiencia a sus espaldas en la Autoridad Portuaria.
Más de dos años después hay un total de nueve investigados -entre los que se encuentran dos expresidentes de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz y Antonio Sevilla- y dos empresas -Barraise S.L y Sopra Steria S.A.-. Entre otros, se baraja que podrían haber nombrado cargos de forma irregular y adjudicado contratos de servicios favoreciendo a amistades y determinadas empresas. Los investigados se sentarán en el banquillo el próximo 24 de febrero.
A pesar de haberse celebrado el pasado jueves el consejo de Gobierno regional, el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, no ha nombrado sustituto para Muñoz en el Puerto de Cartagena. Por otro lado, los concejales populares del municipio murciano de Torres de Cotillas Pedro Cabrera Puche, Isabel María Zapata Rubio y Amalia Pérez Baño presentaron ayer su dimisión tras denunciar que Muñoz sigue al frente de la gestora del partido en esta localidad incumpliendo de este modo su Código ético. Los ediles señalaron también que el partido local lleva casi cuatro años dirigido por la gestora cuando esta situación no debería de haberse prolongado más de seis meses.
Ahora Yolanda Muñoz está siendo investigada, entre otras cosas, por presuntas “coacciones” al comité técnico para modificar el informe de baja temeraria (46,26%) con el fin de favorecer la adjudicación a la empresa Salzillo Seguridad S.A. en la licitación de un expediente de servicio de mantenimiento para las instalaciones de seguridad de la APC. Se tiene conocimiento por los denunciantes que la comisión técnica formada por dos miembros “emitió un informe no favorable a la oferta anormalmente baja de la empresa Salzillo Seguridad, firmada por los dos técnicos del Departamento de Instalaciones”. Pero, “según se afirma, la presidenta (Yolanda Muñoz) obligó a cambiar dicho informe, en el sentido favorable a la justificación de dicha baja”. Dicho informe “solo” fue firmado entonces por un miembro de la Comisión Técnica, el jefe del Departamento de Instalaciones. Zaplana define a esta empresa como “poco capacitada y denuncia problemas con la seguridad del puerto.
De acuerdo con el diario local La Verdad, Salzillo Seguridad está relacionada con Antonio Sevilla. Diego Zaplana recuerda que Muñoz estaba “empeñada” en que esta empresa fuese contratada para la seguridad del puerto. Hasta en dos ocasiones Yolanda Muñoz ha sacado a concurso la vigilancia de la APC con carácter de urgencia, y en todas la licitación ha sido anulada. Zaplana cree que Muñoz disolvió el concurso la primera vez porque otra empresa obtuvo más puntos que Salzillo Seguridad, y la segunda porque Salzillo no se presentó a tiempo.
Según la denuncia de la Fiscalía, Muñoz ha manipulado presuntamente otros concursos no solo para beneficiar a empresas amigas, también para represaliar a miembros del Comité de empresa. La expresidenta de la APC no contrató a la ganadora de una oposiciones por ser hija de un miembro del Comité de UGT. Según Zaplana, Muñoz les dijo que “su padre tendría que pedirle de rodillas” que la contratara.
Uno de los motivos por los que Antonio Sevilla ha sido denunciado por Fiscalía ha sido la contratación irregular de la Jefa de Innovación de la Autoridad Portuaria de Cartagena en 2016. El 19 de noviembre de 2014 Escudero creó la empresa Estrategias y Desarrollo Financiero S.L. y solo cuatro días después envía unas diapositivas a la APC para cubrir una oferta presentada por el organismo. La memoria de esta adjudicación se elabora a posteriori, y pese a que el gasto aprobado por el puerto ascendía a los 17.700 euros, a la empresa de Escudero se le abonó 24.700 en total: “La empresa es propiedad de la propia Paloma Escudero y de su marido, (...) quienes, al parecer y según los denunciantes, tienen una relación de amistad con D. Antonio Sevilla Recio”, especifica la denuncia de Fiscalía.
La relación empresarial entre Estrategias y Desarrollo Financiero S.L. y la directiva de Sevilla no acabó aquí, los contratos menores continuaron teniendo lugar hasta el noviembre de 2016. Solo un mes después, Paloma Escudero es contratada en la Autoridad Portuaria como jefa de Innovación. Zaplana señala que durante la gestión de Sevilla comenzaron a privatizarse servicios de la APC, entre ellos el de informática. Asegura que con este expresidente ocurrieron los problemas “más graves” dentro de la gestión del puerto, llegando a intentar expulsar a Zaplana del Consejo de Administración: “Se redujo el Consejo y la representación de los trabajadores pasaron de dos personas a una. Luego -Sevilla- se empeñó en que el portavoz de los trabajadores viniese siempre del sindicato más representativo en la Región, que siempre habría sido UGT”, recuerda Zaplana. Los planes de Antonio Sevilla no funcionaron, un año después, CCOO se convertiría en el sindicato mayoritario, por lo que Zaplana mantuvo su puesto en el Consejo.
Contratos a un exconcejal del PP
Entre Antonio Sevilla y Yolanda Muñoz hubo un tercer presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena: Joaquín Segado, actual portavoz del PP en la Asamblea Regional y recientemente nombrado director de campaña del PP para las elecciones en la Región de Murcia, estuvo al frente de la APC durante un año. Se trata del único de los tres antiguos cargos de la Autoridad cuyo mandato no ha sido empañado por acusaciones de prevaricación o amaño de contratos.
Segado contrató presuntamente a un antiguo concejal del ayuntamiento de Cartagena del Partido Popular, Gabriel Ruiz López por un valor total de más de 25.000 euros. La empresa Nostos S.L., propiedad de Ruiz López, realizó tres contratos menores con la Autoridad Portuaria: un “estudio de la vulnerabilidad del Puerto de Cartagena ante el cambio climático” por un importe de 15.156 euros; otro para la justificación del alcance que debía adquirir un trabajo sobre “opciones para la implantación de la Oficina del Cambio Climático del Puerto de Cartagena, por valor de 4.235. Por último, Nostos realizó una asistencia técnica para el ”estudio y análisis de la viabilidad de la creación de la Asociación de Estrategia Climática del Puerto de Cartagena, por un total de 6.050 euros.
Durante su etapa como concejal en el ayuntamiento de Cartagena, Gabriel Ruiz López compartió puesto con Domingo José Segado, hermano del antiguo presidente de la Autoridad Portuaria. Ruiz López fue además escogido por Segado como parte del equipo del PP en Cartagena durante 2016.
Pese a todo, la gestión de Segado como presidente de la Autoridad Portuaria sí que está siendo cuestionada por la justicia. El Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite una denuncia por vulneración de derechos fundamentales; en concreto, vulneración del derecho a la libertad sindical presentada por CCOO. Tradicionalmente, los empleados de la APC tenían como incentivo disfrutar de los faros reparados de la costa de la Región. Todo esto acabó unas navidades en las que se estaba ultimando la instalación del faro de Mazarrón. Los empleados pidieron visitar el faro y la directiva de Segado se negó, alegando que estaban ultimando detalles. Como protesta, CCOO lanzó un comunicado explicando lo ocurrido, a lo que Segado respondió que prohibiría a todos los empleados ir de vacaciones a los faros de la costa murciana hasta que el sindicato retirase la nota de prensa.
Del pacto del Majestic a la crisis del puerto
Cuando José María Aznar y Jordi Pujol cerraron un pacto de gobierno entre el PP y CiU en 1996, jamás sospecharon que desencadenarían uno de los mayores escándalos de la historia portuaria de la Región. El conocido como 'pacto del Majestic' permitió a Aznar gobernar, pero también abrió la puerta a que los gobiernos autonómicos gestionasen sus propios puertos. La reforma de la ley de puertos lograba que se transfiriese la gestión de zonas portuarias de interés general a las autonomías, que se encargarían a partir de ese momento de designar al presidente o presidenta de las autoridades portuarias. El ejecutivo de López Miras designó a Yolanda Muñoz como presidenta de la Autoridad portuaria. Sin embargo, tras su imputación, en ningún momento solicitó su dimisión. Tanto el consejero murciano de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, como la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, pidieron la dimisión de Muñoz hace dos semanas.
Hicieron falta ocho días desde el inicio de la investigación para que Yolanda Muñoz, la expresidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, tomase la decisión de dimitir. “En el día de hoy, y tras mantener una conversación con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, he tomado la decisión de solicitar mi relevo al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena”, señaló en el comunicado. “Lo hago convencida de que es la mejor decisión en este momento, y con la firme certeza de defender la imagen de la institución a la que he representado con orgullo y dignidad, así como de la Región de Murcia”, añadió. Sobre quien sería el relevo de Muñoz, López Miras aseguró el pasado miércoles que tenía un sustituto, aunque se negó a desvelar su identidad. Podría haberlo nombrado el pasado jueves, fecha del último Consejo de Gobierno, pero no lo hizo.