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La querella que ha presentado el fiscal especial anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Yolanda Muñoz, el expresidente Antonio Sevilla y el exdirector general Pedro Vindel recoge casi una veintena de hechos denunciados que habrían tenido lugar entre los años 2014 y 2021 en los que, considera, puede existir indicios de responsabilidad criminal. Según la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, las irregularidades están relacionadas con el nombramiento de algunos cargos dentro de la Autoridad Portuaria de Cartagena o la adjudicación de contratos de servicios para favorecer a amigos y determinadas empresas.
Tanto Muñoz como Sevilla centran gran parte de la investigación. Ambos son viejos conocidos, ya que ocuparon distintos cargos en la misma época durante el mandato de Ramón Luis Valcárcel (PP); Yolanda Muñoz como directora general de Territorio y Vivienda, y Antonio Sevilla, como consejero de Obras Públicas. Sevilla, que también ocupó el cargo de presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, fue cesado en marzo de 2018 después de que elDiario.es informase de que este organismo público adscrito al Ministerio de Fomento otorgó una concesión administrativa (hasta diciembre de 2030) a una empresa a la que estaba vinculado el presidente de la oficina anticorrupción del PP, el exdiputado Andrés Ayala.
Tras el consejo de administración celebrado el lunes por la mañana, Muñoz ha confirmado que sigue al frente de su cargo y ha explicado que ha encargado una auditoría interna a la Intervención General de la Administración del Estado, al tiempo que otra externa que ayude a “aclararlo en todo”. Los sindicatos UTG y CCOO, quienes se encuentran detrás de la denuncia, creen que estas auditorías no son suficientes.
A pesar de que ambos investigados fueron aupados a la presidencia de la Autoridad Portuaria por el Gobierno regional -en manos del Partido Popular-, el presidente Fernando López Miras todavía no se ha pronunciado al respecto de la investigación. “Lo he visto por la prensa, no tengo nada que decir”, dijo López Miras este pasado viernes. Mientras que la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo (también del PP), ha pedido a la APC que “preste con rapidez y total transparencia toda la colaboración necesaria con la Justicia”. Sin embargo, la secretaria general de Sí Cartagena y vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, sí que ha reclamado la dimisión de Yolanda Muñoz: “Las acusaciones son muy graves. Todos los implicados deben dejar sus cargos mientras se investiga. Está en juego la integridad y el prestigio de la institución”. Podemos, por su parte, ha anunciado el lunes que va a registrar en la Asamblea Regional la petición para la creación de una comisión de investigación sobre los presuntos delitos.
Los delitos investigados -que se centran en nueve personas y dos empresas- son los de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso de información privilegiada, y falsedad de documento público entre otros, “sin perjuicio de todo aquello que se pueda ir concretando a lo largo de la instrucción”. Según el escrito de la Fiscalía, durante los siete años investigados habrían tenido lugar en el seno de la Autoridad Portuaria de Cartagena nombramientos de empleos públicos a dedo, presiones para cambiar el contenido de algunos pliegos de concurso para beneficiar a una empresa y perjudicar a la que prestaba servicios, pliegos de condiciones que se elaboraban a medida o el fraccionamiento de contratos para poder tramitarlos como menores y evitar la convocatoria de concurso público.
El fiscal Juan Pablo Lozano ha reclamado al juzgado que se cite a declarar como investigados a Yolanda Muñoz, Sevilla y Vindel, además de a Paloma Escudero Giménez, directora del departamento de Innovación del Puerto y administradora única de Estrategias y Desarrollo Financiero SL, María José Barahona, jefa del departamento de Planificación y Gestión del Puerto, Susana García, administradora de Barraise SL, José Segura, jefe del departamento de Instalaciones del Puerto, Francisco Ortiz, jefe de Compras, Francesc Casas, consultor de la mercantil Sopra Steria España S.A. y los representantes legales de Sopra Steria España S.A. y Barraise S.L.
La denuncia arranca con la contratación en 2014 de Paloma Escudero como directora del Departamento de Innovación y el favorecimiento a su empresa Estrategias y Desarrollo Financiero S.L, que solo cuatro días después de su creación (23/11/2014) envió un power point a la APC para cubrir una oferta de un contrato cuya memoria no elaboró el organismo hasta diciembre. “Y pese a que el gasto aprobado en la Memoria era de 17.700€, se le abonó 24.700€”. Según la querella, la empresa “es propiedad de la propia Paloma Escudero y de su marido , Ingeniero de Caminos, quienes, al parecer y según los denunciantes, tienen una relación de amistad con D. Antonio Sevilla Recio”.
Y a pesar de que, según el escrito, se fraccionó un contrato mayor en tres menores “resultando adjudicataria de los tres”, en uno de ellos “se superó el límite legal de los contratos menores de suministros y servicios (18.000€) debiendo haber sido tramitado como contrato mayor”.
Coacciones y “favores” a empresas
A Yolanda Muñoz se le investiga entre otras cosas por presuntas “coacciones” al comité técnico para modificar el informe de baja temeraria (46,26%) con el fin de favorecer la adjudicación a la empresa Salzillo Seguridad S.A. en la licitación de un expediente de servicio de mantenimiento para las instalaciones de seguridad de la APC.
Se tiene conocimiento por los denunciantes que la comisión técnica formada por dos miembros “emitió un informe no favorable a la oferta anormalmente baja de la empresa Salzillo Seguridad, firmada por los dos técnicos del Departamento de Instalaciones”. Pero, “según se afirma, la presidenta (Yolanda Muñoz) obligó a cambiar dicho informe, en el sentido favorable a la justificación de dicha baja”. Dicho informe “solo” fue firmado entonces por un miembro de la Comisión Técnica, el fefe del Departamento de Instalaciones.
Muñoz se enfrenta a otra investigación por presunta valoración “subjetiva” en un proceso de selección para el que se contrató a una empresa, Barraise SL, relacionada con Susana García Bernal, “amiga de la presidenta (de la APC)”. A dicha compañía se le adjudicaron dos contratos menores por un importe de 11.000 euros; además de por presuntas irregularidades en la resolución de una bolsa de trabajo para Policía Portuaria, postergando “supuestamente de modo arbitrario a la primera trabajadora, por ser la hija de un miembro del Comité de Empresa ante el que la Presidenta -según se dice- tendría animadversión (ya fuera por razones personales o profesionales)”.
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