La mañana que Ginés García se despertó en un hotel de la Selva Negra escuchando un ruido atronador se le hizo un nudo en el estómago. Pensaba que un nuevo temblor de la tierra le había perseguido desde Lorca (Murcia) hasta Alemania. La noche anterior había nevado y era tan solo la máquina quitanieves despejando el camino.
Ginés, de 41 años, se fue a vivir a Alemania a trabajar de camarero durante cinco años con su mujer y dos hijos mientras los habitantes del edificio en el que tenía su bar Don Quijote en el barrio de San Fernando se ponían de acuerdo para levantar la construcción que se había venido abajo, como tantas otras en Lorca, durante el terremoto que sacudió la localidad murciana en mayo de 2011. El seguro le dio 80.000 euros para montar de nuevo el local, pero se vio obligado a pedir un préstamo porque la reconstrucción superaba esa cuentía. “Todavía sigo pagando la hipoteca”, dice el hostelero.
No sólo Ginés sigue teniendo que seguir lidiando en su día a día con las consecuencias del terremoto, en el que murieron nueve personas. El pasado martes 30 de octubre se levantaba el encierro de decenas de personas en el Ayuntamiento que cumplía ya ocho días. Le habían embargado las cuentas a cinco personas y otras 159 órdenes iban de camino. La Región de Murcia le ha reclamado a los afectados la devolución de 2,5 millones de euros para la rehabilitación de sus viviendas.
A Maite Giner le llegó como heredera la carta que le exigía la devolución de la ayuda concedida por el Estado y la Comunidad de Murcia a su madre fallecida ocho meses antes. “Ella recibió un dinero del consorcio de seguros, pero no llegaba y pedimos la ayuda de la Región. Al cabo de los siete años justos recibimos la carta diciendo que le habían mandado dinero de más y que tenía que devolverlo. Con los intereses eran unos 3.000 euros”, dice la camarera de 48 años.
El problema principal, apunta la portavoz de la Plataforma de los Afectados de las Ayudas del Terremoto de Lorca, Gloría Martín, es que “la administración mandó una simple carta diciendo te concedemos esto financiado el 50% por el Estado y el otro 50% por la comunidad”. “Con lo fácil que hubiera sido especificar que con esta ayuda puedes reparar estas cosas, luego tienes un plazo de tanto tiempo para devolvero y para justificarlo necesitas equis. En ese momento llegaba la empresa de construcción y preguntaba: ¿cuánto le han dado? Pues le llega para esto. Si hay gente que ni siquiera ha podido terminar de reparar su casa”, añade la edil de Izquierda Unida-Los Verdes.
Las cicatrices del temblor son más que visibles en el centro histórico de la Ciudad del Sol, como es conocida Lorca, donde se encuentra el Ayuntamiento. Muchos edificios antiguos deshabitados están derruidos, apuntalados o atravesados por grietas. Parece un territorio fantasma. El terremoto alcanzó una magnitud de 5,1 grados en la escala de Richter y llegó a afectar al 80% de las viviendas del municipio de 100.000 habitantes.
Muchas de las personas reunidas en el Ayuntamiento se encontraban con mucha tensión ante el acuerdo que la plataforma firmó el martes pasado con el consejero de Fomento murciano, Patricio Valverde y el presidente de la Región, Fernando López Miras. Al finalizar hubo aplausos, lágrimas y abrazos. La mayoría reconocía tener confianza en el acuerdo por Gloria, quien ha ayudado a 1.500 personas con los recursos y ha sido el espíritu capaz de insuflarle fuerza a la plataforma compuesta por otras 500.
Con el acuerdo se logró que se paralizaran los embargos, que se aplicara la ley de 2018 para simplificar el procedimiento de presentación de facturas, también la revisión del techo de gasto de las personas que habían recibido tanto la ayuda del consorcio de seguros como de la comunidad y, finalmente, el asunto de la prescripción. Desde el punto de visto de la plataforma entienden que “después del tiempo transcurrido está prescrito en la mayoría de los casos”, dice Gloria con el pelo recogido y unas ojeras claramente marcadas en su rostro. Ahora serán los servicios jurídicos de la Comunidad quién lo determine.
Gloria cree que el dinero llegó demasiado “rápido” porque a los pocos días del terremoto hubo convocatoria de elecciones municipales y que las cartas reclamando de vuelta el dinero tampoco llegaron en 2015 ni 2016 por las elecciones generales, “de modo que el único año que no era electoral era 2017 y ahí empezaron a llegar. Ahora nosotros hemos utilizado la misma estrategia”, señala la concejala de IU en referencia a las próximas elecciones regionales y municipales.
Neva Victoria atiende a las madres que vienen a comprar material escolar para sus hijos en su librería-papelería del barrio de La Viña, zona cero del terremoto, donde conviven edificios bajos de la década de los sesenta con los pisos más altos recién levantados. A Neva le han embargado 1.900 euros de sus cuentas. “Tengo 68 años y tendría que estar jubilada, pero con el terremoto me endeudé para no perder mi bajo y, por lo tanto, mi trabajo”.
A Neva le dieron 10.000 euros para arreglar su casa y 8.000 para el comercio, el cual tiene todavía los escaparates rotos porque no ha tenido el dinero para repararlos. Hacienda le reclama 12.000 euros, que serían los 8.000 que recibió para su comercio más los intereses. “Dieron mucha ayuda para los comercios y nosotros tampoco es que recibiéramos tanto y después, además, nos la reclaman”.
“Tienen ya que cerrar el tema. Hemos tenido muchos problemas durante siete años y aquí mucho comercio se ha ido, de 22 quedamos cuatro. La mitad de los edificios tuvieron que derrumbarlos y tuvimos nueve meses la calle abierta. La mitad del barrio ha tardado cuatro o cinco años en volver. Algunos aún no han vuelto y la verdad es que hemos perdido mucha clientela”, añade con visible angustia.
“En muchas ocasiones los peritos no han venido a comprobar qué se ha hecho. O no han reconocido las facturas una y otra vez. Mucha gente ha devuelto el dinero por miedo”, señala Neva. “Lorca estaba destrozada. No nos hemos ido de vacaciones ni nos hemos comprado un coche. No hemos podido volver a la normalidad”, dice la librera con tono afectado.
Donde todavía hay pisos sin construir es el barrio de San Fernando. Situado cerca de la salida de Lorca, en la Alameda de Cervantes hay unos vistosos edificios blancos, rojos y negros todavía acordonados. Un total de 240 familias sigue esperando para poder instalarse allí. Las calles continúan sin estar asfaltadas y ni siquiera se ha montado la instalación eléctrica.
Andrés Díez, operario de una fábrica con 34 años y dos hijos de nueve y quince años, se encuentra con un amigo en el quiosco próximo a su futura vivienda. “No son más que promesas. Cuánto tiempo llevamos esperando”, apunta Andrés. “Además a raíz de que un mes no pude presentar la factura estoy sin la ayuda al alquiler alternativo durante dos años, así que estoy pagando hipoteca y alquiler”, dice el obrero totalmente descreído de plazos de entregas.
Javier Arrebola, veterinario de 63 años y portavoz de la plataforma, echa de menos que la administración hubiera sido más previsora y pedagógica. “Nadie nos dijo que había incompatibilidad entre las ayudas del seguro y las públicas”, señala.
“A pesar del acuerdo, todavía hay mucha incertidumbre ya que en realidad todo se ha puesto en suspensión. No paramos de revivir unos momentos que fueron terribles, de mucho miedo. Incluso la gente cree que muchos de sus mayores murieron a los pocos meses por la angustia que habían pasado”. “Lo bueno es que nos hemos unido”, añade.