Una decena de vecinos de Lorca (Murcia) se prepara para pasar otra noche de encierro en el ayuntamiento. Más de siete años después del terremoto de mayo de 2011, en el que perdieron la vida nueve personas, la Región de Murcia ha reclamado a miles de ellos que devuelvan las ayudas concedidas para rehabilitar sus viviendas por un importe total de 2,5 millones de euros. En las últimas tres semanas se ha embargado al menos a tres personas, aduciendo que no entregaron toda la documentación necesaria en virtud de la Ley General de Subvenciones.
Las cicatrices de aquel 11 de mayo de 2011, en el que la tierra tembló con una magnitud de 5,1 grados todavía son visibles en el municipio. En las casas más antiguas sigue habiendo grietas y en el centro histórico, de varios edificios imponentes solo quedan en pie las fachadas. Aunque la mayoría de los barrios lorquinos han sido ya reconstruidos y los principales monumentos, restaurados, la Comunidad estima que las obras de rehabilitación no finalizarán hasta el año 2025.
Una vez concluyan, las distintas administraciones habrán invertido un total de 1.200 millones de euros (345 aportados por la Región). En ayudas directas a los vecinos, se han concedido 80,4 millones de euros.
Ojerosa y visiblemente cansada después de haber pasado día y medio encerrada en el consistorio, Gloria Martín, concejala de Izquierda Unida en Lorca y una de las portavoces de la plataforma, se fuma un cigarro en una de las galerías exteriores del ayuntamiento. “Nos sentimos víctimas por partida doble: por el terremoto y por la burocracia”. En junio de 2017, varios vecinos de la localidad recibieron cartas en las que se les reclamaba el importe de la subvención que recibieron para rehabilitar sus domicilios. “Se decía que no habían justificado bien las reformas y que tenían que devolver el dinero con intereses”, explica la portavoz.
El problema radicaba, según dice, en el propio proceso de solicitud de ayudas. Para pedir la subvención, un técnico iba a las viviendas, hacía un informe que entregaba a la Región y tras su valoración se ingresaba el dinero a los afectados. Tenían un año para hacer la reforma y seis meses para presentar las facturas. Los vecinos se quejan de que nadie les explicó el proceso ni que tenían que guardar las facturas.
La Región tenía cuatro años para reclamar el dinero y, según dicen desde la plataforma, siguen reclamando el dinero pese a que están fuera de plazo. El consejero murciano de Fomento, Patricio Valverde, se ha comprometido a poner fin a los embargos ya que los achaca a un error, dando un plazo de un año para resolver todos los casos. La Plataforma de afectados asegura que mantendrá su encierro hasta que la Comunidad se comprometa por escrito a cerrar todos los expedientes.
A Juan Carrillo, de 75 años, la Comunidad le ha embargado 3.750 euros y todavía tiene pendiente 1.500 de los intereses que debe al Estado. Los de la Comunidad fueron condonados a todos los vecinos. “Nos han dejado la cuenta pelada”, explica su hija Pilar en uno de los salones del consistorio. A pesar de la promesa del consejero de Fomento, Patricio Valverde, quien pidió este martes perdón a los vecinos embargados y les aseguró que el dinero se les va a devolver, Pilar sigue esperando. “Lo he comprobado y todavía no hemos recibido nada”.
Error administrativo
Según el Gobierno murciano, los embargos se ha llevado a cabo debido a un error administrativo. Se estaba aplicando la Ley General de Subvenciones y no lo previsto en la Ley 8/2018 de Ayudas de Lorca, que aprobó la comunidad autónoma para simplificar el proceso y que entró en vigor en julio de 2018. “Como el Real Decreto de ayudas a Lorca de 2011 no desarrollaba la forma en la que se organizarían las ayudas, la Comunidad utilizó la Ley de Subvenciones. Es posible que fuese un proceso farragoso y complicado”, explica a eldiario.es por teléfono José Antonio Fernández Lladó, director general de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda. “Para solucionarlo, en julio aprobamos una nueva ley que hace mucho más simple la forma de justificar las ayudas”.
Según la nueva norma, ahora basta con que los afectados presenten una memoria justificativa en la que adjunten las facturas. Después, los técnicos de la Comunidad inspeccionaran el 20% de las viviendas de forma aleatoria para comprobar que no ha habido fraude.
Pero para muchos vecinos, el problema no se ha terminado. Porque decenas de afectados perdieron sus facturas. “Nadie las guarda después de seis años”, dice Juan González, a quien reclaman cerca de 4.000 euros. Él ha podido encontrarlas gracias a que su asesoría las guardó. En el caso de Ana García, de 63 años, el problema es todavía más complicado. A ella la Comunidad le reclama 8.300 euros, pero su vivienda ya no existe. La expropiaron para construir una carretera. “Si el perito va, se va a encontrar con un solar”, asegura. En su caso, el propio consejero de Fomento se ha comprometido a buscar una solución. Pero ella sigue encerrada en el ayuntamiento. “Nos quedaremos hasta que se resuelvan todos los casos”.