Esta mañana, las marchas de la dignidad han convocado en cinco puntos de la Región de Murcia (Cartagena, Murcia, Molina, Bullas, Yecla) concentraciones en defensa de los derechos sociales, la sanidad pública y los servicios públicos.
La portavoz de Podemos en la Región de Murcia, María Marín, ha participado en la convocatoria de Cartagena, junto al hospital del Rosell, para denunciar que “a las puertas de la cuarta ola, seguimos sin presupuestos y sin los refuerzos para el sistema sanitario para hacer frente a un posible crecimiento de los casos”.
Marín ha denunciado que mientras que “seguimos con unos presupuestos diseñados en 2019, que contienen recortes en material sanitario y que se confeccionaron antes del inicio de la pandemia, siendo claramente insuficientes”, Partido Popular y Vox “siguen con su mercado de sillones y dedican todos sus esfuerzos a imponer el pin parental o defender el silvestrismo”.
La diputada ha recordado que de los 1583 fallecidos por la COVID-19 en la Región de Murcia, más de un millar corresponden a la tercera ola, algo que en su opinión “es consecuencia de un sistema al límite por la falta de previsión y de voluntad política”.
Marín ha señalado además al “fracaso” de la campaña de vacunación en la Comunidad Autónoma como “último ejemplo de lo poco que le importa la Salud a López Miras y su gobierno”.
La diputada ha criticado que la Región de Murcia sea la que menor porcentaje de vacunas recibidas ha administrado de toda España, quedando más de 100.000 vacunas sin poner. Según los datos de la propia Consejería de Salud, el pasado jueves se habían administrado sólo el 73% de las vacunas recibidas, lo que supone el peor dato a nivel estatal. Sin embargo, el Partido Popular llevó al último pleno de la Asamblea Regional una moción culpando al Gobierno Central de no enviar las vacunas suficientes. Ante los datos y lo acontecido el pasado martes, cuando más de 2.000 personas no acudieron a su cita para recibir la vacuna porque no habían sido convocadas, López Miras decidió retirar la moción para evitar someterse al control de la oposición.
La diputada ha recordado que desde Podemos impulsaron en noviembre una serie de medidas como el refuerzo de la atención primaria y la creación de una red de puntos COVID municipales vinculados a los centros de salud, algo que, pese a ser aprobado por la mayoría de la Asamblea Regional, no ha sido desarrollado por el Gobierno Autonómico.
Marín ha mostrado su convencimiento de que “hoy serían un apoyo fundamental para la campaña de vacunación, y se estarían evitando bulos, desplazamientos innecesarios y colas de varias olas en pabellones y otras infraestructuras”. Por otra parte, la portavoz de Podemos ha denunciado que, además de no llegar refuerzos, el Gobierno Regional “no cumple con los compromisos adquiridos”. Es el caso de la apertura completa del Rosell, una medida aprobada por ley en marzo de 2016 y que “la gente de Cartagena sigue esperando más de 5 años después”.
Mientras que los centros públicos encadenan ya más de una década de recortes, externalizaciones y precariedad laboral, en los últimos 5 años se han disparado las pólizas de salud privadas. Para Marín, “esto no es casual”, sino que “responde a una estrategia prediseñada y muy estudiada”. Así, para la diputada, cada recorte en servicios públicos se basa en la idea de que “cuanto peor funcione la pública, mejor para las grandes multinacionales de la sanidad privada”. No es, por tanto, que el gobierno de la Región de Murcia sea torpe, “es que es la avanzadilla de un plan para ir privatizando la sanidad paso a paso”.
Frente a esta estrategia manifiesta, Marín ha asegurado que Podemos continuará “impulsando medidas para reforzar nuestro sistema sanitario y el derecho a la salud de nuestra gente”. La portavoz morada ha recordado que la Ley de Residencias registrada por la formación “incluye por primera vez la presencia de personal médico y de enfermería a tiempo completo en estos centros”. Además, ha señalado que también quedan pendientes propuestas como la ley de endometriosis que Podemos presentó hace meses y que, de haber sido aprobada, “serviría para afrontar la principal enfermedad que padecen las mujeres en edad fértil, y que sigue siendo una gran desconocida”.