La muerte de una trabajadora arrollada en un almacén de cítricos en Murcia reaviva el debate de la precariedad laboral en el sector

Un sueño convertido en pesadilla. El de Hind El Bekkali, una mujer que partió de Marruecos hace veinte años para labrarse un porvenir en España y regresó a su país en un ataúd para ser enterrada en el pequeño pueblo de Fquih Ben Salah, en la región central del país vecino. El 8 de octubre, a las 18.24, el 112 confirmaba su muerte en un accidente laboral en el almacén Cítricos La Paz, en Fortuna, donde trabajaba desde hacía casi cinco meses como envasadora.

Hind, de 39 años, deja huérfanos de madre a tres hijos de 16, 12 y 6 años. “Estoy muy mal, muy mal de verdad, no tengo la cabeza para hablar con nadie”, solloza al otro lado del teléfono apesadumbrado Abdelaziz Hassimatar, que cruzó este miércoles el Estrecho tras dar sepultura a su mujer en la tierra que la vio nacer y ya está de vuelta en Fortuna.

Hassimatar es claro al respecto de la muerte de su mujer y apunta a que fue una negligencia de la empresa donde trabajaba. “Ella no tenía formación para asumir la tarea que se le asignó, Hind me contó que le habían cambiado de puesto unos días antes del accidente, el asunto está en manos de mi abogado”.

Su esposa se encontraba limpiando en una zona de la fábrica “cuando fue succionada por una de las máquinas de precalibrado”. Hassimatar y diversas organizaciones de defensa de los trabajadores se han apresurado en denunciar que el puesto de Hind no era el de limpieza, que no tenía formación para acometer esa tarea y denuncian irregularidades en materia de prevención de riesgos laborales.

Pablo Martínez y Mariano Bo representan a Cítricos La Paz. Aseguran en conversación telefónica con este periódico que en todo momento se ha facilitado su trabajo a Policía, Guardia Civil y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. “Se han dicho cosas que no son verdad; estamos ante un accidente laboral muy triste, pero como los hay en muchas empresas españolas”. Al día siguiente, señalan, “hubo otro en Mercadona y no ha trascendido de la misma manera”.

Jawad Romaili es el letrado del marido de la víctima. Este periódico ha intentado establecer conversación con él insistentemente sin ningún éxito. Según declaró a El Español, “hubo un incumplimiento de la normativa de riesgos laborales; tres días antes de su muerte fue cambiada de puesto de trabajo, la enviaron al triaje, y la empresa presuntamente no le dio formación específica para ello”. En la zona de envasado y la de triaje, según explicó Romaili a El Español, hay cintas diferentes: “En el triaje hay un robot, cuando terminan tienen que limpiarlo y alguien le mandó esa labor”.

La noticia de la muerte de Hind corrió como la pólvora entre la comunidad marroquí residente en Murcia, que en un porcentaje elevado procede de la misma región que Hind –Beni Mellal- y también se gana la vida en el campo o los almacenes agroalimentarios. “La hermana de mi mujer es amiga suya y desde que ha pasado todo esto no puede dormir”, cuenta apenado un paisano que vive en Mula. En Marruecos tampoco ha pasado desapercibido el suceso, del que se han hecho eco algunos medios de comunicación.

Tras el accidente, organizaciones como Comisiones Obreras han puesto de nuevo el acento en la precarización del sector de las envasadoras, contratadas en su mayoría por Empresas de Trabajo Temporal (ETT), como era el caso de Hind.

“En los almacenes donde no hay control sindical estamos viendo cómo se cometen ilegalidades en la cotización de los días trabajados, no se abonan las horas extraordinarias como se debería y en especial en materia de prevención laboral hay muchos incumplimientos”, explica a este periódico Santiago Navarro, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en la Región.

La mayoría de trabajadores de los almacenes, en el manipulado de cítricos, tomate y fruta son mujeres, un 80 por ciento de unos 10.000 empleos que se generan cada año. “Y cada vez es mayor el porcentaje de mujeres inmigrantes, que en períodos fuertes de la campaña hacen jornadas interminables”.

Soumia ha llegado a trabajar “desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche”. Catorce horas, “parando 15 minutos por la mañana y por la tarde para almorzar y merendar, y una hora para comer”.

Hombros destrozados y manos atrofiadas

La situación “es horrible”, se queja Kawtar, quien lleva varios en Murcia de un almacén a otro. “Dicen que venimos a quitarle el trabajo a los españoles, pero hacemos los trabajos de los que ellos huyen”. Kawtar denuncia que tiene amigas con enfermedades laborales no reconocidas. “Con los hombros destrozados, pérdida de musculación, manos atrofiadas…”.

Algunas personas “lo aceptan porque es una oportunidad para hacer dinero; pero es muy duro, sobre todo en algunos almacenes que tienen muy mala fama porque te tratan mal, a veces tus propias compatriotas que están de encargadas”. Para esta mujer, “hay situaciones que no se pueden permitir; trabajar, sí pero como una esclava, no”.

José María López, de Comisiones Obreras, apunta a las ETT como “una herramienta para que las empresas dispongan de empleados por debajo del coste mínimo, flexibilizando y precarizando las relaciones laborales; es un tema delicado porque la intención es ganar, ganar y ganar; se busca la rentabilidad a cualquier coste”.

Las ETT, prosigue, son las responsables de formar e informar a los trabajadores. “Una formación que muchas veces consiste en dar a las mujeres, en este caso, montones de documentación escrita para que la firmen y estar justificados documentalmente; estamos hartos de denunciarlo”.

Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en Murcia (ATIM), ha querido mostrar también su solidaridad con la víctima y ha informado de que está organizando una manifestación con varios colectivos para honrar la muerte de Hind y para protestar contra las precarias condiciones de estas trabajadoras. No descartan, además, personarse en la causa.

El caso se dirimirá en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cieza, que tendrá que aclarar si Hind había recibido formación sobre las tareas que se le encargaron y si se cumplieron todas las medidas de seguridad.

Los representantes legales de Cítricos La Paz aseguran que “se han puesto todos los mecanismos en marcha para acompañar a la familia; se ha asignado un psicólogo al marido Y se ha pagado el sepelio en Marruecos”. Incluso el dueño de la empresa “le dijo que a sus hijos no les iba a faltar de nada”, apunta Mariano Bo.

“A mí nadie me ha ayudado, el entierro lo tiene que pagar la empresa porque está estipulado en el convenio”, reclama Abdelaziz Hassimatar a este periódico. “Los que se han volcado con nosotros han sido nuestros vecinos de Fortuna”, señala al tiempo que relata que le quedan unos días para incorporarse a la finca donde está empleado, “aunque no sé si tendré fuerzas”.

Los letrados de Cítricos La Paz creen que se ha tratado injustamente a la empresa, “que se ha portado muy bien con la familia desde el punto de vista humano. Al marido, señala Mariano Bo, ”se le dejó entrar a la máquina antes de que levantaran el cadáver, a pesar de que ni la policía ni el psicólogo lo aconsejaron“.

Afirman, además, que esta es una empresa joven, “con todos los sistemas de seguridad en orden”. Confirman que Hind había sido contratada por una ETT (Interempleo). “Cuando ocurrió el accidente, en La Paz no tenían el teléfono del marido porque la ficha la tiene la ETT, por eso no se le avisó directamente; pero automáticamente se pusieron en contacto con ésta para que contactaran a la familia”.

Martínez y Bo señalan que la empresa cuenta con unos 700 u 800 trabajadores y que el 80 por ciento es plantilla propia. “A los que vienen de la ETT se les ficha una vez han sido probados y si la empresa está satisfecha con ellos”.

En cuanto a las medidas de seguridad, “esta trabajadora había recibido dos cursos en los últimos cuatro meses, de la ETT -han aportado un documento firmado por Hind-; su encargada, además, es árabe y habla español, por lo que todas las instrucciones eran comprensibles para ella”.

Según relatan, “no es cierto que se le cambiara de puesto de trabajo tres o cuatro días antes y que no conociera las medidas de seguridad, porque son las mismas en todas las áreas: No acercarse a las máquinas, no meter las manos, ni la cabeza, en unos espacios que además están vallados perimetralmente”.

A falta de conocer los resultados de la investigación en marcha, lamentan que “no podemos saber qué ha pasado porque no había nadie en ese momento con ella, una compañera estaba en el vestuario y la otra estaba en el puesto de observación, que está más elevado y la tenía fuera de su campo de visión; cuando se dieron cuenta pulsaron el botón de seguridad y se puso el protocolo en marcha pero ya era tarde”.

Según un comunicado del Comité de Empresa al que ha tenido acceso este periódico, Hind “contaba con la debida formación e información del puesto que desarrollaba. El sistema de trabajo consiste en tareas repetitivas diariamente que son de sobra conocidas por el personal, ya que se instruye a los mismos y se les facilita las indicaciones precisas para realizar su actividad”.

En Fortuna, sin embargo, entre la comunidad marroquí impera de momento la ley del silencio. Ni los trabajadores, ni los vecinos, quieren pronunciarse al respecto del suceso.

Santiago Navarro considera que “no es que la mujer fuera imprudente, la empresa debe impedir que el trabajador se vea en esas circunstancias y la ley exige que haya una serie de protecciones para que el trabajador no pueda introducir ningún miembro”.

Los abogados de Cítricos La Paz aclaran también que tienen un sistema de huellas dactilares para el control horario. “De hecho, cuando ocurrió el accidente, la trabajadora no había superado las ocho horas”.

El abogado de Hassimatar aseguró en cambio en declaraciones a El Español que “los horarios presuntamente no se cumplían en la empresa, en la declaración del marido de la víctima ante la Guardia Civil expone que su mujer había días que entraba a las ocho de la mañana y salía a las siete o las ocho de la tarde, incluso a las diez de la noche”. Hassimatar así lo explicó también a este periódico.

Desde ATIM y Comisiones insisten en denunciar el incumplimiento de la ley en este sector, en especial con los trabajadores inmigrantes, “que se ven con una soga al cuello, no tienen capacidad de organización y cuando reclaman sus derechos se ven fuera de la empresa; hay mucho clientelismo, y además de que no se actúa, las sanciones a veces son irrisorias”.

“En algunos almacenes tenemos que levantar la mano hasta para ir al servicio, y nos descuentan el tiempo no trabajado; me han llegado a decir que venga de casa con las necesidades hechas o con un pañal”, asegura una de las mujeres entrevistadas por este periódico.

Engaños

El salario mínimo es de 7,04 euros/ hora, “pero nunca llegan”, explica José María de Comisiones. “Es un engaño porque les descuentan de ahí el 30 por ciento de la Seguridad Social”. Cuando “se contrata, por llamarlo de alguna manera, a personas sin papeles es mucho peor, porque entonces se vulneran aun más los derechos mínimos”.

Para acudir a los puestos de trabajo, lo hacen en furgonetas o autobuses que van recogiendo a los trabajadores en una ruta que los lleva desde su lugar de residencia al almacén donde trabajan y que cobran unos cinco euros por trayecto a cada empleado. “¿Qué permisos tienen esas furgonetas?”, se pregunta José María, quien denuncia que a veces los conductores funcionan como una empresa de contratación directa y saben qué perfiles tiene que reclutar. “Los que no dan problemas”.

No es fácil plantarse, como hicieron hace 20 años las empleadas de los almacenes de la Vega Alta en el conocido como el ‘Caso Nolotil’. Un grupo de mujeres atiborradas de analgésicos para amortiguar sus dolores, que se atrevieron a denunciar los abusos a las que estaban sometidas en un sector que sigue acumulando denuncias de los trabajadores.