La Guardia Civil de la Región de Murcia, con el apoyo del Servicio de Inspección de Trabajo de la Región de Murcia, ha detenido e investiga a 16 personas por la presunta autoría de delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Los arrestos forman parte de una serie de actividades conjuntas enmarcadas en el Plan contra la trata de seres humanos y contra la explotación laboral.
Estas actuaciones se iniciaron cuando la Benemérita, con el apoyo del Servicio de Inspección de Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, elaboró un plan conjunto de actuación dirigido a la inspección de varias explotaciones agrícolas ubicadas Cieza, Torrepacheco, Mazarrón y San Javier, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de trabajo.
Más de 300 trabajadores identificados
Efectivos de Seguridad Ciudadana y especialistas en Policía Judicial de la Benemérita, con el apoyo de inspectores de trabajo, han llevado a cabo, hasta ahora, la inspección de cerca de una treintena de explotaciones agrícolas donde han sido identificados más de 300 trabajadores.
Estas inspecciones han permitido detectar ciertas anomalías en la contratación de una treintena de ciudadanos extranjeros que, al parecer, trabajaban de forma irregular supuestamente auspiciados por varios capataces y algún propietario de las explotaciones inspeccionadas.
Según se desprende de la investigación, los ahora detenidos/investigados habrían aprovechado la situación irregular en el país de estos trabajadores, abusando de su estado de necesidad, para imponerles condiciones laborales y de Seguridad Social que restringían los derechos reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. Las víctimas se encontraban trabajando sin contrato y en malas condiciones laborales.
También se ha detectado que algunos de los trabajadores usurparon la identidad de terceras personas para encubrir su situación irregular.
Las 16 personas detenidas e investigadas y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes.