Que tras la tragedia de las discotecas de Las Atalayas en Murcia hubo dejación administrativa y falta de diligencia por parte del Ayuntamiento capitalino cada vez está más claro. Queda ahora por dilucidar las causas, y señalar a los culpables. Teatre y La Fonda Milagros siguieron abriendo sus puertas todos los fines de semana durante casi dos años a pesar de tener una orden de cierre, como demuestra una comunicación interna del exteniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, el socialista Andrés Guerrero, quien ordenó en octubre de 2022 a la Inspección de Actividades que visitase la discoteca Teatre y comprobase si seguía funcionando. Pero el precinto no tuvo lugar ni en esa fecha ni en todos los meses posteriores, hasta que los locales ardieron la madrugada del domingo costando la vida a 13 personas.
El alcalde de Murcia, José Ballesta, adoptó el miércoles las primeras medidas con respecto a los funcionarios implicados en los expedientes de cese de actividad de la discoteca Teatre, y que no llegaron a ser ejecutados, de modo que han sido apartados cautelarmente mientras continúa la investigación interna puesta en marcha. Aún se desconoce el número de funcionarios afectados por esta decisión.
El inspector de actividades, por su parte, no había precintado el club, tal y como le habían ordenado, porque los dueños de la empresa Teatre S.L. habían aportado “justificación de la presentación de la documentación técnica que les faltaba” para obtener una nueva licencia de actividad tras la división que se produjo para erigir el club de música latina Fonda Milagros en junio de 2019 en el espacio que antes ocupaba solo Teatre. Estos datos quedan recogidos en un informe de 21 de octubre de 2022, en el que no especifica si había visitado la discoteca, sino tan solo había “contactado” con los titulares, sin llegar a saber si se personó en el local de la calle Isla Cristina 6 en del polígono industrial de las Atalayas.
“Ha habido dejación administrativa y falta de diligencia en las actuaciones municipales por parte de los funcionarios pero también de sus superiores, que tienen la obligación de controlar”. Habla el letrado murciano José Miguel Muñoz, que asesorado por el criminólogo y perito en incendios, Miguel Gallardo,ha pedido que se oficien diligencias de forma urgente dirigidas a las operadoras de los teléfonos móviles de los responsables municipales y las empresas para que no se pierdan metadatos de llamadas y localizaciones georreferenciadas por el sistema GSM. “También deberían requerirse todos los datos, metadatos y todas las grabaciones municipales del sistema TETRA -que establece el CNI- del Ayuntamiento de Murcia”, señalan ambos expertos en un documento.
La Policía Judicial, continúan, conoce los procedimientos para preservar todos los datos y metadatos efímeros disponibles de las antenas y estaciones base de la celda del lugar de los hechos, “y también sabemos la urgente necesidad de evitar que puedan perderse para siempre”.
De esta forma, señalan, “podrían conocerse el número de personas que había en el interior de los locales” en el momento del incendio; así como “las veces que ha ido a las discotecas la policía, las conversaciones que ha habido entre central y agentes y las conversaciones entre los distintos agentes”.
Sospecha de omisiones y disfunciones
Según el letrado, “las contradicciones entre lo manifestado por diversos responsables municipales y varios abogados de los empresarios, hace sospechar de acciones, omisiones y disfunciones que pueden documentarse en el sistema informático municipal”.
Y cita “presuntos delitos” tipificados en el artículo 413 del Código Penal en ámbitos municipales: “En este caso, sospechamos de gravísimas faltas de coordinación que pueden ser precisadas” mediante la reconstrucción de un sistema informático del consistorio murciano. Por lo que recomiendan que la Policía Judicial “reconstruya el sistema informático del Ayuntamiento de Murcia mediante copias de seguridad de cada fecha relevante y nos ofrecemos para facilitarlo técnicamente. De esta forma se conseguiría el expediente administrativo de las licencias completo en su forma virtual”.
“Imprudencia”
El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, se remite al informe de la Policía Científica, “que tardará todavía algunas semanas”, para determinar las causas del siniestro. “Cuando tengamos esa base podremos actuar de la forma que corresponda”. En cuanto a la posible implicación de funcionarios o responsables superiores del Ayuntamiento de Murcia, el fiscal señala a elDiario.es Región de Murcia que habrá que recabar toda la información para ver los trámites que se han seguido y “si ha habido una conducta omisiva o ilegal” englobada dentro del Código Penal por parte de un funcionario.
En cuanto a las indemnizaciones, en el caso de los funcionarios “se establece que la persona jurídica de la que depende el funcionario pueda ser responsable de la indemnización de forma subsidiaria”. Y en el de los empresarios, serían las compañías aseguradoras -si las hubiese- las que harían frente. Si se demostrase que las muertes se han producido por homicidio imprudente las indemnizaciones podrían ascender a los 180.000 euros y las penas de cárcel para los propietarios, a los 9 años.