Ramón Luis Valcárcel, el expresidente de la Región de Murcia, ha acudido al para recoger la notificación del auto de apertura de juicio oral tras ser acusado de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación en el caso de la desaladora de Escombreras.
En declaraciones al diario local La Verdad a la puerta de los juzgados, Valcárcel ha reiterado que en todo momento se ha movido “por el interés general y perseguido el bien común”.
El fiscal presentó escrito de acusación por la “adquisición de la desaladora con enormes sobrecostes por la ilícita operativa y la autorización de convenios de supuestos suministros de agua a los Ayuntamientos gestada, por un lado, y anticipación de compra del 39 por ciento de acciones de DESA en junio de 2010 desligando a la parte privada de la ruina del proyecto y manteniendo el proyecto por otro lado derivando la carga financiera a la CARM”.
Solicita para el expresidente penas que suman 11 años y 6 meses de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Penas que la acusación popular eleva a 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa al séxtuple del dinero defraudado. Ambas acusaciones solicitaban, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado.
Por su parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), como actor civil, exige la responsabilidad civil derivada del delito que concreta en 74.194.332 euros, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta que analiza en su escrito.
Tanto el Ministerio Fiscal como la CARM, explica el auto, fijan dicha cantidad como el perjuicio total en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora. Es decir, “la diferencia económica existente entre los parámetros económicos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa y los cauces por los que ha discurrido con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros”.
Según ha adelantado La Verdad el investigado ha dejado de ser presidente de honor del PP murciano, ya que se ha dado de baja como afiliado del Partido Popular.