La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) llevada al Congreso de los diputados para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica estará presente en el Diálogo de la Asamblea General sobre Armonía con la Naturaleza que las Naciones Unidas realiza cada 22 de abril con motivo del día internacional de la Madre tierra.
La ministra para la Transición ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, abrirá la mesa junto al presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce y el presidente de la 76 sesión general de la Asamblea general de las Naciones Unidas, Abdulla Shahid. En el segundo panel estará presente como ponente Teresa Vicente, una de las promotoras de la ILP, y profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia (UMU).
Para las Naciones Unidas, los valores propios de la ecología económica, como “la imparcialidad, equidad, cooperación, diálogo, y la inspiración mutua” se complementan mutuamente en el viaje a avanzar más allá del periodo antropocentrista: “La filosofía centrada en la tierra hace un llamamiento a la humanidad a escuchar, inspirarse y cuidar del planeta que nos sostiene y reconocer que la naturaleza es una fuente de ley, ética y una guía de cómo debemos gobernarnos”.
“La crisis de esta civilización que pone en peligro todas las formas de vida está fundamentada en un sistema económico injusto y poco ético”, reflexionan desde la organización.
La personalidad jurídica del Mar Menor, a trámite
El colapso ecológico que ha padecido el Mar Menor ha sido causado, especialmente, por la explotación agrícola y ganadera intensivas a su alrededor. El vertido de fertilizantes para los regadíos y los desechos de las granjas porcinas han acabado en las aguas de la laguna filtradas a través del suelo y por el acuífero colindante. También las extracciones ilegales de agua y la desalación sin permiso –cuyo desecho de salmuera ha sido vertido al medio– han puesto clavos en el ataúd ambiental de este hábitat.
En este sentido, el texto presentado para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor incluye “que las acciones y omisiones que dañen al Mar Menor puedan inmediatamente ser perseguidas, sancionada y juzgadas”, señalan sus impulsores. La iniciativa contempla tres figuras para salvaguardar que se cumplan los derechos del espacio natural: un comité de representantes, una comisión de seguimiento y un comité científico independiente.
La esperanza de los promotores es que su texto no cambie demasiado durante los trámites parlamentarios. Una vez superar esta primera etapa, la propuesta debe pasar por el proceso de análisis y posibles enmiendas hasta ser definitivamente votada y, en su caso, aprobada por las Cortes.