Los viandantes a los que sorprendía en la calle el reportero en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia no lo dudaron un instante y no aceptaron el trato. Llevarse fruta y verdura gratis a cambio de envenenar con nitratos a los peces que el periodista había colocado en una pecera al otro lado de la cesta de la compra. Un gesto con el que quería ejemplificar la muerte de los miles de peces que aparecieron en agosto a las orillas del Mar Menor, que volvió a sufrir una crisis de anoxia (falta de oxígeno en el agua) por la entrada de toneladas de nutrientes procedentes del Campo de Cartagena.
El reportaje emitido por el canal de televisión del servicio público de radiodifusión alemana Westdeutscher Rundfunk (WDR) recoge también cómo la cadena alemana de supermercados Aldi ha enviado un cuestionario a las 80 empresas que cultivan sus productos en las inmediaciones de la laguna salada y que están siendo investigadas en el 'caso Topillo' por posible contaminación de la laguna salada. La cadena de supermercados ha señalado en un comunicado que dependiendo de lo que descubran “se atendrán a las consecuencias para futuras colaboraciones” con dichos negocios.
El “caso Topillo” es un procedimiento judicial que busca depurar responsabilidades penales por el estado del Mar Menor con una línea de investigación abierta desde 2017. En él se encuentran implicados un exconsejero regional, dos miembros de las Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) -un presidente y un comisario de aguas- y 41 personas físicas y jurídicas regantes de la zona, habiéndose abierto una pieza separada contra otros 43 regantes.
El presidente de COAG-Cartagena, Vicente Carrión, reconoce a elDiario.es Región de Murcia que “hay preocupación; está claro que la situación no es ni fácil ni cómoda para el sector, pero lo que lamentamos considerablemente es que se trata de una información que no se ajusta a la realidad para nada”. Carrión, al otro lado del teléfono, argumenta que la agricultura que se está realizando en el Campo de Cartagena en la actualidad no genera ningún tipo de contaminación y que “se está cumpliendo la legislación establecida a pies juntillas”. Algo que se puede demostrar, dice, porque todas las producciones que salen del Campo de Cartagena cumplen con las certificaciones de calidad que exigen las cadenas de distribución, para indicar la trazabilidad de los productos. Incluso la mayor parte de los expedientes de las empresas que integraban la lista del caso Topillo, señala, se han archivado “porque no había pruebas suficientes de que estaban haciendo algo ilegal”.
Carrión asegura que la decisión de Aldi “nos ha dejado fuera de juego, no nos lo esperábamos” y señala a algunos grupos ecologistas y vecinales “que han puesto el foco en el sector agrícola culpándonos de la situación del Mar Menor; hace 40 años quizás había unas prácticas que provocaron la contaminación del agua subterránea, y hay soluciones pero tienen que dejar que las pongamos en marcha, de la mano de las dos administraciones, la regional y la central”.
Ramón Navia es agricultor en el Campo de Cartagena e ingeniero y también se encarga de asesorar a empresas agrícolas: “Conozco el tema desde hace muchos años. La Comunidad sacó leyes pero no se han puesto en la práctica, ni siquiera cuando empeoró la situación del Mar Menor en 2016”, se queja. “Llevamos muchos años así y no se ha hecho prácticamente nada, y más ahora con el apoyo de Vox”, opina y añade que a nadie “pueden pillar estas decisiones y posicionamientos por sorpresa; quien siembra viento, recoge tempestades, y aunque parece que ahora se quiere hacer algo, lo que hay que hacer realmente es prohibir los nitratos”.
“Lo único que funciona es la calle”
La legislación, dice, “se ha hecho para el agronegocio, para los grandes” y reconoce que sí que hay agricultores que están cambiando mentalidades e invirtiendo en un cambio a producciones más ecológicas y limpias. “Hay muchos que se están poniendo las pilas, pero otros no”. Y la decisión de Aldi, y si se suman otras empresas, viene por la presión social “porque todas compran porque compran barato y lo único que funciona es la calle y que la gente proteste”.
El pasado viernes por la tarde distintas asociaciones convocaron concentraciones a las puertas de algunos supermercados de Aldi en Murcia, Cartagena y Albacete para apoyar la decisión de esta cadena de investigar “a las empresas que están dañando al Mar Menor, y con el objetivo de que otras cadenas de alimentación se sumen a esta iniciativa; por eso vamos a sugerir a los consumidores que incrementen los productos ecológicos y saludables que terminan en su cesta de la compra”.
Carol Riviere, de la asociación 'Por un Mar Menor vivo', celebra la iniciativa de la cadena de supermercados alemana: “Es una reacción normal en Europa. Como consumidores queremos saber dónde y como llegan nuestros productos a la mesa. Si hay sospechas sobre la responsabilidad medioambiental, mejor te apartas”. “Apoyamos a Aldi en su decisión de apostar por productos que provengan de una agricultura más sostenible. La manifestación se está extendiendo a más ciudades, como Valencia o Madrid”, añade la activista.
“A pesar del cansancio y la frustración no vamos a parar de denunciar la contaminación del Mar Menor”, dice al teléfono Isabel Rubio, portavoz de la Plataforma Pacto Por el Mar Menor. Rubio recuerda que justo ahora hace seis años organizaron como plataforma las primeras jornadas sobre la laguna en la Universidad de Murcia (UMU), antes incluso de que se diera el fenómeno de la 'sopa verde'. “En 2016 denunciamos en Bruselas el incumplimiento de las directivas de nitratos y de aguas, entre otras, y desde entonces, además de la 'sopa verde' hemos vivido dos anoxias con la muerte de toneladas de peces y crustáceos”, apunta.
“En Europa y, especialmente en Alemania, hay mucha conciencia de que no quieren productos que puedan causar la destrucción de un ecosistema”, señala frente a la decisión de Aldi. La revista económica Mercados augura que el rechazo de Aldi se va a extender a otros minoristas en Alemania como Lidl y Edeka.
El pasado octubre más de 70.000 personas desfilaron por la Gran Vía de Murcia en protesta por los vertidos al Mar Menor en una de las manifestaciones más importantes que se han celebrado en la capital y en la que los organizadores, Pacto por el Mar Menor y SOS Mar Menor, pidieron que no hubiera siglas de organizaciones para evitar la confrontación política entre los Gobiernos regional y central. A finales de ese mismo mes los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor entregaron en la Junta Electoral Central de Madrid la cantidad de 639.826 firmas, un 28% más de las necesarias para que dicha iniciativa se debata en el Congreso.
Desde el Gobierno regional se han puesto ya manos a la obra para limar asperezas con los alemanes y que no cunda el ejemplo en otros supermercados o países europeos. El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, pidió esta semana gestionar a través de la Embajada española en Alemania un encuentro con responsables de Aldi y poder informarles a nivel general de la situación del Mar Menor, la calidad de los productos del Campo de Cartagena y los controles y exigencias medioambientales a los que están sometidos.