La madre de una víctima de la red de explotación sexual de menores de Murcia: “No quiero que mi hija sepa que no irán a prisión, se hundiría”

“Un día me llamó la policía y me dijo que habían rescatado a mi hija. Habían encontrado un billete de avión, la banda quería sacarla del país”. Así se enteró Juana (nombre ficticio) de que su hija menor de edad había sido una de las víctimas de la red explotación sexual de la Región de Murcia. Una red cuyos clientes –algunos, empresarios muy conocidos– se librarán de la cárcel tras diez años de retraso en el proceso judicial y un pacto entre la Fiscalía y la defensa. La decisión ha causado el rechazo de organizaciones sociales y partidos políticos.

Hace una década la Policía Nacional encontró a la hija de Juana de un chalet de Zarandona (una pedanía de la capital) regentado por la madame y supuesta traficante de menores R.K.D. Allí, un empresario abusó de la menor. El violador pedía una menor que fuera virgen. Chicas “jóvenes y nuevas”, según detalla el escrito de acusación de la Fiscalía, de 2019 al que ha tenido acceso elDiario.es.

Han pasado dos semanas desde que se llegó al acuerdo de conformidad. Juana se enteró por la televisión de que los empresarios y los miembros de la trama fueron condenados a penas que no superan los dos años por delito. También se enteró de lo que recibirá su hija en compensación por haber sido violada: de 500 a 2.000 euros.

“Después de ver el caso en la tele llamé al juzgado y me dijeron que ya no teníamos que ir”, recuerda la madre de la víctima. Según esta mujer, la Fiscalía nunca consultó a las víctimas sobre el acuerdo al que llegarían con la defensa, donde se aplicó el atenuante de dilaciones “muy cualificadas” y facilitó que las penas que se habían solicitado en un principio, cuatro años de prisión por cada delito, se rebajasen a entre cinco meses y dos años. Fuentes judiciales aclaran que desde Fiscalía no existe la obligación de consultar con la víctima los acuerdos de conformidad: “Ni aquí ni en ningún procedimiento a las víctimas se les llama para escucharlas. Solo se les convoca para ir a juicio y declarar en el caso de no haber conformidad”.

La representación de estas menores, que no tenían acusación particular, dependía enteramente de la Fiscalía. “Nunca nos dijeron que teníamos que buscar un abogado”, señala Juana. De acuerdo con la madre, la joven desconoce todavía que se ha llegado a un acuerdo de conformidad y su contenido. No sabe que sus violadores no irán a prisión: “No quiero que se entere. Me costó mucho que se levantara y que saliera a la calle. Si ella tuviera que revivir todo esto, se hundiría”.

Juana denuncia que la impunidad del caso animará a otros explotadores de menores a continuar con su actividad: “Han visto que es un chollo unirse a un empresario, que irán a la calle y no les pasará nada. Seguro que han seguido actuando y van a actuar otra vez”. La mujer insiste en que “va a haber más víctimas”. “No le deseo esto a ninguna madre”.

Captada en el colegio

“Somos una familia normal”, quiere aclarar Juana. A menudo se asocia a las víctimas de explotación sexual a menores con familias en riesgo de exclusión social o de bajos recursos, pero la madre de la menor subraya que “todas las niñas están en peligro”.

“Habían contratado a una niña en el colegio de mi hija para captar a otras víctimas”, explica Juana. “Yo dejaba a mi hija en la escuela y me iba a trabajar. La niña estaba en el colegio, por eso yo estaba tranquila”, insiste la madre. Las otras menores sufrieron una experiencia similar: fueron captadas en sus centros educativos, discotecas light o anuncios de internet.

“La niña vino con mi hija a casa, me pidió permiso para cuidar de un niño con ella. Le dije que volviera a las siete de la tarde”, recuerda la madre. A la menor la montaron en un coche, donde la amenazaron y la trasladaron al chalet donde abusaron de ella: “Pasaron las horas, las siete, las ocho, las nueve. La llamaba al móvil, pero su teléfono estaba apagado. Volvió tarde, con los ojos hinchados de llorar”.

“Fui a su habitación y le pregunté qué le pasaba, si le había pasado algo al niño que estaba cuidando”, relata Juana. Según la madre, la niña le repetía “mamá, por favor, no puedo hablar, no te puedo decir nada”. Sus captores le dijeron a la menor que si hablaba, matarían a su familia. Sin saber lo que había ocurrido, Juana decidió dar espacio a su hija y esperar al día siguiente para hablar con ella.

La Policía Nacional me dijo que si el juez no llega a dar la orden de entrar al chalet esa misma mañana, los traficantes se habrían llevado a mi hija del país

“No entendía nada. No se cómo no me morí ese día. La Policía Nacional me dijo que si el juez no llega a dar la orden de entrar al chalet esa misma mañana, los traficantes se habrían llevado a mi hija del país. Y que una vez fuera del país, nunca la iba a encontrar”, relata.

A día de hoy, madre e hija no han podido hablar de lo que le pasó: “No hemos podido abordarlo, se pone muy mal”, señala. En la actualidad su hija no sale a la calle sola: “Va con sus hermanos o sus amigas, pero la noto que evitar salir y que prefiere quedarse en casa”, lamenta Juana con disgusto.

La madre ha querido agradecer a los asistentes de la manifestación que tuvo lugar contra el acuerdo hace un par de semanas: “Me dio mucha fuerza ver las manifestaciones, que la gente luchaba con nosotras”. En la concentración varios centenares de personas, frente a la Audiencia Provincial de Murcia mostraron su repulsa por la sentencia “para los siete empresarios murcianos que formaban parte de una red de prostitución de menores de edad”.

Juana afirma que la sentencia le ha hecho revivir todo lo que le ocurrió a su hija. “A mí esto me ha quitado la salud, he ido cayendo, cayendo. Todo me ha venido otra vez”. Pese a esto, la madre va a luchar y le pide a la Fiscalía que “al menos los acusados vayan a la cárcel”.

En octubre está fijada una junta de fiscales, donde el fiscal superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, decidirá con el resto de fiscales si pedirán prisión para alguno de los acusados. Su decisión no es vinculante a la del juez, que tendrá la última palabra sobre si los agresores y miembros de la red irán finalmente a la cárcel.