Maite Mompó, portavoz de Protectores de la Tierra: “Las catástrofes del Prestige y el Mar Menor son dos de los ecocidios más importantes en la historia de España”

Maite Mompó (Albacete, 1967) es activista, profesora, marinera y está licenciada en Derecho. Actual directora de la campaña 'Stop Ecocidio' en España –impulsada por el movimiento global Protectores de la Tierra del que es portavoz a nivel nacional-, encontró la inspiración en la lucha por el medio ambiente a los 11 años, al ver por televisión imágenes de miembros de Greenpeace a bordo del primer Rainbow Warrior, buque insignia de la organización.

Ha dedicado toda su vida a involucrarse en movimientos sociales, siempre relacionados en el ámbito de los derechos humanos, la paz y el medioambiente. En 2006 se embarcó en el segundo navío 'Rainbow Warrior', al que acompañó hasta su retirada en 2011. De sus años como activista en Greenpeace a bordo de varios buques publicó una obra en 2014, 'Rainbow Warriors, historias legendarias de los barcos de Greenpeace', en el que narra desde la convivencia con sus compañeros a bordo, hasta sus experiencias en lugares como la Antártida, Nueva Zelanda o Islas del Pacífico.

Mompó viajó a Murcia hace escasos días para reunirse con plataformas ecologistas que denuncian la acuciante crisis medioambiental del Mar Menor. Su finalidad era que se tratara el tema y animarles a que se conviertan en Protectores de la Tierra y apoyen el único objetivo de la campaña ‘Stop Ecocidio’: reconocer al ecocidio como un crimen dentro del Estatuto de Roma, para que el daño masivo y la destrucción del medio ambiente sea competencia de la Corte Penal Internacional. “Lo que está sucediendo en el Mar Menor es un ecocidio continuado y es necesario contar con la jurisdicción internacional para poder afrontarlo”, afirma.

“La pérdida, el daño o la destrucción extensa del ecosistema o ecosistemas de un territorio determinado, ya sea por la acción humana o por otras causas, hasta un punto tal que el disfrute pacífico de los habitantes de ese territorio se vea -o se verá- gravemente menoscabado”: es lo que se entiende en la actualidad por ecocidio. La definición fue acuñada por la jurista británica Polly Higgins -fundadora de Protectores de la Tierra- en una intervención de 2010 en la Comisión de Derecho de Naciones Unidas. Apodada la ‘abogada de la Tierra’, Higgins dedicó los últimos años de su vida a trabajar por conseguir que se castigaran por vía penal los graves daños al planeta. Falleció en 2019 a consecuencia de un cáncer.

La portavoz del movimiento en España fija como uno de los ecocidios más representativos en el país el del buque Prestige: cargado con 77.000 toneladas petróleo, registró una fractura del casco en noviembre de 2002, generando una marea negra que afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral desde Portugal hasta Francia y del que a día de hoy “aun se pueden ver sus efectos”.

Mompó también ve en la crisis del Mar Menor otro de los ecocidios “más importante en la historia de España”. En octubre se cumplirá un año de la muerte masiva de cientos de miles de especies marinas en la costa de la laguna salada más grande Europa. Una catástrofe sin precedentes que agitó el panorama político y medioambiental a nivel nacional, reavivó la crítica en torno al uso de agropesticidas y vertidos de desechos de la agricultura murciana al Mar Menor.

“Si creamos el crimen internacional penal se podrá apuntar a los responsables directos de un ecocidio: estamos hablando de directores ejecutivos de corporaciones o miembros de gobiernos que dan permiso para que se produzcan estas prácticas. Nadie quiere ser comparado con un criminal de guerra”. La portavoz critica que a día de hoy no sea “ilegal causar daño al planeta si lo que se consigue es de interés económico. Ahora mismo prevalece el dinero sobre la vida”.  En la misma línea, expresa que cuando se ha producido un ecocidio y se ha identificado al actor se le ha demandado por la vía civil y ha pagado la sanción pero “ha seguido contaminando y realizando la actividad porque para ellos es rentable. Algunas corporaciones incluso presupuestan las multas que pueden recibir”.

Tanto Protectores de la Tierra como su campaña han obtenido apoyos en todo el mundo: el abogado de derecho penal internacional y ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, es miembro de la Junta Asesora de la campaña internacional. Además, Greta Thunberg donó 100.000 euros a la Fundación Stop Ecocidio después de la que premiaran con un millón de euros por su lucha contra la crisis climática desde la Fundación Calisto Gulbenkian.

A comienzos de septiembre, una de sus abogadas se reunió con el Papa Francisco para abordar el daño al medioambiente y el ecocidio. De hecho, el pontífice pidió en noviembre pasado -en un discurso ante la Asociación Internacional de Derecho Penal- que el ecocidio se convirtiera en el “quinto crimen contra la paz” en la Corte Penal Internacional.

La campaña tiene presencia tanto en Reino Unido, España como Países Bajos. No obstante, Mompó asegura que se está expandiendo por “todo el mundo a un ritmo muy acelerado”.

Requisitos para convertir el ecocidio en un delito penal y búsqueda de aliados

El Estatuto de Roma, documento que rige la Corte Penal Internacional y que ha sido avalado suscrito por 123 países, recoge cuatro Crímenes Contra la Paz: el genocidio, el crimen contra la humanidad, el  de guerra y el crimen de agresión. Los Protectores quieren que se añada un quinto: “Hacer daño a la naturaleza”. Para poder hacer una enmienda o introducir un cambio, cualquiera de sus países miembros puede presentar la propuesta. La condición es que sea apoyado por dos tercios de sus integrantes. “Si se consiguen, la ley entra en vigor y entra a formar parte de la legislación nacional de todos aquellos países que la ratifiquen”, añade la directora de campaña.

La activista cuenta que cuando Higgins comenzó a investigar en 2009 formas de criminalizar el ecocidio, descubrió que los más proclives a conseguirlo eran los pequeños estados isleños del océano Pacífico, el Índico y el mar Caribe. “Son países que están en la vanguardia de los efectos del cambio climático, por la subida del nivel del mar y por el azote de los grandes ciclones que están produciéndose”. Ante la necesidad de aliados, la jurista británica creó el Fondo Fiduciario de Protectores de la Tierra que ayudara a financiarlos, caracterizados por una estructura económica empobrecida: “Lo que se recauda va destinado a su apoyo técnico y legal”. En la última asamblea anual de los miembros del Estatuto de Roma, los representantes de Vanuatu y de las Maldivas solicitaron expresamente que se estudiara incluir el ecocidio como un crimen contra la paz.

La campaña ‘Stop Ecocidio’ dispone de un equipo de juristas, del que forma parte Baltasar Garzón, que trabajan la base legal para presentar esta propuesta. “Estamos trabajando con abogados especialistas en derecho internacional público para crear un borrador consensuado”. A día de hoy, Protectores de la Tierra tiene más de 17.000 adscritos a su causa. Además, acaban iniciar una petición internacional para que los gobiernos del mundo apoyen la creación del crimen internacional de ecocidio. Mompó recuerda que cualquier persona puede convertirse en Protector de la Tierra y asegura que aprobar esta ley “puede cambiar el rumbo de la historia, porque va a cambiar nuestra relación con el planeta”.