Las únicas cuatro regiones que no mantuvieron litigios con el Gobierno central o viceversa ante el Tribunal Constitucional en 2014, según la Memoria de dicha institución, estaban gobernadas por el Partido Popular. Así, la Región de Murcia, junto a Baleares y las dos Castillas, fueron las autonomías menos incómodas durante el pasado ejercicio.
En 2014 se interpusieron sesenta recursos de inconstitucionalidad, de los que 35 fueron promovidos por Gobiernos y Parlamentos autonómicos contra leyes o normas con rango de ley estatal, 16 fueron interpuestos por el presidente del Gobierno central frente a normas autonómicas con rango de ley; 8 fueron presentados por diputados y senadores -seis frente a leyes estatales y dos frente a leyes autonómicas- y uno fue promovido por el Defensor del Pueblo. Además, se plantearon 141 cuestiones de inconstitucionalidad, de las que 87 fueron planteadas por los tribunales superiores de justicia -76 respecto de leyes estatales y 11 en relación con normas autonómicas con rango de ley-.
Los juzgados de los distintos órdenes jurisdiccionales plantearon 42 cuestiones -32 relativas a leyes estatales y 10 a autonómicas-; la Audiencia Nacional, 6 cuestiones -5 respecto de leyes del Estado y una sobre una norma autonómica-; el Tribunal Supremo planteó 5 -dos sobre leyes estatales y tres sobre leyes autonómicas- y las audiencias provinciales promovieron 2 cuestiones, ambas sobre leyes estatales.
Cataluña, con once leyes estatales impugnadas, cinco normas autonómicas cuestionadas y tres conflictos positivos de competencias interpuesto por la Generalitat, fue la más belicosa, seguida de Andalucía, con ocho leyes estatales impugnadas, una autonómica y un conflicto planteado por el Gobierno central.
A lo largo de 2014 se pronunciaron un total de 46 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto normas con rango de ley de las comunidades. Si bien la mayoría de estas sentencias se pronunciaron sobre el fondo de las controversias suscitadas, la Memoria señala que en dos ocasiones se apreció la pérdida sobrevenida parcial de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad en la medida en que versaba sobre un precepto legal autonómico ya anulado por una sentencia anterior.
En estas sentencias el Tribunal declaró la inconstitucionalidad de cinco leyes autonómicas en su integridad. En 2014 se dictaron 20 sentencias en conflictos positivos de competencia y en diez se formularon votos particulares. El Tribunal Constitucional no contabiliza los ocho recursos de inconstitucionalidad promovidos por diputados o senadores ni el único recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo.
En el caso de la Región de Murcia, el último ejemplo ue la sentencia de 2012 por la que el Tribunal Constitucional declaró nula e inconstitucional la disposición adicional octava de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, con la que en su momento se desprotegieron unas 15.000 hectáreas de espacios naturales, principalmente en la zona litoral, permitiendo proyectos que incluían parte de dichos terrenos y que hoy están paralizados, como el de Marina de Cope.