Pacto por la Regeneración en la Región de Murcia ha anunciado una concentración contra el veto parental el próximo martes, a las 19.00 horas, ante la sede del Palacio de San Esteban.
Su portavoz, Jerónimo Tristante, se ha dirigido este miércoles a los padres y madres de la Región “para desmontar la polémica” del 'pin parental'. “Hágase una pregunta: ¿tengo constancia de que en el centro donde estudia mi hijo o mi hija haya tenido lugar alguna actividad inadecuada? ¿Yo, que soy padre o madre, conozco al maestro o a la maestra de mis hijos, tengo confianza en ellos y sé que son buenos profesionales?”, se ha cuestionado.
Si la repuesta es que no se han llevado contenidos inadecuados a las aulas, Tristante se plantea para qué “necesitamos meternos en la autonomía de los centros, asumir el discurso de la ultraderecha y dejar de asegurar los derechos de los menores a que se les trasvasen los conocimientos constitucionales que marca la Lomce”.
Desde Pacto por la Regeneración se niegan, han señalado, a que los menores de Murcia sean “objeto de un experimento de la ultraderecha más rancia” con el 'pin parental'. Esta medida conlleva, además, “un caos organizativo en los centros y va a terminar radicalmente con las actividades de todo tipo, además de poner en duda la legitimidad y honradez del profesorado”.
Con esta medida, ha considerado Tristante, se está exportando una imagen ante la opinión pública nacional de Murcia “como la Comunidad más atrasada”.
Han exigido al Gobierno regional que pida disculpas a los profesores de la Comunidad “por las barbaridades que hemos escuchado estos días”, en referencia por ejemplo al consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, cuestionando a este respecto si en los institutos hay charlas sobre las pseudociencias. “No, consejero, no las hay, porque los profesores somos físicos, matemáticos, filólogos, biólogos...”.
Por otra parte, Tristante ha aclarado que la Lomce no puede ser sustituida por una instrucción de la Consejería de Educación. “Esa ley, aprobada con mayoría absoluta por el PP, contiene unos valores que hay que transmitir tanto en la docencia directa como con actividades complementarias que además son evaluables y complementarias; y son unos valores que aprobó el PP y no la ultra izquierda y que son asumibles por todo el espectro político porque emanan de la Constitución”.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Juan González, Paqui López, ha criticado en rueda de prensa junto a Jerónimo Tristante que fue el PP “quien expulsó a las familias del sistema educativo con la Lomce y es esperpéntico que nos vendan la moto de que podemos elegir sobre unas actividades concretas, queremos participar de verdad como miembros de la comunidad educativa”.
El PP, ha dicho Tristante, “se esta pegando un tiro en el pie boicoteando una ley que han desarrollado e incumpliéndola; esto en los tribunales no se sostiene porque una directiva no puede contravenir una ley de rango superior, en este caso nacional”.
El Ministerio de Educación confirmó el pasado jueves que recurrirá ante los tribunales la directiva del Gobierno murciano de principios de curso en la que se establece la necesidad de informar a los padres de las actividades complementarias de los centros escolares de la Comunidad. La cartera dirigida por Isabel Celáa señaló que esta norma “vulnera los derechos de los alumnos y alumnas” al “socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado”.
Objeción de conciencia encubierta
El Ministerio indicaba que el alumnado tiene “la obligación” de asistir a las actividades complementarias programadas por los centros educativos, entre ellas las de diversidad afectivo-sexual, precisamente a las que se dirige la imposición del 'pin parental'. “El veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una 'objeción de conciencia encubierta' que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española”, señala Educación.
La aplicación de esta directiva fue una de las exigencias de Vox para apoyar la investidura del presidente Fernando López Miras. El partido de la extrema derecha, además, ha querido endurecer esta medida a través de un decreto como moneda de cambio a su voto positivo para sacar adelante las cuentas de la Comunidad.