El personal de ordenanza de la Biblioteca Regional de Murcia (BRMU), así como varios sindicatos -CCOO, FSES, UGT e Intersindical- y los propios técnicos de la institución se manifestaron a las puertas de la misma el pasado viernes con pancartas que rezaban consignas como: “Esto es una injusticia, la venganza del Gobierno Regional”; “El juez dicta, la función pública desobedece” o “Represalias por defender nuestros derechos laborales”. Once de estos puestos fueron suprimidos de la noche a la mañana.
Ordenanza es como se conoce al empleado cuya función -en términos generales- es mantener el orden y la organización en su lugar de trabajo. La Biblioteca Regional, hasta mediados de marzo de 2024, contaba con once empleados que desempañaban diversas funciones bajo la categoría de ordenanza de biblioteca, algunos de ellos desde hace 24 años.
El año pasado los ordenanzas de la BRMU ganaron una demanda a la Administración Regional en la que se reconocía que estos empleados venían desarrollando funciones superiores a las que les correspondía, tales como la atención a usuarios de forma presencial y telefónica; gestión de préstamos y devolución de colección o reparación de ejemplares deteriorados. En resumen, tareas propias de un auxiliar de apoyo en la Biblioteca que, además, ejercían por petición expresa de la dirección.
Complemento y retroactividad
El fallo de la demanda obligó a la Administración a reconocer a estos empleados -en su gran mayoría, mujeres- el complemento específico correspondiente a las funciones que excedían el puesto de ordenanza, además de abonar los complementos salariales dejados de percibir por la realización de dichas tareas con una retroactividad de cinco años.
Existiendo la posibilidad de ajustar las condiciones legales y técnicas a las funciones que las ordenanzas venían desempeñando desde hace más de dos décadas, la respuesta de la Administración fue, en un primer momento, apartar a las trabajadoras de las tareas propias de auxiliar de apoyo para, finalmente, suprimir la totalidad de plazas de ordenanza de la BRMU y sustituirlas por cuatro nuevos puestos de auxiliar de biblioteca, uno de técnico de gestión y otro de técnico superior, bajo términos de “profesionalización del servicio a los usuarios”.
En declaraciones realizadas a elDiario.es los ordenanzas aseguraron que “la supresión de sus plazas de trabajo ha sido solicitada por el director de la Biblioteca Regional en un informe que nunca llegó a compartir con ellos”, negándoles la posibilidad de negociación y presentándolo directamente a la Mesa Sectorial de Administración y Servicios –donde se dan las negociaciones entre Administración y sindicatos sobre cuestiones relativas a la Administración Regional- conformada en este caso por la Función Pública y los sindicatos CCOO, FSES, UGT e Intersindical.
Los distintos sindicatos acudieron a la mesa alegando la antigüedad en el puesto de muchas de estas empleadas y las repetidas veces que la justicia les había dado la razón, presentando como solución la modificación progresiva del puesto de ordenanza a auxiliar de biblioteca en base a la próxima jubilación de varias de estas trabajadoras, evitando así la supresión y traslado directo de su puesto de trabajo con el agravio personal y laboral que esto supone. La Administración se mostró inflexible y, frente a esta posición, los sindicatos abandonaron la Mesa Sectorial y la función pública aprobó la supresión de las plazas de ordenanzas y creación de otras cuatro de auxiliar y dos de técnicos, remitiéndolo directamente al BORM.
“Valentía de ir a los tribunales”
Los representantes de los distintos sindicatos manifestaron que “la Biblioteca Regional es la joya de la corona de la Comunidad, estas trabajadoras llevan décadas realizando un trabajo excelente reconocido por la propia Administración en la reunión que mantuvimos, y suprimir estos puestos de trabajo significa perder el capital cultural y la profesionalización de tantos años”.
También hicieron alusión a la escala que ocupa el puesto de ordenanzas en la jerarquía profesional de la BRMU: “El puesto de ordenanzas es la categoría profesional más baja de la Biblioteca, y desde esta categoría han ocurrido dos cosas: ha habido una sentencia a favor de unas trabajadoras que han tenido la valentía de ir a los tribunales para reclamar sus derechos y han sido apoyadas por sindicatos y técnicos de la biblioteca. El mensaje de la Administración es claro: si como trabajador acudes a tribunales y haces que sindicatos y trabajadores te apoyen, te vamos a echar de tu puesto de trabajo y te vamos a reubicar en otro sitio”, aseguró Nacho Álvarez, representante de Intersindical.
Tanto sindicatos como el propio personal empleado de la BRMU aseguraron que esta decisión, lejos de responder a una mayor profesionalización, es “la represalia por haber ganado un juicio en el que demostramos que somos profesionales expertas de la Biblioteca” y subrayan su descontento e indignación con el director de la BRMU, Juan José Lara, que “ni ha querido ni ha sabido defendernos, mucho menos negociar ni mostrarnos ningún respeto”.
“Nos sentimos utilizadas, humilladas y menospreciadas. El desconsuelo es tremendo y la desconfianza en la Administración Pública también, hemos trabajado durante años para ellos y se han ahorrado mucho dinero durante mucho tiempo porque nuestro salario correspondía a una categoría inferior a las funciones que realmente desempeñábamos, y cuando exigimos nuestros derechos nos dan la patada en el culo”, declaraban varias de las trabajadoras durante la manifestación.
La dirección de BRMU habla de “cumplimiento de la sentencia”
El actual director de la BRMU, Juan José Lara Peñaranda, fue nombrado hace dos años por la Consejería de Educación y Cultura, que en aquel momento estaba a cargo de Mabel Campuzano (Vox).
Lara, en declaraciones a elDiario.es Región de Murcia, aseguró que “debido a la condición de funcionario de los once ordenanzas, ninguno perderá su trabajo, sino que serán trasladados a otros puestos de trabajo homólogos en el municipio de Murcia” en lo que denomina “una reubicación forzosa”.
“Lo que hace la Biblioteca Regional con esta medida es dar perfecto cumplimiento a la sentencia donde se determina que la Administración debe tomar las medidas pertinentes para que un funcionario no realice labores que no le corresponden en su cuerpo y escala”, explicó el director.