Elementos hoy tan comunes -y nocivos para el medio ambiente- como las bolsas de plástico o las cápsulas de café tienen fecha de caducidad en Navarra: la nueva ley foral de Residuos las prohibirá a partir de 2020. La legislación es clara al explicar que la inclusión de material reciclado en las bolsas de plástico “no evita el perjuicio ambiental”, y defiende sustituirlas por otras biodegradables o compostables como las de papel.
La nueva ley incluye otras medidas vanguardistas que la ciudadanía percibirá en su día a día: los establecimientos de hostelería y restauración deberán ofrecer “siempre” a sus clientes la posibilidad de tomar agua del grifo “de forma gratuita y complementaria a la oferta del propio establecimiento”.
El pleno del Parlamento de Navarra aprobó el jueves, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y los votos en contra de UPN, PSN y PPN, la ley foral de Residuos y su fiscalidad, que incide en la apuesta por prevenir, reutilizar y reciclar y hace obligatoria la recogida selectiva de la fracción orgánica doméstica y comercial a partir del 1 de enero de 2022.
En tres meses comenzarán a percibirse cambios que se prometen progresivos pero sin vuelta atrás: entonces quedará prohibida la entrega gratuita de bolsas de plástico en Navarra, incluida la venta on line, un tanto difícil de controlar por las autoridades. Respecto a los productos envasados en monodosis o cápsulas de un solo uso, la ley justifica su prohibición en 2022 porque si no son reciclables “generan residuos que actualmente no tienen tratamiento”. La medida también afectará a los platos, vasos, tazas y bandejas alimentarias desechables de plástico, excepto aquellas de material biodegradable.
La ley foral remitida por el Gobierno tiene por objeto “prevenir la generación de residuos, mejorar su gestión, avanzar en la economía circular y profundizar en la lucha contra el cambio climático”, todo ello para, en consonancia con el plan de Residuos de Navarra 2017-2027, alcanzar las metas establecidas en la normativa europea.
Como cuestión capital, la ley aborda la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos domésticos y comerciales, que se hace obligatoria para toda la población de Navarra desde el 1 de enero de 2022. El objetivo es llegar a destinar en 2020 el 50% en peso a compostaje o biometanización y el 70% en 2027. El contenido máximo de impropios de la fracción orgánica recogida selectivamente no deberá superar el 20% en peso en 2020, el 15% en 2022 y el 10% en 2027.
La norma aspira a que el 1 de enero de 2027 la cantidad de residuos domésticos y comerciales vertidos no supere el 25% y que a final de ese mismo año la proporción de deshechos preparados para la reutilización y el reciclado alcance en conjunto no menos del 75% en peso.
Ente público de residuos
Por otro lado, las entidades locales y la administración de la Comunidad foral crearán conjuntamente el nuevo Ente Público de Residuos de Navarra, encargado de gestionar el desarrollo y vigilar el cumplimiento de la normativa.
Entre los compromisos de las Administraciones se incluye el deber de planificar qué hacer con los residuos que se generen en sus instalaciones y en las de los edificios que reciban fondos públicos. Se trata de “potenciar el carácter ejemplarizante” del sector público en la aplicación de los programas aprobados, apunta la normativa.
A la hostelería se le atribuyen una serie de objetivos mínimos de reutilización, de modo que para el año 2028 la cuota de aprovechamiento de envases deberá alcanzar al 40% de las aguas, al 80% de las cervezas y al 70% de las bebidas refrescantes.
Fiscalidad de implantación progresiva
En lo referente a la fiscalidad y para asegurar la financiación de esta nueva política de residuos, el proyecto establece el impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración, con el fin de fomentar la reutilización y el reciclado. Se penaliza económicamente la generación de residuos, en otras palabras.
A tal fin, los tipos de gravamen serán de 5 euros por tonelada en el ejercicio de 2018 y 10 en 2019. A partir del enero de 2020, tras finalizar el periodo de “implantación progresiva dirigido flexibilizar el impacto” del tributo, se llegará a los 20 euros por tonelada.
Asimismo, los municipios que acojan de infraestructuras o instalaciones de gestión de residuos recibirán indemnizaciones a modo de “compensación por la carga ambiental y social adicional”. Por último, se anuncia un nuevo tributo para, a partir del 1 de enero de 2023, gravar el transporte de residuos domésticos con destino a infraestructuras de eliminación o incineración. El propósito es “evitar desplazamientos indeseados dentro y fuera del territorio navarro”.