Asumir en exclusiva el barrio navarro de Erripagaña, en el que en la actualidad gobiernan cuatro alcaldes, costaría a Pamplona 3,8 millones de euros al año. Es la principal conclusión del informe realizado por área de Hacienda y Contratación Pública del Ayuntamiento de Pamplona. Los 12.500 vecinos de este barrio, que también pertenece a Burlada, Huarte y Valle de Egüés, llevan años reclamando que sea un único ayuntamiento el que les gobierne para así poder contar con servicios básicos como un centro de salud o una escuela pública, de los que ahora carecen porque ninguno de los cuatro municipios se los concede. Hace unas semanas la Cámara de Comptos, el tribunal de cuentas navarro, señaló como solución “más razonable” que el barrio pasase a pertenecer a Pamplona o Burlada, los dos municipios de mayor tamaño.
Ahora, un informe del Consistorio pamplonés, cuyo alcalde, Joseba Asiron (EH Bildu) ha mostrado su predisposición a asumir la totalidad del barrio, estima en 3,84 millones de euros los costes anuales asociados a los servicios y dotaciones que implicaría el aumento de población (hasta 15.000 personas), mientras los ingresos se situarían en 3,7 millones. La idea del Ayuntamiento es que este documento sirva para “apoyar el proceso participativo que debería definir el futuro del barrio en el horizonte de la primavera-verano de 2025”, informan desde el consistorio.
Los datos se han calculado sobre una proyección de la población actual, con 10.093 personas empadronadas, que serán 15.712 cuando finalice el desarrollo urbanístico previsto en el Plan Sectorial de Incidencia Municipal aprobado en 2004. En la actualidad, la población se encuentra en una situación de fragmentación administrativa que ha ocasionado malestar en el vecindario, principalmente por la lentitud en el desarrollo y puesta en marcha de los espacios dotacionales.
Según el ejercicio teórico desarrollado en el informe, si Pamplona absorbiera la gestión de la totalidad del barrio, los ingresos corrientes (impuestos, tasas y transferencias) se incrementarían hasta los 3.735.382 euros. Este cálculo está realizado sobre las cifras de impuestos periódicos recogidos en el informe emitido el pasado 20 de septiembre por la Cámara de Comptos sobre la situación de Erripagaña. Comptos no tiene en cuenta que los tres municipios de la comarca aplican tipos impositivos y tarifas distintas en tributos como la contribución, que en Pamplona tendrá un tipo impositivo del 0,25% el próximo año. Ajustando ese dato, los ingresos por recaudación de impuestos y tasas alcanzarían 1.305.345 euros.
En cuanto a las transferencias corrientes, cambiarían las recibidas del Fondo de Participación de Haciendas Locales en los tributos forales y, específicamente, del fondo general dentro del Fondo de Transferencias Corrientes. Así, de producirse la incorporación del barrio, Pamplona recibiría, con base en los datos del informe de Comptos, 2.430.037 euros, con lo que el total de ingresos sumaría 3.735.382 euros. Eso sí, el trabajo realizado por Hacienda apunta a que, al ser un ejercicio teórico, algunas de las variables que se manejan (población, transferencias o cargas) podrían variar lo que finalmente repercutiría en una modificación de los ingresos totales.
En el capítulo de gasto, las máximas en las que se basa el informe son, básicamente, dos: por una parte, la obligación que asumiría Pamplona de ejecutar los planes en materia de infraestructuras dotacionales que ya han impulsado otros ayuntamientos y, por otra parte, el impulso de las dotaciones que le corresponderían al barrio por estar en Pamplona (se baraja la idea de un civivox que pudiera incluir también otros servicios). Respecto al primer apartado, aún no se sabe el importe de esas planificaciones, pero se ha hecho un ejercicio de proyección sobre un polideportivo medio con un gasto de funcionamiento anual de 353.500 euros; respecto al segundo, se toma como referencia teórica el civivox de Mendillorri, con un gasto de funcionamiento anual de más de 620.000 euros.
Aún en materia de dotaciones, Pamplona asumiría también la interlocución única y directa con el Gobierno de Navarra para dinamizar la llegada de las dotaciones que corresponderían a esta administración; básicamente el Centro de Salud y la escuela 0-3 años.
Otro de los aspectos que se abordan en el estudio se refiere al aumento de las contribuciones que el Ayuntamiento de Pamplona debería asumir por el incremento de la población respecto a las aportaciones que hace Pamplona para sostener servicios mancomunados. El mayor concepto en este apartado sería la aportación a la financiación del déficit del Transporte Urbano Comarcal. El área de Hacienda calcula que un incremento de población de aproximadamente 10.000 personas, supondría para Pamplona un incremento de la aportación a la financiación del déficit del servicio de 220.769 euros.
La alteración de los términos municipales supone modificar los contratos de gestión de servicios públicos para asumir las nuevas necesidades derivadas del incremento de territorio, infraestructuras y población. Para calcular esos gastos, el informe municipal ha utilizado como referencia los precios actuales de las contratas públicas que prestan servicio en Pamplona, precios que habría que actualizar en función del momento en que se realice la absorción.
El mantenimiento de las zonas verdes, según la información aportada por los tres ayuntamientos comarcanos y el estado actual de conservación, costaría, aproximadamente, 273.346,95 euros, incluyendo en esta cantidad el personal, la maquinaria, equipamientos y mantenimiento. La limpieza viaria afectaría a unos 150.000 metros cuadrados, por un importe de 267.785 euros e incluiría los mismos conceptos (personal, maquinaria, etc.) Por su porte, el alumbrado público supondría 396.637 euros, incluyendo mantenimiento, consumo y migración a tecnología LED. En cuanto a la limpieza de la vía pública, el informe cuantifica en torno a 270.000 euros anuales la prestación del servicio.
El apartado de Servicios Sociales (personal, unidad de barrio y gastos de funcionamiento) supondría 453.325,96 euros, a los que se sumarían otros gastos de naturaleza social relacionados con el incremento de la población, como ayudas de emergencia, comedor social o becas comedor que no se incluyen en el estudio ya que resultan de difícil cuantificación con los datos disponibles.
Para la Policía Municipal y teniendo en cuenta la Ley Foral 23/2018 y las características del servicio prestado en Pamplona, se calcula que harían falta un máximo de 20 agentes más para dar servicio a una población de 15.000 personas, con un coste asociado de 1.204.620 euros. Esta cantidad incluye tanto el coste salarial, como el vestuario, el equipamiento y el renting de vehículos adicionales. Finalmente, el informe también incluye una estimación de gasto en servicio de acción comunitaria, con una inversión dotacional de 22.395,54 euros y un gasto de 53.005,54 euros.
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