Educación para la Economía

Últimamente, parece que en muchos aspectos se impone la legalidad y la inevitabilidad, en detrimento de lo legítimo y lo razonable. La Economía es un buen ejemplo, pero hay otros que también sufren los embates de la irracionalidad, como la Educación. Hace unos días, la CNMV y el Banco de España, con la colaboración de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y avalado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, siguiendo las recomendaciones de la OCDE y PISA, impulsaron el Programa de Educación Financiera (voluntario) en la enseñanza secundaria.

Sea voluntario o no (y seguro que es pedagógico), lo que evidencia este programa es el acoso constante que sufrimos los estados y los ciudadanos, desde distintos organismos económicos nacionales e internacionales, para que seamos consumidores “responsables” de los productos financieros presentes y futuros. Nos preparan para afrontar un modelo económico y social heredero de la concepción individualista y burguesa de la sociedad decimonónica: el Estado liberal. Un modelo donde el poder político ha sido reducido al límite de sus competencias y basa toda su legitimidad en la libertad de los individuos (que, ahora, aprenderán a racionalizar sus escasos recursos porque saben que el Estado no les ayudará).

El pacto social inaugurado con Hobbes y Locke no consintió ninguna cláusula de tipo distributivo y, aunque más tarde Rawls admitirá cláusulas de distribución de bienes que impidieran situaciones de excesiva injusticia, en lo fundamental coinciden: la sociedad es derivada y secundaria. Lo primero y principal es el individuo, un ser independiente y soberano que decide, mediante pacto entre iguales, abandonar su estado de naturaleza. El individuo, nada le debe a nadie, sino que cada uno se lo debe todo a sí mismo, y a su capacidad de esfuerzo y superación. La principal función del Estado será la salvaguarda de los derechos individuales de libertad y de propiedad. El resto de las necesidades humanas, salvo casos de extrema necesidad, o de beneficencia, las proporcionará de forma eficiente el mercado y sus mecanismos de control. Esta ideología reduccionista que niega todos los valores humanos (compromiso, equidad, empatía, solidaridad, compasión) sin los cuales es difícil que se desarrolle la persona en sociedad, es el mito fundacional del Estado liberal. Un ideario hoy hegemónico que ha perdurado, con ligeros matices, desde sus orígenes hasta nuestros días.

Este ideario ha posibilitado la Gobernanza de un gobierno mundial informal (el G-7; formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), que impone sus reglas del juego económico al resto de países. Además, se ha desarrollado una Lex Mercatoria (que identifica un conjunto normativo disperso, con carácter supranacional, que goza de un alto grado de autonomía respecto a los ordenamientos jurídicos estatales. Constituye el grupo de reglas adecuadas para la regulación de las relaciones económicas internacionales, especialmente de los contratos internacionales, a los que se puede aplicar directamente en lugar de las disposiciones de los ordenamientos nacionales) global, capaz de articularse de forma autónoma, en respuesta a las grandes corporaciones transnacionales que necesitan liberarse de las rigideces estatales en el tráfico mercantil. Mientras la economía se globaliza, las instituciones democráticas que tutelan los derechos de las mayorías se ubican en un espacio subordinado y marginal (consideradas menores de edad que han de ser asesoradas en asuntos económicos). Las instituciones económicas globalizadas sustituyen el control democrático por la regulación opaca del comercio global.

Cuando la ideología neoliberal se pone en práctica, aumenta el trato de favor que los Estados dispensan a los bancos y a las grandes multinacionales, se beneficia a los más ricos y poderosos al reducir sus cargas fiscales mientras crecen las de las clases medias y bajas. Esto produce, a su vez, un aumento del poder de unos en detrimento de otros. Lo podemos calificar como queramos, pero el uso conjunto de corporatocracia (el gobierno de las grandes corporaciones) y plutocracia (el gobierno del dinero y de los ricos) describe muy bien el escenario: un Estado comprado e informalmente gobernado (y, en algunos casos, incluso formalmente) por los más ricos y por las grandes empresas. Esto no creo que lo enseñen en las escuelas.

Últimamente, parece que en muchos aspectos se impone la legalidad y la inevitabilidad, en detrimento de lo legítimo y lo razonable. La Economía es un buen ejemplo, pero hay otros que también sufren los embates de la irracionalidad, como la Educación. Hace unos días, la CNMV y el Banco de España, con la colaboración de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y avalado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, siguiendo las recomendaciones de la OCDE y PISA, impulsaron el Programa de Educación Financiera (voluntario) en la enseñanza secundaria.

Sea voluntario o no (y seguro que es pedagógico), lo que evidencia este programa es el acoso constante que sufrimos los estados y los ciudadanos, desde distintos organismos económicos nacionales e internacionales, para que seamos consumidores “responsables” de los productos financieros presentes y futuros. Nos preparan para afrontar un modelo económico y social heredero de la concepción individualista y burguesa de la sociedad decimonónica: el Estado liberal. Un modelo donde el poder político ha sido reducido al límite de sus competencias y basa toda su legitimidad en la libertad de los individuos (que, ahora, aprenderán a racionalizar sus escasos recursos porque saben que el Estado no les ayudará).