El reto fiscal y laboral de una izquierda en pie

En las últimas décadas los gobiernos del PP y PSOE en España y UPN en Navarra han ido introduciendo paso a paso reformas neoliberales en la legislación tributaria y laboral. Reformas que en el sistema fiscal han llevado a una fuerte infratributación de los beneficios empresariales y de capital y que en materia laboral han ido eliminando derechos y conquistas anteriores de la clase trabajadora.

Solamente en los últimos años con la llegada de gobiernos con programas orientados hacia la izquierda (en 2015 en Navarra y 2019 en España) se ha comenzado a cambiar esta política.

En los últimos 20 años en Navarra la aportación a la recaudación fiscal de los diferentes impuestos se ha desequilibrado gravemente en contra de las rentas del trabajo y a favor de los beneficios empresariales. La recaudación por IRPF ha pasado de representar el 29,7% en el año 2000 al 42,4% en el 2020. Por el contrario la recaudación por el Impuesto de Sociedades ha pasado del 13,4% del total en 2000 a solo el 6,84% en 2020.

Esto es algo que incluso se publicita en la página web de la empresa pública Sodena presentando un impuesto en línea con las mismas prácticas desfiscalizadoras que aplica el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid y que con tanta razón critican allí los partidos de izquierda.

En esta página web se detallan los privilegios fiscales de que disfrutan las empresas en Navarra: deducciones en cuota y en base fiscal superiores a las vigentes en España, tipos impositivos inferiores a la media española o amortizaciones más favorables que las estatales. 

Lo cierto es que en Navarra y en España las familias a través del IRPF, impuestos indirectos y especiales soportan una presión fiscal muy superior a la de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades. 

Por encima del 12% familias, autónomos y pymes, y por debajo del 5% grandes empresas y grupos empresariales como acreditan los datos que cada año hace públicos la Agencia Tributaria.

En materia laboral las reformas de los gobiernos del PSOE en 2010 y del PP en 2012 erosionaron y eliminaron derechos de trabajadores y trabajadoras.

El 28 de diciembre pasado el Gobierno de España de coalición PSOE-UP aprobó el Real Decreto-ley 31/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral. Una reforma acordada en el programa del gobierno de coalición y comprometida con la UE para acceder a los fondos de recuperación europeos.

Estamos ante una reforma laboral con claroscuros, no es la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP pero si contiene mejoras significativas hacia una mayor estabilidad en el empleo y un reforzamiento de la negociación colectiva.

La recuperación de la ultraactividad de los convenios, la prevalencia del convenio sectorial en materia de salarios sobre el de empresa cuando en este son inferiores o el acotamiento de la contratación temporal a unos supuestos tasados y con limitaciones claras son contenidos de la reforma positivos y que suponen una recuperación de derechos para la clase trabajadora.

Dado el alto nivel de fraude existente en la contratación la nueva legislación deberá venir acompañada de un reforzamiento de la inspección de trabajo para cumplir el objetivo de reducir las muy elevadas tasas de temporalidad.

Aunque queda mucho camino por recorrer para poder afirmar que hemos pasado página a la precariedad esto es un elemento positivo.

Sin embargo no se derogan partes esenciales de la reforma de 2012 del PP  que han hecho mucho daño a trabajadores y trabajadoras. 

Se mantiene la fuerte reducción de la indemnización por despido, no se recupera la autorización administrativa de los EREs ni tampoco los salarios de tramitación. Se mantiene también intacta la capacidad de la empresa, ante meras previsiones a la baja de sus expectativas, para incumplir el convenio sin pacto previo y devaluar así  las condiciones laborales y salariales de la plantilla. 

Esto es lo que la CEOE llama ¨flexibilidad interna¨ y cuya no derogación ha sido clave para que la patronal diera su apoyo a la reforma.

Esta llamada ¨flexibilidad interna¨ es un ataque frontal a la negociación colectiva y fue una herramienta decisiva para imponer a la clase trabajadora una devastadora devaluación salarial y laboral a partir de 2012.

No haber conseguido su derogación supone mantener una bomba de relojería a disposición de las empresas, una espada de Damocles sobre las cabezas de las plantillas.

En este nuevo año que acaba de arrancar una izquierda en pie debe proponer y defender, en la calle y en las instituciones, una profunda reforma fiscal sobre los beneficios empresariales y de capital así como la derogación de elementos centrales de la reforma laboral del PP que la CEOE y la derecha quieren dar ahora por consolidados.

La reforma fiscal es inaplazable, el sostenimiento de una sanidad pública de calidad y de todo lo que se ha avanzado en la construcción del estado social (educación, pensiones, atención a la dependencia, lucha contra la pobreza y desigualdad…) está en juego.

El endeudamiento público y unas políticas monetarias expansivas han sostenido en la última década y de forma más intensa durante la pandemia el gasto público, pero ahora se van a ir recortando a corto y medio plazo. 

El BCE ha anunciado que a partir de marzo próximo reducirá sensiblemente su programa de compra de deuda pública, que es lo que ha permitido a España endeudarse fuertemente en estos dos años últimos a tipos de interés muy bajos. 

En el debate de los presupuestos de Navarra para 2022 Izquierda-Ezkerra presentó enmiendas para una reforma fiscal del Impuesto de Sociedades. El Gobierno de Navarra se opuso y durante toda la legislatura ha venido rechazando cualquier reforma real y efectiva de la tributación de los beneficios empresariales. El Gobierno de España hasta el momento se ha negado también a poner en marcha esta reforma.

Pero el tiempo se va agotando y es necesario tomar decisiones.

La alternativa será de forma cada vez más apremiante recortes o reforma fiscal. La izquierda, una izquierda en pie, debe ya dar una repuesta a esta encrucijada.

En línea similar la izquierda debe oponerse firmemente a la pretensión de la derecha y la CEOE de dar por consolidados los contenidos no derogados de la reforma laboral del PP, en especial el coste del despido y los que ponen en manos de las empresas la capacidad de incumplir los convenios y devaluar salarios y condiciones laborales.

La izquierda no debe en ningún caso resignarse a que lo que la patronal y la UE llaman ¨flexibilidad interna¨ forme parte definitiva y pacífica de la legislación laboral. Desde ya debe fijarse como objetivo de su lucha y movilización su derogación. 

Estos deben ser en 2022 objetivos y propuestas de una izquierda en pie, en España y en Navarra.

Firman este artículo: Marisa de Simón, Iñaki Bernal, Pilar Gastón, José Miguel Nuin, Virginia Guerra, Javier Barinaga, Leyre Azcona, Oswaldo Garcia, Cristina Lainez, José Antonio Mancho, Anabel Díaz, Goio Ojer, Álvaro Chueca, Nicolás Subirán e Ignacio Rodríguez Ruiz de Alda, miembros de la corriente Zutik Ezkerra-Izquierda en pie de IUN-NEB.

En las últimas décadas los gobiernos del PP y PSOE en España y UPN en Navarra han ido introduciendo paso a paso reformas neoliberales en la legislación tributaria y laboral. Reformas que en el sistema fiscal han llevado a una fuerte infratributación de los beneficios empresariales y de capital y que en materia laboral han ido eliminando derechos y conquistas anteriores de la clase trabajadora.

Solamente en los últimos años con la llegada de gobiernos con programas orientados hacia la izquierda (en 2015 en Navarra y 2019 en España) se ha comenzado a cambiar esta política.