El balance de 2023 de la Renta Garantizada recoge un descenso de las familias que perciben esta renta mínima en Navarra refleja un aumento del número de personas que dejan de cobrarla por haber encontrado un empleo y se mantiene estable, en un 27%, el número de perceptores que la compatibilizan con contratos laborales. Así lo han trasladado este viernes la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, y la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Inés Jimenez, que han presentado el estudio en rueda de prensa.
Maeztu ha destacado que la renta garantizada es una herramienta que hace “más sólido” el sistema de bienestar y que “ayuda a combatir la pobreza y a proteger a las personas y especialmente a la infancia en momentos de vulnerabilidad”. Ha señalado que “además de proporcionar una cobertura económica, trata de ofrecer itinerarios de acompañamiento y herramientas encaminadas a la inclusión social de las personas”.
“Ayudar y evitar que las personas enfrenten situaciones de pobreza no solo es de justicia social. Para una sociedad tener pobreza es también enormemente caro. Tiene un coste económico y social muy alto”, ha destacado Maeztu, para añadir que “tener más gente en la pobreza repercute en los servicios de salud, en salud mental, en justicia, en seguridad ciudadana, en educación...”.
“La inversión que hacemos en estas prestaciones, además, de éticamente incuestionable, es rentable desde el punto de vista económico, y en términos de coste efectividad. Navarra es la segunda comunidad por debajo del País Vasco con menor tasa de pobreza de toda España”, ha explicado.
La consejera ha incidido en que “los datos que presentamos son tozudos” y ha insistido en que “hay dinamismo, las personas no se cronifican en el cobro de la renta, es una prestación de carácter temporal, hay control y seguridad”.
Según ha expuesto, “el sistema, como todo sistema, es mejorable y de hecho estamos tratando de adaptar los ámbitos en los que vemos que hay margen de mejora”. “Pero el sistema funciona, está ayudando a muchas personas, a muchas familias”, ha dicho Maeztu.
En 2023 han sido beneficiarias de Renta Garantizada 16.384 unidades familiares distintas, no obstante, la media mensual de unidades perceptoras en nómina ha sido de 12.618; han disminuido un 4,7% respecto a 2022, lo que sitúa el número medio muy aproximado a los valores de 2018. En concreto, las unidades perceptoras de la Renta Garantizada han descendido en 1.982 familias en los últimos dos años: en 2023 hubo 16.384 unidades perceptoras, mientras que en 2022 fueron 17.259 y en 2021, 18.366. El descenso, supone un 5% respecto a 2022, y un 11% desde 2021.
En 2023 cambió la normativa y, desde entonces, las personas con pensiones no contributivas de jubilación ya no se benefician de deducciones anticipadas, sino que han pasado a percibir el importe de la deducción a través de la renta garantizada. Esto se ha traducido en que han accedido a la prestación 542 unidades perceptoras por lo que, sin el acceso de estas personas, la tendencia a la baja todavía sería más significativa, han indicado.
A través de las 16.384 unidades familiares, la prestación da cobertura a un total de 35.471 personas (el 5,28% de la población navarra), un 6,97% menos de personas que en 2022. El 53,77% de las beneficiarias son mujeres y el 46,23% hombres. En cuanto a los grupos de edad, el descenso afecta más a personas adultas (un 9% menos) que a menores de edad un (2% menos), lo que aumenta el peso o la representatividad de las personas menores de 18 años. Así, el 38,28% de las personas atendidas por esta prestación son menores (es decir, 13.579 menores).
Según la distribución por sexo, se aprecia un mayor porcentaje de mujeres que solicitan la prestación en nombre de la unidad familiar (el 57,8%). En los últimos cinco años, aproximadamente 6 de cada 10 solicitantes de la prestación son mujeres.
Por otra parte, el 81,71% de las unidades familiares tienen entre 1 y 3 miembros, siendo relevante que el 49,38% de todas las unidades familiares son de carácter unipersonal. El 28,5% de las familias cuentan con un solo progenitor, siendo en su gran mayoría monomarentales (4.413, que representan el 46,6% de las unidades familiares cuya solicitante es mujer).
Las personas solicitantes con nacionalidad española siguen siendo mayoritarias (el 53,4% del total de solicitantes), si bien “se aprecia ya una clara tendencia al descenso interanual desde 2016 de la representatividad de este colectivo”. Si en lugar de la nacionalidad se tiene en cuenta el país de nacimiento, las personas autóctonas representan el 37,33%, porcentaje que también disminuye progresivamente desde el año 2014.
Por áreas de Servicios Sociales, en Pamplona se ha concentrado la mayor parte de unidades familiares (el 40,8%). Le sigue la Comarca de Pamplona con el 21,2%; a continuación, la zona de Tudela con el 16%; el área de la de Estella (10,7%); la de Tafalla (6%); y finalizan las dos áreas de la zona norte, la Noroeste con el 3,7% y la Noreste con el 1,6%. Esta distribución se mantiene estable desde el año 2016.
En cuanto a Zonas Básicas y Unidades de Barrio, destacan por encima del 5%, la Unidad de Barrio de la Rochapea (7,6% del total) y la de la Milagrosa-Azpilagaña (5%), el SSB de Tudela (5,7%) y el de Berriozar (5,3%). “Datos que también permanecen estables desde 2016”, según el Ejecutivo.
La media mensual de la prestación en el momento de la concesión ha sido de 647,96 euros/mes por unidad familiar.
A pesar de la disminución de las unidades familiares perceptoras en 2023 se ha destinado un total de 103.942.216,36 euros lo que supone un incremento del 7,15% respecto a 2022. El incremento de gasto se debe principalmente a la actualización de la prestación con 8,8% del IPC tal y como está recogido en Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada.
En 2023 ha aumentado el número de personas que han abandonado el cobro de renta garantizada por encontrar un empleo siendo 1.683 las personas que se han dado de baja de la prestación por haber accedido a un trabajo. En 2021 fueron 1.404 y en 2019, 1.293.
Un total de 5.523 personas en edad laboral (de 4.525 unidades perceptoras distintas) que han percibido la Renta Garantizada han sido contratadas a lo largo de 2023, con un total de 13.771 contratos (es decir una media de 2.49 contratos por persona). Las 5.523 personas que han accedido a contratos laborales representan el 27% de las personas en edad laboral en 2023. Este porcentaje es muy similar al del año 2022, cuando fue 28%, “pero es muy significativo ya que en 2023 ha disminuido un 3% el número de personas perceptoras en edad laboral (20.621, un 58%, frente a las 23.110 personas edad laboral de 2022, un 61%)”. Es decir, ha precisado el Gobierno, se mantienen los niveles de contratación a pesar de que el porcentaje de personas perceptoras en edad laboral ha descendido, ya que hay más menores de 18 años y más mayores de 65 años. En cuanto al origen de las personas contratadas, el 65% de las que han accedido al empleo tienen origen migrante.
El informe también recoge que, de las 20.621 personas beneficiarias de renta en edad laboral en 2023, 9.265 no estaban disponibles para trabajar en el momento de la percepción. Las razones más comunes tienen que ver con las circunstancias personales: situación administrativa irregular, dificultades relacionadas con la salud (problemas de salud mental, discapacidad, consumos) o por falta de red de apoyo para la conciliación familiar, etc.
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