El Gobierno demandará a los responsables de la planta de purines de Ultzama
El Gobierno foral mueve ficha en la partida que juegan los grupos del cuatripartito para investigar la financiación de la planta de purines de Ultzama. La consejera de Interior, María José Beaumont, anuncia que el Ejecutivo emprende acciones legales contra las personas jurídicas responsables de la planta de biometanización, al considerar que se produjo “una doble financiación” durante la construcción de las instalaciones. El Gobierno considera que pudieron cometerse delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación y estafa. Los responsables del proyecto fueron cargos públicos de UPN. Beaumont ha restado importancia al hecho de que Fiscalía haya dado carpetazo a la investigación: “No es una resolución judicial, y por lo tanto, no cierra la puerta a que se puedan emprender acciones legales”, ha señalado la consejera.
El Gobierno quiere aclarar si las sociedades ‘Bioenergía Ultzama’ y ‘Leveger’ actuaron conforme a derecho al recibir subvenciones públicas para la construcción y explotación de la planta de purines. En opinión del Ejecutivo, la doble financiación se produjo porque el Ayuntamiento de Ultzama, gobernado por UPN, recibió subvenciones del departamento de Desarrollo Rural y, por el mismo proyecto, la empresa Bioenergía Ultzama las recibió desde el departamento de Desarrollo Económico.
El vicepresidente Manu Ayerdi ha sido el encargado de explicar la operativa que, a juicio del Gobierno, llevaron a cabo entre las citadas empresas y el Consistorio de Ultzama para lograr esa duplicidad de subvenciones: El coste del proyecto se había cifrado en algo más de tres millones de euros, pero Bioenergía Ultzama habría pagado 1,14 millones de euros más de lo presupuestado. Este sobrecoste se habría abonado al Ayuntamiento, que transfirió dicho dinero a la empresa Levenger, encargada del suministro e instalación de la maquinaria, para pasar el 100% de los gastos de construcción a otros proveedores. Al parecer, para realizar esta operación no se modificó el proyecto de inversión que se presentó para la obtención de las subvenciones públicas.
Ayerdi ha querido dejar claro que las acciones legales que emprende ahora contra los responsables jurídicos de estas entidades no tienen por objeto recuperar el dinero que se pagó en subvenciones. De hecho, el departamento de Desarrollo Rural ya reclamó en marzo la devolución de 216.000 euros y otros 44.000 de intereses sin éxito, y volvió a reclamar casi un millón de euros por incumplimiento de la inversión en diciembre, pero la empresa Biometanización Ultzama se encuentra en situación de concurso de acreedores.
