ANÁLISIS
El Gobierno de Pedro Sánchez cerró este martes un nuevo acuerdo político con EH Bildu en las Cortes Generales, en este caso para la aprobación de los presupuestos de 2023. La coalición que integra a la izquierda abertzale pero también a partidos como Eusko Alkartasuna o Alternatiba (una escisión de IU de la que procede Oskar Matute) no es el único socio del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, ya que también ha habido pactos con PNV o PDeCAT, entre otros. El documento incorpora medidas para toda España, como el mantenimiento del límite del 2% para la subida de los alquileres o la mejora del 15% de las pensiones no contributivas. Plantea la implicación del Estado en el importante hallazgo de Irulegi, a las afueras de Pamplona, una mano de 2.100 años con la primera inscripción en lengua vascónica, es decir, aparentemente en euskera primitivo. Mete dos goles al PNV al lograr la concertación para las cuatro Haciendas forales de los gravámenes a la banca y a las energéticas -los nacionalistas acordaron dos tributos menores: gases fluorados y envases de plástico- y que el Gobierno central financie con 600.000 euros el memorial de Vitoria a las víctimas de una de las mayores masacres de la Transición, el 3 de marzo de 1976. Estaba impulsado por el Ejecutivo vasco con las instituciones locales y la consejera del ramo, Beatriz Artolazabal, no tenía conocimiento alguno de esta operación. Pero, sí, el documento pactado con EH Bildu incluye también el compromiso del Estado de completar la transferencia de las funciones de Tráfico a la Policía Foral de Navarra antes del 31 de marzo de 2023.
No, no lo es. No lo es ni en Navarra ni en la política española. En 2018, la entonces presidenta foral, Uxue Barkos (Geroa Bai, la coalición del PNV con Socialverdes), acordó la puesta en marcha de la transferencia con el entonces recién llegado Pedro Sánchez. En el Congreso, por ejemplo, esa misma transferencia es el punto 3 del acuerdo que posibilitó el apoyo del PNV a la actual investidura de Pedro Sánchez y antes formó parte de las exigencias para la moción de censura contra Mariano Rajoy, de quiera socio el partido de Andoni Ortuzar. La presidenta actual, la socialista María Chivite, viene hablando de la llegada de estas funciones desde el inicio mismo de su mandato en 2019. En 2021, estuvo a punto de materializarse, pero se produjeron discrepancias en la cuantificación económica. La novedad, en todo caso, es la fijación de una fecha. Ahora bien, el Ejecutivo de Navarra resta importancia a este punto concreto del pacto con EH Bildu. Los traspasos, recuerdan, se cierran “de Gobierno a Gobierno”. Y la portavoz del Ejecutivo foral, Elma Saiz, ha recordado que la presidenta María Chivite ya había anunciado que el traspaso se firmaría “antes de que finalice la legislatura”, esto es, antes de mayo. Pero ya hace años que se habla de esta materia. Miguel Sanz, presidente por UPN, volvió satisfecho de una reunión con José María Aznar en 2000 por sus compromisos en el “desarrollo estatutario de Navarra”. Contaba 'ABC' que, entre otros puntos, el presidente del PP le prometió “también” que Navarra recibiría “las competencias de Tráfico y Seguridad Vial”.
La LORAFNA, el equivalente en Navarra al Estatuto del resto de comunidades autónomas, prevé la existencia de una Policía Foral con continuidad de las funciones que ya desarrollaba antes de esta normativa y que pueda ampliar sus facultades conforme a las disposiciones estatutarias. Una de ellas es ésta: “En todo lo relativo al tráfico y circulación Navarra conservará íntegramente las facultades y competencias que actualmente ostenta”. Euskadi y Catalunya también tienen cuerpos propios, Ertzaintza y Mossos d'Esquadra, y ambos asumieron también competencias en materia de Tráfico. En el caso vasco, hace ya 40 años, por ejemplo. La LORAFNA es una ley orgánica estatal que concitó solamente 9 votos en contra en el Congreso y 6 en el Senado en 1982 (mayoritariamente del PNV y no de la derecha). En Navarra, UCD, UPN y PSOE la apoyaron, con el PNV en contra.
No. De hecho, ahora mismo la Policía Foral y la Guardia Civil comparten atribuciones, como lo hace el cuerpo autonómico y la Policía Nacional en materia de orden público. Se puede conocer más sobre este modelo mixto en este reportaje sobre la seguridad en Sanfermines. La Policía Foral nació como tal en 1928 con el nombre de Cuerpo de Policía de Carretera. Fue creada por la Diputación de Navarra -el equivalente al actual Gobierno foral- con el objetivo de “vigilar la circulación y controlar los impuestos provinciales, patentes de circulación y matrículas de vehículos por las carreteras”. El 18 de julio de 1936, dos de los cuatro territorios forales no solamente fueron muy 'leales' al golpe de Estado de Francisco Franco sino que fueron decisivos en su desarrollo, Álava y Navarra. Ambos mantuvieron durante la dictadura sus prerrogativas forales, a diferencia de Bizkaia y Gipuzkoa. También sus propios cuerpos de Policía. Álava también mantiene hoy el cuerpo de Miñones, con funciones de Tráfico y más antiguo que la propia Guardia Civil. En Navarra, el control del tráfico siguió correspondiendo a la Policía de Carreteras foral hasta que en 1941 el régimen creó la Policía Armada y de Tráfico, con la que empezó a compartir la vigilancia de los vehículos matriculados. Unos años más tarde, en 1959, a través de una ley, el Ministerio de la Gobernación traspasó la competencia sancionadora a los gobernadores civiles y en 1960 llegaron a Navarra de los primeros cuarenta guardias civiles motorizados de Tráfico.
No. La Constitución reserva para las Fuerzas de Seguridad del Estado competencias exclusivas en toda España, lo que garantiza su despliegue en todo el territorio. Como la existencia de la Ertzaintza o de los Mossos d'Esquadra no ha impedido que la Guardia Civil y la Policía Nacional continúen trabajando en esas comunidades, así será en Navarra. En concreto, son indelegables las materias de control de fronteras, migración, costas y aduanas -y Navarra linda con Francia por el norte y tiene un aeropuerto-, la expedición de DNI y pasaportes, el control de explosivos, la vigilancia de edificios estatales o la protección de autoridades y, particularmente, lo que técnicamente se denomina como criminalidad suprautonómica, es decir, delitos o actuaciones que afecten a varias comunidades autónomas. Aquí se engloba el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, la ciberdelincuencia y muchas otras actuaciones comisionadas por los jueces, como delitos verdes o traslados de presos. En Navarra, la Guardia Civil tenía el 12 de octubre 1.581 efectivos, 94 más que cuando arrancó el mandato de Pedro Sánchez.
No necesariamente. El contingente de la Guardia Civil, como de cualquier organismo estatal, es competencia del Gobierno central, que puede ordenar sus recursos como estime en ejercicio de su autonomía. En todo caso, existe una pasarela para que aquellos agentes que deseen ser transferidos a la Policía Foral puedan solicitarlo. Este mecanismo fue introducido en la Ley de Policías de Navarra hace ahora cuatro años. Entonces gobernaba Geroa Bai y la titular de Interior era una consejera de EH Bildu, María José Beaumont. La pasarela fue una propuesta del entonces portavoz de UPN en la materia, Sergio Sayas, ahora diputado en el Congreso pero ya no en representación de este partido tras la controversia por la reforma laboral. Sayas -el mismo que ahora defiende con su compañero Carlos García Adanero que el Gobierno ha pactado casi con ETA “echar” a este cuerpo- defendió votar la ley de una consejera propuesta por la coalición abertzale para facilitar alternativas a los agentes tras una transferencia que no criticaba. “Hemos conseguido sacar tanto en la negociación que la vamos a votar a favor”, alegó entonces Sayas. Y añadió sobre el texto de Beaumont: “Es una ley que perfectamente podía haber hecho UPN”.
No de momento. La Guardia Civil sí o sí seguirá operando en las carreteras de Navarra una vez que se firme el acuerdo, previsiblemente el 31 de marzo, puesto que la Policía Foral no dispone todavía de los agentes suficientes necesarios para ejercer la competencia de manera efectiva en estos momentos. En total, tenía alrededor de 1.089 efectivos a finales del año pasado para todos sus cometidos, también orden público o seguridad ciudadana. Y le harían falta unos 120. Por ello, en el acuerdo se fijará un calendario para que el relevo sea efectivo en el plazo de “unos cinco años”, una vez el cuerpo foral se haya reforzado y los guardiaciviles que hayan querido cambiar el color de su uniforme estén ya traspasados. “Los agentes de la Guardia Civil que no pasen a Tráfico de la Policía Foral o bien serán reubicados dentro de otros servicios de la propia Guardia Civil de la comunidad foral o bien irán a otros lugares, siempre de manera voluntaria”, ha señalado sobre este particular el actual titular navarro de Interior, Javier Remírez. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), en cambio, es muy crítica: “Los guardiaciviles ni tan siquiera saben si tendrán opciones a la pasarela para ingresar en la Policía Foral o si, debido al perjuicio ocasionado, se les asignarán preferentes para ocupar nuevos destinos. Se trata de una humillación, un despropósito del que siempre resultan perjudicados los componentes del cuerpo. La desconsideración y la falta de sensibilidad del Ejecutivo han provocado la incertidumbre sobre todos los compañeros allí destinados y sus familias”.
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