La nueva Ley de Transparencia del Gobierno de Barkos solo 'seduce' a tres personas
A pesar de lo bien que suena el concepto de “participación ciudadana en el proceso de elaboración de leyes” que emita el Gobierno foral, lo cierto es que a muy pocos ciudadanos les ha resultado sugerente participar en la modificación de la Ley de Transparencia de Navarra. Concretamente, sólo tres ciudadanos han hecho aportaciones para esta ley durante el tiempo que ha estado abierta a la participación (del 26 de febrero al 8 de marzo).
Del total de sus aportaciones, una ha sido incorporada al texto legal que el Gobierno llevará al Parlamento para su tramitación. Gracias a la aportación de este ciudadano, se reforzará la mayoría necesaria para elegir al presidente del nuevo organismo 'ad hoc' que se creará para velar por el cumplimiento de la ley.
El escaso interés que ha despertado la modificación de la Ley de Transparencia en su proceso de participación ciudadana no es, sin embargo, la tónica general. El portal de Gobierno Abierto desde el que los navarros pueden aportar sus sugerencias a distintas iniciativas del Ejecutivo registra mayor actividad cuando se trata de elaborar planes que afectan de forma más directa a los navarros. La Ley de Transparencia, en cambio, parece quedar más lejos de sus intereses.
Por qué se modifica
Aunque la citada ley se aprobó en Navarra en 2012, el Estado estrenó su propia ley un año después. Al tratarse de normativa básica, la Comunidad foral debe adaptar ahora su norma a la estatal. Y, de paso, según ha señalado la propia consejera de Interior, María José Beaumont, corregir alguna “laguna legal” que se ha detectado “con ocasión del cambio de legislatura”.
Lo que ocurrió fue que, tres meses más tarde de la toma de posesión del Gobierno de Barkos, la página web de Gobierno Abierto todavía ofrecía la información sobre el patrimonio de los componentes del anterior Gobierno de UPN. Preguntada por los periodistas sobre esta cuestión, la portavoz del Ejecutivo de Barkos, Ana Ollo, hablaba de “problemas de actualización de la web” y negaba cualquier “intencionalidad política”. Así que la nueva ley de Transparencia de su Gobierno limita a dos años el periodo en el que permanecerán publicados los datos sobre retribuciones, actividades, bienes y cesantías de los altos cargos tras su cese.
Pero al Gobierno de Barkos no le ha hecho falta tener aprobada esta modificación legal para retirar de su portal de Gobierno Abierto los datos patrimoniales de los altos cargos de UPN. De hecho, y antes de que se convirtiera en un nuevo asunto de guerra mediática, los responsables del portal actualizaron la página y ahora sólo figuran en ella los actuales altos cargos del cuatripartito.
Organismo de nueva creación
Cubierta la “laguna legal”, la nueva normativa sobre Transparencia del Gobierno de Barkos se adapta a la normativa básica del Estado creando un organismo nuevo en la estructura de la Administración foral: el Consejo de Transparencia de Navarra. Una entidad oficial homóloga a la que recoge la ley estatal, que ofrece a las Comunidades Autónomas la posibilidad de establecer convenios con el consejo estatal o crear el suyo propio, de ámbito autonómico. El Gobierno foral se acoge a esta segunda fórmula por encontrarla “más garantista”.
Así que, a partir de que el Parlamento apruebe la ley, se creará en Navarra un nuevo organismo “independiente y de control en materia de transparencia” cuyas funciones básicas serán la de velar por el cumplimiento de las obligaciones que el Gobierno tiene de hacer pública determinada información y la de garantizar el derecho del ciudadano para acceder a dicha información.
