Navarra aprueba una ley pionera en España para reconocer a las víctimas de abusos en la Iglesia

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una ley, que es pionera en España, por la que se reconocerá como tales a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, aunque se trate de casos ya prescritos. Los tres grupos que sustentan el Gobierno de María Chivite: PSN, Geroa Bai y Podemos, han presentado una proposición de ley que también ha contado con los apoyos de EH Bildu e Izquierda-Ezkerra (IU), y a la que tan solo se ha opuesto el principal grupo de la oposición, Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos), que reclamaba que la ley incluyera el reconocimiento a todas las víctimas de pederastia y no solo a las del clero.

De esta forma, por primera vez en España se reconocerá “el daño causado” a muchas víctimas que hasta entonces no habían sido reconocidas ante la imposibilidad de acudir a la justicia por tratarse en la práctica totalidad de los casos de delitos prescritos y en muchos de ellos con el agresor ya fallecido.

También rechaza la ley la propia Iglesia católica, que ya ha mostrado su rechazo a participar en la comisión que se encargará de evaluar de forma individualizada cada petición de reconocimiento. En declaraciones a este periódico, un portavoz del Arzobispado de Pamplona mostró sus “dudas” a participar en una comisión “que solo reconoce a una parte de las víctimas de abusos sexuales”.

El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha lamentado que esta ley “vulnera el principio de igualdad” por amparar “solo a una parte de las víctimas”. “Una ley no puede reconocer como víctima en función de los votos religiosos de los victimarios igual que creo que una ley de víctimas del terrorismo debe reconocer a todas las víctimas de todas las bandas terroristas”, ha apuntado el parlamentario de la coalición de derechas. Hace unas semanas, el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, aseguró que “los abusos los cometen las personas y no las instituciones”.

El resto de grupos ha celebrado que con esta ley da “respuesta a una petición de derechos humanos, de búsqueda de la verdad y de la justicia” de unas víctimas que han estado “silenciadas durante años”.

Solicitudes de reconocimiento

La ley establece la creación de una comisión “independiente” formada por nueve expertos que en el plazo de seis años se encargarán de valorar y analizar las solicitudes de las personas que hayan manifestado haber recibido abusos por parte de religiosos y quieran recibir la condición de víctima. Entre los miembros de la comisión estarán personas con experiencia en materia de víctimas expertas del ámbito histórico-jurídico y psicológico y otras designadas por la asociación de víctimas de abusos sexuales de la Iglesia en Navarra. Además, el Gobierno foral plantea que se incluya también a dos representantes de la Iglesia católica, a quien ya se le ha trasladado la propuesta. La comisión, que se reunirá una vez al mes, adoptará sus acuerdos por mayoría de votos, decidiendo en caso de empate la presidencia con su voto de calidad. 

Para solicitar el reconocimiento, las personas que hayan sufrido abusos sexuales en la Iglesia deberán acudir a la Oficina de Atención a Víctimas del Delito de la Dirección General de Justicia, que a partir de ahora será la encargada de canalizar todas las solicitudes. Allí, además se les ofrecerá apoyo psicológico y asesoramiento jurídico y administrativo. Se puede contactar con este recurso a través del teléfono 848 42 33 76, el correo ofidel@navarra.es o de forma presencial en el Palacio de Justicia de Pamplona.

El escrito presentado por el interesado deberá contener una descripción “detallada” de los hechos y podrá ir acompañada de “cuantos documentos o informes se consideren oportunos”. Una vez trasladada a la comisión, esta podrá escuchar a la persona solicitante “al objeto de complementar la información sobre los documentos y pruebas”, requerir a otras administraciones, entidades u órganos datos o informes “que puedan resultar necesarios para la tramitación de los expedientes” o solicitar informe o testimonio a personas “que por su conocimiento directo de los hechos o por su experiencia en la materia” pudieran aportar información relevante sobre la solicitud.

Además de analizar las solicitudes, la comisión deberá elaborar anualmente una memoria en la que se recogerán las peticiones recibidas, los resultados de los trabajos realizados, la situación de los expedientes y las propuestas de resolución emitidas, que al mismo tiempo se incorporarán a una memoria final que se realizará al terminar el mandato de la comisión (seis años).