La presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo foral “actuará” y “articulará el mecanismo necesario” para que la Policía Foral asuma en exclusiva las competencias de Tráfico, que ahora comparte con la Guardia Civil, después de que el Tribunal Supremo haya anulado su traspaso tras haber estimado un recurso de la asociación JUCIL.
En una comparecencia pública, Chivite ha mostrado su “sorpresa” por la resolución del Alto Tribunal, que según ha apuntado conoció “por la prensa”. Según ha añadido, se trata de una sentencia contra la que “no cabe recurso”, por lo que su Ejecutivo se va a centrar en seguir las recomendaciones del Supremo, es decir, la reforma de a LORAFNA, el equivalente en Navarra al Estatuto del resto de comunidades autónomas o una Ley Orgánica que fije el traspaso. Ambas vías, eso sí, retrasarán el calendario que se había fijado y que fechaba en 2027 el año en el que la Guardia Civil dejaría de operar en las carreteras de la comunidad foral.
La jefa del Ejecutivo navarro ha remarcado que seguirá defendiendo “el régimen foral y el autogobierno de Navarra” para hacer efectiva una transferencia, que ha recordado, “ha sido una reivindicación histórica de todos los presidentes” de la comunidad foral y que ya en el año 2000 fue acordada por José María Aznar y el que fuera presidente de Navarra y líder de UPN, Miguel Sanz.
En la sentencia, los jueces sostienen que la LORAFNA no incluye un título competencial que se identifique con las funciones que desempeña la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra por lo que, según señalan, un Real Decreto no puede utilizarse para atribuir una competencia. Esto se podrá hacer, añade el Supremo, pero o bien reformando la Ley Foral o con una Ley Orgánica.
Según la presidenta, “tanto el informe de la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra como el informe de las letradas del Parlamento de Navarra concluyeron que la vía del Real Decreto era la correcta para dar soporte jurídico al mecanismo de traspaso”. “Para llegar a esa conclusión, tanto la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra como las letradas del Parlamento de Navarra se basaron en la jurisprudencia anterior del Supremo, en concreto en las sentencias 219-2018 de 13 de febrero y 378-2018 del 7 de marzo”, ha explicado. Según ha apostillado, dichas sentencias recogieron literalmente que “la disposición adicional primera de la Constitución ampara, respeta y reconoce los derechos históricos de los territorios forales” y “esa disposición es título suficiente para efectuar un traspaso”.
La presidenta del Gobierno de Navarra ha defendido que “en base a esta jurisprudencia, ambos informes jurídicos decidieron cuál era la manera de hacerlo”. “El fallo del Supremo, en este caso, no casa con la jurisprudencia anterior del propio Tribunal Supremo, por lo que parece que ahora el Tribunal Supremo ha variado su postura”, ha indicado.
El principal partido de la oposición, Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha reclamado a Chivite que “ejerza todas las actuaciones posibles dentro de la ley para defender las competencias de la Comunidad foral en esta materia” y ha reiterado que la competencia de Tráfico debe llegar a Navarra “conforme a la legalidad y ser prestada de manera conjunta entre la Policía Foral y la Guardia Civil”, de manera que los agentes del instituto armado “no desaparezcan de las carreteras de Navarra como pretenden los partidos nacionalistas e independentistas”.
Desde EH Bildu, su portavoz Laura Aznal ha considerado la sentencia un “ataque jurídico grave” y ha asegurado que se trata de una muy mala noticia para Navarra “porque va en contra de la voluntad de la sociedad navarra. Quienes estamos a favor de la foralidad y soberanía de Navarra somos mayoría”, ha dicho.
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