Los gobiernos navarro y vasco estudiarán en una reunión para la que todavía no han fijado una fecha una posible sanción a Ekondakin, la empresa gestora de las instalaciones públicas del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) en Zubieta, conocidas como CMG-I y que incluyen una incineradora, por el envió irregular de lixiviados a la planta de Ecofert Sansoain en la localidad navarra de Artajona, tal y como le solicitó a sus homólogos del Gobierno vasco el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo navarro, José María Aiedi. Así lo ha confirmado este miércoles Imanol Pradales en una comparecencia en Pamplona tras su primera reunión como lehendakari con la presidenta de Navarra, María Chivite.
Las instalaciones de Artajona no tenían autorización para recibir ese tipo de sustancias, según insiste Medio Ambiente de Navarra, que ya ha ejecutado la clausura de esas instalaciones, pero sin embargo recibió esas y otras 13.799 toneladas de una empresa domiciliada en Vitoria pero con su actividad residenciada en Tudela, Oleofat.
Según ha precisado el lehendakari, “hay una voluntad de mantener una reunión entre los equipos de ambos gobiernos” para analizar el envío de las toneladas de residuos líquidos de Zubieta a Artajona. Una cuestión, que ha reconocido, es “técnicamente vidriosa” y “compleja”.
Y es que el presidente de GHK es el diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, número dos de la Diputación y secretario general del PSE-EE provincial y compañero de partido de María Chivite. Asensio ha negado en todo momento que se hayan producido irregularidades en la gestión de los lixiviados pero, en paralelo, está abierta en un juzgado de Donostia una investigación penal en la que se analiza no solamente el envío a Artajona, sino también si Ekondakin caracterizó como lodos los residuos líquidos para camuflar su envío a Ecofert Sansoain.
El Gobierno de Navarra ya ha clausurado las instalaciones de Ecofert Sansoain en Artajona, pero considera que lo sucedido merece una multa económica. Según han explicado, una comunidad autónoma no puede actuar contra empresas residenciadas en otra, y por ello han pedido al Gobierno vasco que sancione a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Ahora, según ha indicado el lehendakari, serán las dos administraciones las que aborden el asunto en una futura reunión.
En paralelo, el Gobierno navarro ya ha anunciado sanciones que superan los 100.000 euros a Ecofert Sansoain así como a la empresa Oleofat, la otra que envió residuos de manera irregular a Artajona, por haber generado un residuo llamado “concentrado de evaporador”, técnicamente catalogado con el código europeo común (LER) 190809 pero que fue enviado a la planta de Ecofert Sansoian de Artajona en camiones cisterna con el código 190814, el equivalente de “lodos” de tratamientos de aguas residuales.
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