El aumento en un 30% de las listas de espera entre los años 2018 y 2022 ha supuesto un gasto extraordinario al Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea de 6,2 millones de euros en derivaciones de pacientes a la Clínica Universidad de Navarra, propiedad del Opus Dei. El gasto corresponde a consultas con especialista, pruebas diagnósticas e incluso cirugías que se han tenido que derivar a la Sanidad privada ante la saturación de la red pública.
La cifra se recoge en un informe elaborado por la Cámara de Comptos, el tribunal de cuentas navarro, en el que se detalla que desde el Gobierno foral se han invertido hasta 21 millones de euros en los últimos cinco años en diferentes medidas, entre las que se encuentran las derivaciones, para tratar de atajar este problema, que continúa en aumento. En agosto ascendieron hasta los 65.931 pacientes que esperan para recibir una primera consulta con especialista y hasta los 8.960 en el caso de las personas que esperan recibir una intervención quirúrgica.
La comunidad foral sigue superando el tiempo máximo de espera permitido, fijado por una ley foral de 2008 en un máximo de 30 días. En agosto el tiempo de espera medio para ser atendido por primera vez por su especialista se situó en los 79 días, superando por mucho el doble del tiempo máximo legal. En el caso de la espera para someterse a una operación quirúrgica, este se situó en agosto en los 100 días, que si bien supone un incremento con respecto al tiempo de espera de meses anteriores, sigue siendo inferior al máximo que fija la ley fija la ley de garantías, 120 días. Sólo en 2022, más de 35.000 pacientes presentaron una reclamación por el incumplimiento de los plazos máximos fijados por ley.
Ante el incumplimiento de la ley de garantías de espera en Sanidad, el Servicio Navarro de Salud lleva años mandando pacientes a la red privada, en concreto a la Clínica Universidad de Navarra (CUN), con la que el Gobierno foral tiene un convenio firmado y que durante la pandemia también sirvió para atender a pacientes con COVID-19 ante la saturación de la red pública (con un coste superior a los 8 millones de euros). En cinco años se ha gastado 6,2 millones de euros en estas derivaciones. De ellos, 4,4 millones corresponden a 2.730 intervenciones quirúrgicas; 1,4 millones a 12.000 pruebas diagnósticas; y 650.000 euros a 3.700 consultas con especialista.
Hace unas semanas, el consejero de Salud, Fernando Domínguez, anunció en una comparecencia en comisión parlamentaria que como plan de choque contra el aumento de las listas de espera se seguirían derivando pacientes a la privada.
El informe de Comptos indica a su vez que, además de en derivaciones a la privada, el Ejecutivo navarro invirtió 8,5 millones de euros en 700 nuevos contratos de personal de refuerzo y 6,6 millones en jornadas extraordinarias retribuidas a través del complemento de productividad.
Comptos, por último, atribuye el aumento de las listas de espera al envejecimiento de la población (entre 2010 y 2022 la población mayor de 64 años aumentó en un 7%) y a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, que llevaron al sistema sanitario a una situación cercana al colapso y que prácticamente paralizó durante varios meses la actividad ordinaria, tanto en consultas como en intervenciones.
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