El Gobierno de Navarra ha reconocido este jueves a las doce primeras víctimas de la violencia policial y de grupos de extrema derecha en la comunidad foral. Son víctimas que fallecieron, resultaron heridas o fueron torturadas por actos de motivación política causados por funcionarios públicos o la extrema derecha.
Entre ellos se encuentra Mikel Zabalza, el joven navarro que en 1985 murió a causa de las torturas que sufrió por parte de la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo (Gipuzkoa). Un informe elaborado por el Gobierno vasco detalla que Zabalza no tenía ninguna vinculación con ETA, pero que a pesar de ello la Guardia Civil lo detuvo en noviembre de 1985 en aplicación de una reciente Ley Antiterrorista que le confería poderes especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. Fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo, donde sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes” que le causaron la muerte. Su cadáver apareció ya en diciembre en aguas del río Bidasoa, en la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa. La versión oficial sigue siendo que murió ahogado en el río Bisadoa tras haberse escapado del reconocimiento de un supuesto zulo de ETA.
“Es un paso de gran importancia, un avance que no hubiéramos imaginado años atrás”, ha señalado Idoia Zabalza, hermana de Mikel, quien ha reclamado que su reconocimiento tenga “continuidad” con una investigación de los hechos. “Sabemos que una práctica generalizada que ha dejado miles de víctimas”, ha lamentado.
Junto a la hermana de Zabalza, otras víctimas reconocidas han pedido la reforma de la ley de secretos oficiales para “conocer la verdad” y culminar así el proceso de reparación por el daño causado.
El reconocimiento de Zabalza y el de otras once personas llega después de que una comisión de expertos haya analizado de manera individualizada las solicitudes que han recibido merced a la ley foral de reconocimiento de víctimas por actos de motivación política causados por la extrema derecha o funcionarios públicos en Navarra.
De las doce víctimas reconocidas, dos son personas fallecidas como consecuencia de la violencia ejercida en distintas circunstancias (una de ellas es Mikel Zabalza); tres son personas heridas por arma de fuego de distinta consideración en el entorno de los hechos acaecidos durante las fiestas de San Fermín de 1978 y otra víctima más que sufrió daños graves por exceso o mal uso de material antidisturbios en una carga policial de un contexto temporal posterior. A estas víctimas se suman otras cuatro personas que padecieron violencia física y psicológica durante su detención y otras dos personas que resultaron heridas en sendos atentados reivindicados por grupos de extrema derecha.
La ley navarrra por la que han sido reconocidas como víctimas les da derecho a percibir indemnizaciones. En concreto fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica.
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