El pleno del Parlamento foral ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai y Podemos, la abstención de EH Bildu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma, la modificación de la Ley Foral 11/2000 de Sanidad Animal de Navarra. La Ley impulsada por PSN, Geroa Bai y Podemos tiene por objeto adecuar la norma a los dictados del Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, en virtud del cual se establecen las normas básicas de ordenación de granjas bovinas, también en lo relativo a la capacidad productiva máxima, que queda establecida en 850 UGM (unidad de ganado mayor).
No obstante, las explotaciones que antes de la entrada en vigor del Real Decreto superasen el citado límite, podrán mantener su volumen productivo (fijado en su licencia medioambiental), pero en ningún caso ampliarlo. Tampoco tendrán opción a modificar las instalaciones o introducir cambios de orientación productiva que supongan incremento el tamaño máximo, según informa Europa Press.
De conformidad con el nuevo marco regulatorio y en sintonía con los retos derivados de la PAC, el Pacto Verde Europeo y los parámetros de biodiversidad, se disponen las condiciones medioambientales, higiénico-sanitarias, de bienestar animal y ordenación zootécnica que la actividad ganadera debe respetar. Así, se hace depender la determinación de la capacidad productiva máxima de las explotaciones de la densidad ganadera de la zona. De este modo, se pretende “mitigar el riesgo de difusión de enfermedades y la repercusión de las mismas, facilitando para ello el control y la erradicación de los focos que pudieran detectarse”.
Bajo esos principios, se establecen unas capacidades productivas máximas para las explotaciones ganaderas que oscilan entre las 600.000 plazas para codornices; 360.000 plazas para explotaciones de gallinas de puesta, reproductoras y su recría; 300.000 plazas para broilers y aves en general; 50.000 plazas para aves con salida a parques; 1250 para equino y explotaciones con varias especies (UGM); 864 para factorías de porcino (UGM); y 600 para conejos (UGM). Dichos topes serán de aplicación tanto a las explotaciones nuevas como a las ampliaciones de las existentes, de modo que, “en ningún caso”, se podrán realizar modificaciones de instalaciones o cambios de orientación productiva que supongan aumento de la capacidad máxima.
Paralelamente, se supedita la determinación de las distancias entre explotaciones ganaderas a las circunstancias geográficas, las características de las especies, el riesgo epidemiológico, así como la capacidad productiva máxima y el tipo de aprovechamiento (intensivo o extensivo). Por otra parte, se contempla limitar la cuantía máxima de indemnización por establecimiento ganadero. En concreto, el sacrificio declarado obligatorio por la autoridad se compensará, como máximo, por el número de plazas, UGM o animales establecidos en el anexo 1 de la proposición.
En cuanto a la resolución de expedientes de autorización de explotaciones de ganado bovino, se prevé que los presentados con anterioridad al 6 de abril de 2022 se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, mientras que los formalizados con posterioridad a esa fecha se conducirán por la presente Ley Foral, en ambos casos “siempre que no haya recaído resolución firme en vía administrativa”. Dicha previsión alcanza a las nuevas explotaciones, modificaciones y/o ampliaciones de instalaciones existentes o cambios de orientación zootécnica. Con ello se pretende dejar claro que “todos los trámites o proyectos (no solo las nuevas explotaciones) deben contar con la verificación de las instalaciones y la consiguiente autorización final emitida por el Servicio de Ganadería”. No obstante, se exceptúan aquellos que hubieran completado antes del 6 de abril de 2022 todos y cada uno de los trámites necesarios para iniciar la construcción de las instalaciones implicadas en el proceso de producción, que se resolverán conforme a la normativa en vigor en el momento en el que concluyeron las diligencias.
Por otra parte y en lo que atañe a las infracciones, se precisa que “exceder durante un tiempo superior a tres meses la capacidad productiva máxima establecida” será objeto de sanción leve (2,5%-4,99%), grave (5%-9,9%) o muy grave (más del 10%), según sea la oscilación del desorden. En todos los supuestos, los porcentajes se aplicarán sobre lo consignado en la autorización ambiental que posea la explotación ganadera.
El portavoz de Navarra Suma, Miguel Bujanda, ha considerado que esta iniciativa busca crear “un titular: limitar las macrogranjas” cuando en realidad “se están cargando la ganadería familiar”. Ha criticado el “desconocimiento” del sector por parte de los proponentes y ha afirmado que “la ganadería intensiva es familiar”. Así, ha asegurado que para que una explotación sea “viable” necesita 500 UGM y ha apuntado que “el 53% del porcino está entre 1 y 200 UGM, todas intensivas, entre 201 y 350 UGM está el 21% y el 6% se pueden considerar macrogranjas”. Ha advertido, además, de que la ley “al 70% de la ganadería de esta tierra no les permiten crecer”.
El socialista Javier Lecumberri ha afirmado que la iniciativa “habla de mucha más cosas” que la regulación de las “macrogranjas”. “Estamos hablando del control de la propagación de epidemias y enfermedades entre la propia ganadería que pueden tener repercusiones en los seres humanos y la salud pública”, ha indicado. En su opinión, los modelos de ganadería extensiva e intensiva son “necesarios y complementarios”. Y ha apostado por una ganadería intensiva “bien regulada, cumpliendo todas las medidas” y que sirve, ha resaltado “para tener una proteína accesible para muchas familias”.
Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha defendido un modelo de ganadería “más sostenible, familiar, que es la inmensa mayoría de las explotaciones ganaderas de Navarra”. Esta iniciativa, ha señalado, da “rango de ley a la voluntad política que se manifestó en 2019 por el Gobierno” y que fue “tumbada por los tribunales”.
Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha asegurado que “el fondo del debate no es cargarse la ganadería familiar” y ha criticado que los datos aportados por Bujanda (NA+) “se refieren sólo al porcino”. “El debate que hay detrás, se quiera o no, son la macrogranjas y en especial la de Caparroso”, ha resaltado Araiz, que ha indicado que “no sé si nuestro mal hacer legislativo ha permitido una ventana muy curiosa a Valle de Odieta” para presentar una petición de ampliación. “Afortunadamente parece que no van a tener oportunidad”, ha señalado.
Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha destacado que esta ley es “la salvaguarda a ese modelo de ganadería intensiva y la proliferación de macrogranjas”. Así, ha remarcado que se trata de “situarse en un modelo de ganadería y otro, de ponerse al lado del bienestar animal, proteger nuestros entorno rural y la sostenibilidad de nuestro territorio”. Y ha advertido de que “la contaminación del agua por nitratos y purines es el problema más tajante de la ganadería industrial”.
Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra ha destacado que “si hubiéramos tenido” esta norma con anterioridad, la explotación de Caparroso “no habría sido posible”. Ha puesto en valor la ley, que da “más valor y poder al modelo de ganadería extensiva” pero ha considerado que se debería haber incluido la “máxima restricción” en cuanto a la limitación de las unidades de ganado.
Somos diferentes. elDiario.es es el único medio escrito generalista en España con edición propia en Navarra. Hazte socio y apoya el periodismo cercano y a nuestra redacción en la Plaza del Castillo. Más información en el teléfono 848 451 633.