Navarra reforma la ley de vivienda para destinar al alquiler social los pisos expropiados a grandes tenedores

Los socios de Gobierno del Ejecutivo foral, PSN, Geroa Bai y Podemos, han presentado este lunes una proposición de ley que pretende modificar la actual Ley Foral 10/2010 del Derecho a la Vivienda, ya retocada más veces. Según ha defendido el consejero del ramo, José María Aierdi (Geroa Bai), esta modificación busca “ahondar” en la respuesta dada por la administración a este derecho subjetivo, con novedades como la posibilidad de destinar al alquiler social los inmuebles expropiados por la administración a grandes tenedores, además de reducir de dos a un año el tiempo para considerar un inmueble como vacío. Asimismo, el texto contempla establecer un Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA) para fijar un precio de referencia y la creación de un Registro de Contratos de Arrendamiento para intervenir en el mercado de las zonas más tensionadas.

Con esta proposición de ley de “calado, avanzada y de marcado perfil progresista”, como ha defendido el titular del ramo, el Gobierno foral pretende refundir en un solo texto todas las modificaciones introducidas hasta el momento en la norma. Entre ellas, se incluye la reforma del 2018 con la que se reconoció por primera vez el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo en la comunidad foral. Cabe recordar que, desde entonces, más de 6.200 personas se han beneficiado de esta reconocimiento a través de los programas Emanzipa y David, destinados a jóvenes y familias vulnerables. Actualmente, el parque de vivienda protegida para el alquiler en Navarra está conformado por cerca de 10.000 inmuebles, el doble que antes de la entrada en vigor la nueva ley en 2019. De ellos, 4.000 forman parte del mercado libre y cuentan con alquiler protegido; otro millar pertenece al parque público; más de 800 pertenecen a particulares que las han cedido a la bolsa de alquiler y el resto responden a los beneficiarios de los programas mencionados.

Ahora, el Departamento dirigido por Aierdi busca ir más allá en el intento de incrementar la promoción de vivienda protegida y la oferta de alquiler a precios asequibles. Introduce así como novedad un mecanismo para expropiar el uso de pisos deshabitados a grandes tenedores -en la comunidad foral, los que poseen más de 19 inmuebles frente a los 10 para el Gobierno central- y personas jurídicas, principalmente entidades bancarias, para destinarlo a la Bolsa Pública de Alquiler. Hasta el momento, la actual ley vigente ha contemplado la sola posibilidad de expropiar el dominio del inmueble, sin precisar la obligación de dirigir estos pisos al alquiler con un precio fijado por la administración. Además, otro cambio introducido es la reducción de dos a un año el tiempo en que una vivienda permanece desocupada para considerar su expropiación forzosa. Según estima el Departamento de Vivienda, actualmente existen cerca de 640 inmuebles vacíos pertenecientes a grandes tenedores en la comunidad foral.

Por otra parte, otro de los hitos que marca el texto es la calificación indefinida de la vivienda protegida. Tal y como ha precisado Aierdi, en los últimos 30 años, de las 58.000 viviendas protegidas construidas en Navarra un total de 29.000 han pasado al mercado libre tras finalizar el período de calificación. Al convertir en indefinido este periodo de protección, se busca evitar la especulación y el negocio con estos inmuebles. Asimismo, la proposición de ley introduce dos herramientas nuevas con las que se pretende intervenir en las zonas más tensionadas. Se trata de la creación de un Registro de Contratos de Arrendamiento y del Índice de Sostenibilidad de los Alquileres (ISA) con las que se persigue “establecer marco regulatorio”.

En lo que respecta al ISA, este fijará una referencia en el precio máximo de alquiler de un inmueble según su ubicación y características, pero la norma no incluye incentivos concretos para no superar esta referencia. De hecho, deja esta cuestión abierta al indicar el texto que “se acordarán con los grupos parlamentarios los términos del derecho subjetivo a la vivienda y el futuro proyecto sobre las medidas fiscales para contener los precios de alquiler vía incentivos y penalización”. Además, se precisa que el valor mínimo será 3.600 euros anuales, mientras que el máximo “será 1,5 veces el importe de la cuantía anual de Renta Garantizada para una unidad familiar de un solo miembro”. Tal y como recoge el acuerdo, con estos mecanismos se trata de “disponer de un diagnóstico real sobre los precios de arrendamiento y de instrumentos útiles para poder definir zonas especialmente tensionadas en el mercado del alquiler y adoptar posibles medidas para su regulación”.

Entre otras cuestiones, la nueva ley busca favorecer un aumento de la promoción de vivienda protegida a través de reservas en nuevos desarrollos residenciales para garantizar que la vivienda protegida se promueve de manera paralela a la libre. Según ha precisado Aierdi, también contempla que la promoción de vivienda de alquiler protegido pueda desarrollarse en suelo destinado a vivienda libre. En esta línea, y con el fin de fomentar la cohesión social, uno de los cambios implica que podrán coexistir en un mismo desarrollo residencial, promoción o incluso un mismo bloque viviendas protegidas y libres.

Según ha explicado el responsable de este departamento, la proposición inicia ahora su trámite parlamentario y ha sido dada a conocer a los grupos parlamentarios EH Bildu e Izquierda-Ezkerra, cuyos apoyos serán necesarios para sacar la modificación adelante. Así, Aierdi ha dicho esperar un “trámite rápido y ágil” para que una de “las principales iniciativas legislativas de esta legislatura” pueda estar aprobada “en el menor tiempo posible”.

Posible colisión con la Ley Estatal de Vivienda

El consejero Aierdi ha defendido que esta modificación está “absoluta sintonía” con la Ley Estatal de Vivienda que llega este miércoles al Consejo de Ministros, pese al rechazo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sobre una posible “colisión” entre ambas legislaciones, el titular del ramo ha confiado en la “disposición” por parte de ambas administraciones para solventar un posible choque de competencias. “Entendemos que hay elementos de colisión en algunas cuestiones, pero la música que plantea la ley estatal en cuanto al desarrollo de la determinación de las zonas tensionadas desde el punto de vista del alquiler, o la limitación del precio del alquiler son medidas que las formaciones políticas que integran este Gobierno entienden que tienen que llevarse adelante. Hay disposición por las dos partes para que esas colisiones que pueda haber se resuelvan”, ha manifestado.

Representantes de los tres grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno han presentado junto al titular de Vivienda el texto acordado. Por su parte, la parlamentaria del Partido Socialista de Navarra (PSN) Arantza Biurrun ha defendido la modificación de la norma como “una oportunidad para trabajar problemas endémicos del mercado inmobiliario” que han dificultado el acceso a alquileres asequibles a los jóvenes “que no pueden independizarse” o a familias vulnerables. También la parlamentaria de Geroa Bai Ana Ansa se ha felicitado por que este texto suponga “la concreción de unas líneas ya marcadas en la anterior legislatura”, al tiempo que da un paso más “para enmarcar la vivienda como derecho y no como negocio”. Por último, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha valorado los avances para “llegar a la penalización de alquileres abusivos”, al preparar “las herramientas para poder adoptar la filosofía que plantea la ley estatal sobre cómo practicar la contención de alquileres”. No obstante, ha avanzado una serie de enmiendas al texto al discrepar en las excepciones que permiten eliminar la calificación protegida de los inmuebles, una cuestión que no ha sido introducida por los socios de Gobierno.