Aparentemente, nada ha cambiado. El Monumento a los Caídos de Pamplona continúa presidiendo el nacimiento de una de las principales avenidas del centro de la ciudad, con su cúpula grisácea visible desde muchos puntos del ensanche, imagen fiel de la “Pamplona de toda la vida”. El conjunto monumental fue un encargo a los arquitectos Yárnoz y Eúsa como “homenaje de Navarra a los muertos en la Cruzada”, en referencia a la Guerra Civil, y se inauguró en la década de los 50, así que son varias las generaciones de pamploneses que han crecido disfrutando del jardín, las fuentes y el parque que rodean el monumento. Aparentemente, nada ha cambiado. Pero los pamploneses que paseen hoy por la zona peatonal del monumento saben que ya no es igual, que ya no es lo mismo porque la cripta subterránea bajo el monumento ya no acoge los restos de los militares franquistas Mola y Sanjurjo. Y, además, los pamploneses podrían decidir en un proceso participativo cuál será el futuro del monumento, que pasará de ser un homenaje de la dictadura franquista a destinarse a lo que elijan los ciudadanos.
Navarra se desprende de los vestigios franquistas que aún quedaban en su patrimonio público. Sin prisa pero sin pausa, los navarros han visto desaparecer nombres de calles que recordaban a militares golpistas, símbolos de exaltación del régimen de Franco en esculturas y edificios oficiales, o títulos y distinciones concedidas a la Comunidad foral por el dictador.
Uno de los hitos más significativos en esta dinámica de borrar los símbolos franquitas ha sido la desaparición de la “Cruz Laureada de San Fernando”, otorgada por el general Franco a Navarra en 1937, y que se superponía al escudo de la Comunidad foral en una de las fachadas del Palacio de Navarra. La cruz, conocida popularmente como “la berza” formaba parte indisoluble del conjunto escultural. Así que el Gobierno foral retiró la pieza completa y dejó al descubierto la arquitectura original del edificio, con una pequeña ventana circular en la que se había encajado el escudo con “la berza”.
UPN se apresuró entonces a registrar en el Parlamento una iniciativa con la que exigían al Gobierno que preside Uxue Barkos a reponer el escudo oficial de Navarra en el edificio. El Gobierno ha elegido hacerlo en forma de vidriera. Representará el escudo oficial de Navarra, formado por cadenas de oro sobre fondo rojo, con una esmeralda en el centro de unión de sus ocho brazos de eslabones y, sobre ellas, la Corona Real, símbolo del Antiguo Reino de Navarra, un escudo que “representa a todos los navarros”, recordó la consejera de Relaciones Institucionales, Ana Ollo. El trabajo ha sido encargado a un artesano del vidrio de Olite, y su colocación está prevista para el próximo mes de enero. Así que el tímpano de la fachada principal del Palacio de Navarra volverá a lucir el escudo oficial de la Comunidad foral, pero esta vez sin laureles que rindan homenaje a los golpistas del 36.
Cambios de fondo
Los cambios, aunque simbólicos, son de fondo. Ha sido necesario esperar hasta la salida de UPN de las principales instituciones navarras para que se pusiera en marcha el proceso de reparación de las víctimas del franquismo, aunque la ley de Memoria Histórica se aprobó estando los regionalistas en el poder. Los represaliados del franquismo, no obstante, nunca han sido prioridad para los regionalistas. O no había dinero suficiente para financiar las iniciativas de localización de fosas, identificación de restos y reparación de los fallecidos, o no era prioritario modificar el patrimonio público que incluía símbolos de exaltación del dictador o, simplemente, el criterio político dominante establecía que no era tiempo de “reabrir viejas heridas” o de “revanchismos”, como señaló en varias ocasiones siendo presidente foral el exdirigente de UPN Miguel Sanz.
Pero los 'gobiernos del cambio' en el Palacio foral y en el Ayuntamiento de Pamplona han demostrado una sensibilidad muy distinta de la de UPN con respecto a la memoria histórica. De hecho, el cumplimiento de la ley en los aspectos relativos a la supresión de símbolos franquistas y a la reparación de la dignidad de las víctimas es uno de los muchos acuerdos que firmaron las cuatro formaciones políticas (Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Unida) en su acuerdo programático. El año y medio transcurrido desde la firma demuestra que no se trataba de papel mojado.
El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, de Bildu, ha sido el firme promotor de la clausura del cementerio franquista bajo los cimientos del Monumento a los Caídos. En septiembre y por sorpresa, anunció que el Ayuntamiento había puesto en marcha ya el proceso para la exhumación de los ocho cuerpos que reposaban en la cripta del monumento. La noticia revolvió viejos fantasmas del pasado. Aparecieron en Pamplona pintadas contra el alcalde: “Asirón, deja en paz a los muertos” o “Atrévete con los vivos”. Una exconcejal del PP, Paz Prieto, se presentó un día sin previo aviso en el despacho del primer edil exigiendo el expediente administrativo de la operación y hablando, sin acreditarlo, en nombre de la familia del general Sanjurjo, reclamando la paralización del proceso. UPN y PP votaron en contra de la iniciativa del alcalde en un pleno municipal. Incluso el Arzobispado de Pamplona, con derecho vitalicio de uso de la cripta del monumento, presentó alegaciones contra la clausura del cementerio franquista.
El alcalde no levantó la voz ni entró a polemizar públicamente con ningún opositor. El equipo municipal que lideró Asirón se encargó de negociar discretamente con los familiares de los enterrados en la cripta, con el Arzobispado y con los departamentos del Gobierno de quienes dependían los permisos pertinentes para poder clausurar legalmente el cementerio. Las negociaciones tuvieron un resultado desigual. La familia de Sanjurjo llevó el asunto a los tribunales para reclamar que los restos del general siguieran enterrados en la cripta. De momento, sin embargo, el juzgado de lo Contencioso Administrativo falló que las precauciones tomadas por el Ayuntamiento para las exhumaciones eran suficientes. La familia del general Mola, por su parte, llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento y procedió a la exhumación de los restos del militar en medio de una discreción absoluta. El Arzobispado, por su parte, renunció a defender sus alegaciones a cambio de que el Ayuntamiento se aviniese a desenterrar los restos de los fallecidos de acuerdo con las condiciones de intimidad y discreción que establecieran los familiares.
Así que, desde el pasado miércoles, el Monumento a los Caídos de Pamplona ya no es un cementerio. La cripta ya no alberga los restos de los generales franquistas Mola y Sanjurjo, y tampoco los de los otros seis combatientes del bando nacional que habían sido enterrados allí en los años 60. Y ahora toca decidir el futuro del monumento. Hay quien aboga por su demolición. También hay quien defiende, como hizo el alcalde, que son los propios ciudadanos quienes pueden elegir qué destino le espera al conjunto monumental en cuya planta baja se habilitó hace tiempo una sala de exposiciones. Lo que está claro es que, tras el cambio de nombre de la plaza que lo rodea de “Plaza Conde Rodezno” a “Plaza de la libertad”, y con la clausura del cementerio franquista, el Monumento a los Caídos ha dejado de ser un “homenaje de Navarra a los muertos en la Cruzada”.