El Parlamento de Navarra modificará la ley que obligó a dimitir al exconsejero del PNV Manuel Ayerdi

El Parlamento de Navarra va a modificar el artículo 68 de la ley del Gobierno de Navarra y de su presidenta o presidente, que el pasado mes de enero obligó al exconsejero del PNV Manuel Ayerdi a presentar su dimisión al frente de la cartera de Desarrollo Económico y Empresarial tras ser declarado como investigado por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos. Todos los partidos representados en la Cámara foral, a excepción de Navarra Suma (donde se integra UPN, partido que se querelló contra Ayerdi), han firmado una iniciativa para modificar la ley que ya ha sido presentada en el Parlamento para que un cargo público electo no tenga que dejar su cargo por el hecho de estar siendo investigado.

Se da la circunstancia de que fue Geroa Bai (coalición formada por PNV y Geroa Socialverdes en la que está Manuel Ayerdi) quien en la anterior legislatura, cuando estaba al frente del Ejecutivo foral con Uxue Barkos, impulsó la modificación de ese artículo, que contó con el apoyo unánime de todos los grupos, para que en el momento en el que un “juzgado o tribunal competente” declarase como investigado de un presunto delito de corrupción a cualquier cargo público electo, este debería dimitir. Esa modificación se efectuó en 2018, “en un contexto en el que había una alarma social grande por los casos de corrupción del PP como Púnica y la ciudadanía demandaba la aprobación de leyes que ejemplarizasen la ética y la política” y tres años después de que Uxue Barkos llegara a la presidencia de Navarra de la mano del “Gobierno del cambio” tras la legislatura de Yolanda Barcina (UPN), que estuvo marcada por el caso de las dietas de Caja Navarra, por el que llegaron a estar imputados el expresidente Miguel Sanz, el exconsejero de Hacienda Álvaro Miranda y el actual alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

Sin embargo, la primera y por ahora única 'víctima' de ese artículo ha sido un miembro del propio gobierno de Uxue Barkos y que repitió en el cargo en el nuevo ejecutivo de la socialista María Chivite. En diciembre del 2020 el Supremo abrió causa penal para investigar las ayudas por valor de 2,7 millones de euros que Manuel Ayerdi, como vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, así como consejero de Desarrollo Económico y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (SODENA), concedió durante los años 2015 a 2017 presuntamente de forma irregular a la empresa 'Davalor Salud', que se encontraba en situación de insolvencia. Un mes después, en enero del 2021, cuando el Supremo confirmo su condición de investigado, Ayerdi presentó su dimisión.

Todos los partidos representados en el Parlamento, salvo Navarra Suma, e incluso el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, consideraron entonces que ese artículo era “muy interpretativo” y que había forzado la salida de un consejero al que ni siquiera se le había citado a juicio. Por ello, Geroa Bai, PSN, Eh Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra (IU) proponen ahora volver a cambiar el artículo 68 para que la dimisión o cese de un cargo público se produzca cuando a un “alto cargo o cargo de libre de designación se le notifique la apertura juicio oral o la adopción de la medida de prisión provisional”.

La iniciativa, que ya ha sido presentada en el Parlamento, será debatida en las próximas semanas y con total seguridad será aprobada por tener ya el apoyo de 30 de los 50 parlamentarios, los correspondientes a los grupos firmantes de la propuesta.

Navarra Suma considera “indecente” que se quiera modificar

Presumiblemente solo votarán en contra los representantes de Navarra Suma, que en un comunicado ha tildado de “indecente” la propuesta de querer modificar el artículo 68 de la ley del Gobierno de Navarra y de su presidenta o presidente por estar “en estos momentos en curso el procedimiento judicial contra Manu Ayerdi”.

Para la coalición de derechas “es una indecencia poner y quitar leyes al servicio de un caso particular. Las leyes y las iniciativas del Gobierno han de estar siempre al servicio del interés general y no para satisfacer un concreto beneficio particular”. “Esto último es lo que persiguen quienes quieren modificar precisamente ahora esta ley”, apuntan.