No ha sido más que una toma de declaración inicial al artista navarro Abel Azcona, investigado por un posible delito contra los sentimientos religiosos por haber formado la palabra “pederastia” con hostias consagradas como parte de una exposición artística, pero su declaración ante el juez Fermín Otamendi ha revelado el interés de la Iglesia en Navarra por perseguir este asunto. De hecho, Azcona ha conocido que el Arzobispado de Pamplona se ha personado como acusación particular en la querella que presentó contra él la asociación ultra católica Abogados Cristianos. Al término de su declaración, Azcona ha señalado que el proceso judicial no tiene, a su entender, más recorrido y ha pedido el archivo de la causa.
Tras expresar su “estupefacción” por la presencia en la causa del Arzobispado, el abogado de Azcona, Jorge Morales, ha solicitado al juez la inadmisión de los representantes de la Iglesia como acusación particular. “Primero, por una cuestión formal, porque se ha personado de forma incorrecta, a nuestro juicio. Pero es que ni siguiera ha expresado, en cuanto al contenido, cuál es la razón de su personación como acusación particular”, ha explicado Morales.
Según sus declaraciones, el letrado del Arzobispado mantiene que puede ser acusación en cuanto que “representa todos los sentimientos religiosos” de quienes se sintieron ofendidos por la exposición de Azcona. Sin embargo, el abogado del artista entiende que, de existir el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos, “sería un tipo de delito individual”.
Según ha indicado el propio morales, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 “ha decidido mantener la situación de personación” del Arzobispado.
El Arzobispado no ha sido la única institución pública que ha mostrado interés por la declaración de Azcona ante el juez. “Para apoyar la libertad de expresión de todos los creadores y creadoras”, estaba también presente en los minutos previos a la declaración de Azcona la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, quien ha aclarado que acudía a título personal, pero también como cargo electo del Consistorio. La edil de Bildu es, en última instancia, la responsable de haber cedido la sala municipal en la que se expuso la obra de Azcona. Aunque numerosas voces reclamaron el cierre de la muestra, la edil decidió mantener la sala abierta hasta el final del periodo de exposición.
Gran ofensa
La querella de Abogados Cristianos no afecta, por el momento, al Ayuntamiento. Pero su abogado, Pepe Núñez, no ha descartado que esto pueda suceder tras haber solicitado ante el juez la “ampliación de la querella para pedir más instrucciones y más pruebas”. Núñez ha opinado que el artista querellado ha actuado frente al juez, “normalmente”. “Los abogados en ejercicio tenemos mucha práctica con el tema del delincuente. Y todos actúan igual: en principio lo niegan todo porque es su función”. En su opinión, la exposición de Azcona constituye “una gran ofensa”.
Por su parte, Abel Azcona ha agradecido las numerosas muestras de apoyo recibidas desde que se conoce que tendría que declarar ante el juez. De hecho, una decena de personas le esperaba a la puerta del juzgado con carteles en los que se reclamaba “libertad de expresión”. El propio Azcona ha hecho una encendida defensa de la libertad de expresión al término de su declaración ante el juez: “Estoy en mi derecho. Defenderé siempre la libertad de expresión y seguiré haciendo mi trabajo exactamente como lo he venido haciendo hasta ahora”. Al ser preguntado sobre si entiende que haya personas que se han podido sentir ofendidas por su exposición, Azcona ha señalado que él hace un tipo de arte “siempre crítico, social y político”. También ha dejado claro que “en ningún momento ha habido una búsqueda de ofensa gratuita y directa”, sino que su intención con esta muestra fue la de “criticar la lacra que es la pederastia”.
En la media hora que ha durado la declaración de Azcona ante el juez, el artista solo ha respondido a las preguntas del titular del juzgado y de su abogado. No ha estado presente el Ministerio Fiscal. El letrado de Azcona ha explicado que el juez les ha dado un plazo de cinco días para que expongan sus criterios ante el procedimiento de instrucción que se ha iniciado. “Vamos a solicitar el archivo de la causa porque, en el siglo XXI, mantener este procedimiento abierto por una cosa tan subjetiva como los sentimientos religiosos es algo que no se corresponde bien con esta época”, ha adelantado.