Reabrir el debate sobre el Consejo de Diálogo Social es uno de los objetivos pretendidos por Geroa Bai. La creación de este foro de negociación se cerró en falso al final de la legislatura, con los apoyos de UPN y PSN y la defensa de la Confederación de Empresarios, UGT y CCOO. El resto de la oposición, así como ELA y LAB, fueron muy críticos con el funcionamiento de este órgano, que dejaba fuera a los dos sindicatos abertzales y que plantea una financiación directa para CEN, UGT y CCOO por estar en él. El Consejo, en cualquier caso, es solo el símbolo de un sistema que unas partes defienden como el necesario para la negociación laboral y el funcionamiento de diversos organismos, y otras partes, que no forman parte de él, insisten en que es una muestra del “régimen”. Y de ahí que nadie augure una solución fácil.
¿Cuál era la propuesta inicial de Geroa Bai? El primer borrador facilitado por la coalición al resto de las llamadas fuerzas del cambio (EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) incluye actuaciones en diversas polémicas que han marcado la pasada legislatura. Como la reforma fiscal, la recuperación de la Renta Básica, el cumplimiento de la Ley foral de Memoria Histórica o el desarrollo de la recientemente aprobada Ley del Vascuence. Entre esas medidas, se incluye la revisión del mencionado Consejo de Diálogo Social y, en concreto, la posibilidad de que ELA y LAB se incorporen al mismo.
El consejo es algo más que una escenificación de esta división en dos partes, surgida en gran medida desde que en 1995 se firmó el acuerdo intersectorial sobre relaciones laborales (tras el que se creó el Servicio Navarro de Empleo), unas negociaciones entre la patronal, UGT, CCOO, ELA y LAB de las que las dos últimas centrales acabaron desvinculándose. Quienes lo firmaron hablan de “autoexclusión” de ELA y LAB, y quienes no denuncian que siempre han querido participar en determinados foros (el tribunal laboral, por ejemplo) pero no en todos, y cuestionan para qué sirve un sistema que, en su opinión, reduce la movilización sindical y, por tanto, beneficia al Gobierno Foral.
El Consejo de Diálogo Social ha sido la última entrega en unas tensiones que distan mucho de relajarse. El acuerdo por ahora cerrado, cuyo paso final se realizó casi al final de la pasada legislatura (el pleno del Parlamento dio luz verde el 11 de marzo), incluye una financiación de 900.000 euros para la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), UGT y CCOO por la participación en este consejo, un órgano del que también forma parte el Gobierno Foral y en el que, por ejemplo y entre otras medidas, se desarrollan acciones del Plan de Empleo. Este paso se dio con los votos a favor de UPN y PSN, mientras que otros partidos de la oposición criticaron abiertamente el acuerdo (y presentaron enmiendas durante la tramitación de la ley del consejo; ninguna de ellas fue aprobada), por considerar que beneficiaba a los sindicatos mayoritarios con una financiación nominativa.
ELA y LAB se movilizaron para criticar estos pagos. ELA, por ejemplo, consideró que era “un despropósito” y “un despilfarro” económico que rescataba a las tres entidades participantes (aseguraron que recibirían esos 900.000 euros “solo por sentarse”), por lo que no criticó que fuera excluido del acuerdo, sino para qué servía el mismo. LAB, por su parte, consideró el Consejo como un “intercambio de favores” entre UGT, CCOO y el Ejecutivo.
Por el contrario, CCOO, en aquel momento, defendió que se había impulsado un marco de decisión (el Consejo) en que los representantes de los trabajadores y trabajadoras podrían participar, por lo que lo consideró “una conquista”, y lamentó el tono “despectivo” de las críticas. Ahora, este es el debate pendiente que se pretende retomar, y al menos así se ha recogido en el borrador presentado por Geroa Bai a los otros tres partidos del cambio. Hay quien ve precipitado pronunciarse sobre unas negociaciones aún en marcha y quien pone en evidencia (por ejemplo, ELA) que hay pasos que ahora no apuntan en la buena dirección.
La propuesta inicial
En concreto, en ese documento se apuesta por revisar el consejo, suprimir esa partida de 900.000 euros y plantear un régimen de dietas o estudiar un posible aumento de la financiación de sindicatos y patronal “en función de su representatividad”. Cabe recordar que UGT y CCOO son considerados los sindicatos mayoritarios porque cumplen los requisitos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. No obstante, fuentes de UGT matizan que están abiertos a que ELA y LAB se sumen a este foro, pero siempre que estén dispuestos a cambiar su estrategia. Es decir, a apostar por el diálogo como modelo sindical. Por su parte, el presidente de la CEN, José Antonio Sarría, ya ha asegurado que su organización está “abierta a hablar con todo el mundo” y que incorporar a “sindicatos como LAB no es una novedad”.
El coordinador de ELA en Navarra, Mitxel Lakuntza, insiste en que, pese a estar dispuestos a participar en determinados organismos (y no en todos), el sindicato “no renunciará a la calle”, independientemente de quién gobierne. Sobre las propuestas hasta ahora barajadas por las cuatro fuerzas del cambio, Lakuntza cree que será clave ver el resultado final del acuerdo programático, y si se apuesta, más allá de la financiación del Consejo de Diálogo Social, por “modificar las estructuras del régimen”, en cuestiones como la gestión de la formación continua, la vivienda y otros ámbitos que, en su opinión, deberían depender directamente del servicio público.
Los sindicatos coinciden, por tanto, en la expectación que han generado en este sentido las conversaciones hasta ahora mantenidas por el que puede ser el próximo Gobierno Foral; otra cuestión es que eso puede solventar un problema con diferencias muy marcadas.